Una vez que la anterior administración municipal alcanzó el objetivo, como fue atrapar la precandidatura al gobierno del estado, el alcalde Leonardo Montañez utiliza la misma artimaña, ya que no se compromete a que continuará Veolia, tampoco define si vendrá otra empresa o de plano el Ayuntamiento reasume el control del servicio de agua potable.

De esta manera le asegura la flexibilización necesaria para llegado el día no se le recrimine por haber adoptado una de esas líneas, al mismo tiempo podrá mantener el tema por el tiempo que considere necesario sin que alguien le reclame que hay tardanza.

De forma inicial afirmó que la empresa francesa no está descartada y tampoco que todo siga igual o se modifique el título de concesión – para lo cual deberá tener el aval del Congreso del Estado -, lo que se hace, sostuvo, “es analizar diversos modelos de operación, ya que la cuenca hídrica no es de carácter municipal, sino estatal e incluso regional”.

Aseguró que su proyecto no se reduce a quién prestará el servicio, por lo que “debe abordarse sin egoísmos, pues el reto es la sustentabilidad del recurso agua para todo el estado, motivo por el cual se requiere una coordinación con los once municipios”.

Con lo anterior deja en el aire adoptar una solución propia, abriendo el abanico para que medio mundo opine lo que convenga de acuerdo a sus particulares intereses, no obstante que los estudios serios que se han llevado a cabo establecen que entre los problemas torales está el escaso reuso del vital elemento, la sobreexplotación de los mantos freáticos, y un servicio superior hacia el sector agropecuario que se contrapone con el imparable crecimiento de la mancha urbana en cada uno de los municipios.

Para no equivocarse, Montañez consideró que en los próximos meses se precisará “si el modelo a implementar será estatal, mixto o municipal a través de un organismo público descentralizado”, por lo que consideró que la decisión “deberá ser muy seria y se tomará con base en el diagnóstico que realice un grupo de expertos y de la misma ciudadanía, junto con universidades del estado”.

En defensa de Veolia, Leonardo Montañez reflexionó que aún cuando hay inconformidad social por el servicio que aporta, “debe tomarse en cuenta que el título de concesión se hizo hace 30 años, y en aquel entonces las condiciones eran distintas”, aunque cabe recordarle que el cobro mensual que la transnacional hace no es  una cantidad menor y que además se actualiza cada año.

Debe quedar claro, apuntó, que el modelo a que se acoja el Ayuntamiento será el que establezca las nuevas bases y las características que deberán cumplir quienes participen, no obstante como se señala en párrafos anteriores, tendrá que llevar la autorización del parlamento estatal.

EN PROYECTO

Plausible que la representación estatal de la FSTSE promueva la construcción de otro hospital del ISSSTE, teniéndose en cuenta que el actual fue construido sobre la clínica, por lo que hay áreas que no son apropiadas para la demanda de casi 80,000 afiliados y sus dependientes.

Aunque lo deseable es que la atención sea la adecuada en el momento que se solicita, las actuales circunstancias requieren de unas instalaciones modernas y que sólo se logrará si se planea desde la adquisición del terreno y la inversión correspondiente. Es digno de reconocerse el esfuerzo que a través de los años se ha hecho para tener las actuales instalaciones, que tuvieron su mayor empuje en la época que fueron delegados estatales Manuel González Díaz de León y Juan Fernando Palomino Topete, al aprovechar inclusive parte del estacionamiento para ampliar la clínica que se ubica en avenida Universidad.

El dirigente local de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Normando López Meixueiro, destacó que se hacen gestiones ante la dirección general del ISSSTE para que destine la partida presupuestal que se requiere para el nuevo hospital.

Dijo que en las actuales condiciones el nosocomio está saturado en casi todas las áreas, por lo que los derechohabientes exigen que se construya uno que sea más funcional, además que la pandemia hizo aflorar las carencias que registra el policlínico del ISSSTE, principalmente para las personas mayores que en ocasiones reciben una atención que no corresponde a su enfermedad y en particular cuando se satura, además hay jubilados que requieren de consulta cada tres meses, misma que llega a suspenderse cuando el médico tratante pide vacaciones o está bajo permiso y no se tiene la adecuada suplencia, lo que obliga a esperar otros tres meses .para recibir la atención , con lo que esto significa para su salud.

La petición del nuevo hospital se presentó ante las oficinas centrales a través del líder nacional Joel Ayala Almeida, por lo que se espera que continúe presionando hasta lograr que se destine la partida respectiva, que lógicamente no será una cantidad menor pero tampoco algo que no esté al alcance del Instituto.

En las actuales circunstancias hay derechohabientes que reciben la atención médica con retraso, que es otro de los planteamientos sindicales para que a la mayor brevedad se corrija ya que está de por medio la salud.

López Meixueiro puntualizó que la representación de la FSTSE solicita a la dirección general del ISSSTE que destine mayor presupuesto “para que haya más doctores, principalmente en el área de urgencias, que es el área que consideramos más necesario” y sobre todo que se programen los recursos correspondientes para la creación del nuevo hospital.

Lo que la organización sindical debe hacer en lo sucesivo es no quitar el dedo del renglón y que Ayala Almeida haga lo propio ante las oficinas centrales, lo que ojalá tenga efectos durante 2022 y se logre este anhelo que no sólo es de los afiliados sino del mismo personal del Instituido, ya que tendría mayores facilidades para el desempeño de su labor.

NO SE CANCELÓ

Contrario a lo que se ha propalado en Palacio Nacional y que encontró eco en diversos grupos morenistas y sus acólitos, la deliberación de revocación de mandato presidencial no ha sido abolida, sino que el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió el aplazamiento hasta tener los elementos económicos necesarios que le permita su realización. El vocal ejecutivo estatal, Ignacio Ruelas Olvera, señaló que la consulta pública sigue vigente, por lo que los ciudadanos que deseen participar deben prepararse para acudir a las casillas que habrá para tal efecto. Para que sea legal, el número de firmas que avale la consulta deberá ser el 3% del padrón electoral nacional y una vez que se tenga podrá lanzarse la convocatoria que permita conocer si los mexicanos están de acuerdo con el procedimiento que ha impulsado el presidente de la República. Lo que se ha vivido las últimas semanas es un forcejeo entre los que afirman que el INE pretende anular la consulta y los consejeros del Instituto, que reiteran las razones que los ha llevado a considerar la prórroga, ante todo porque con los recursos que se tienen no permitiría hacer un ejercicio como corresponde a una consulta de estas características, en las que deben estar instaladas el total de las casillas en los 300 distritos electorales que hay en el país, tal como si fuera una elección federal. Al mismo tiempo se hace la revisión de firmas de quienes están de acuerdo con la consulta, para determinar su autenticidad, lo que ha sido motivo de desencuentros ya que hay quienes presentaron listados incompletos o de información errónea, lo que ha sido desechado y esto ha dado pábulo para que se inconformen, llegándose al extremo de solicitar el desafuero de algunos consejeros del INE, lo que difícilmente sucederá pero que genera ruido.

¡Participa con tu opinión!