Por: Octavio Díaz García de León

La reciente renuncia del procurador general de la República, el despido del fiscal especial en materia de Delitos Electorales y la falta del fiscal anticorrupción han debilitado a la PGR, de tal forma que están provocando una crisis institucional en el peor momento posible: en vísperas de elecciones, ante el inminente cambio de la Administración Federal y ante casos muy sonados de corrupción. En esta coyuntura se vuelve indispensable tener instituciones fuertes que permitan asegurar un cambio de gobierno sin sobresaltos, por lo que esperamos se resuelva pronto dicha problemática.

En el fondo de esta crisis en la PGR está el tema de la independencia de los funcionarios que ocupen los puestos antes mencionados. Los miembros del Congreso, quienes son responsables de nombrar a estos funcionarios, no se han puesto de acuerdo sobre las personas idóneas para cubrir los cargos en la PGR y también han afectado al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual sigue sin tener a todos sus integrantes, algunos de ellos claves, como el antes mencionado fiscal anticorrupción, los 18 magistrados anticorrupción y los titulares de órganos internos de control en organismos autónomos, entre otros. Además, se aproxima el cambio del auditor superior de la Federación, pieza clave en el SNA y es posible que también se pudiera entrampar el nombramiento de su sucesor.

Desafortunadamente, el nombramiento de estos funcionarios depende de la aprobación del Congreso y está sujeto a negociaciones cupulares entre partidos políticos y con la Presidencia de la República. Si lo que se busca es que los nombrados tengan autonomía para ejercer sus funciones, difícilmente se logrará encontrar a las personas idóneas si dependen de una negociación política y no de sus propios méritos.

Y aquí está el problema. Los funcionarios que ocupen estos puestos no deben dar gusto a quienes los nombran, sino a la población que van a servir. Si los criterios de selección no son aquellos que permitan escoger a las personas con el mejor perfil para desempeñar su trabajo, se corre el riesgo de que quienes lleguen a esos puestos carezcan de las capacidades necesarias y por tanto, basen sus decisiones de trabajo en cuidar los apoyos políticos que los llevaron al cargo.

Desgraciadamente, en la etapa en que nos encontramos de la evolución democrática de nuestro país, aún estamos lejos de tener funcionarios modelo. Aún no tenemos una democracia lo suficientemente madura que permita tener gobiernos más profesionales, y aunque existe un servicio profesional de carrera, éste no ha funcionado como debiera.

Con los avances hacia la democracia, hubo la ilusión de que habría algo más cercano al modelo teórico de gobierno que nos hemos dado y donde se podría contar con una verdadera independencia de los tres poderes, en donde los representantes populares estuvieran verdaderamente al servicio de sus representados y se tuvieran las demás bondades de un sistema democrático maduro. Pero aún no llegamos a esa etapa.

¿Cómo hacer para que los funcionarios respondan al interés público, procuren el bien común y estén verdaderamente al servicio de la población y no de unos cuántos? Se ha intentado con la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera que tiene casi 15 años; se han creado cada vez más organismos constitucionalmente autónomos, buscando hacerlos más profesionales y desligarlos de los altibajos políticos.

No hay soluciones fáciles para lograr que los funcionarios respondan a la población y no a sus padrinos políticos. Se podrían establecer métodos de selección rigurosamente meritocráticos, como por ejemplo los que se llevan a cabo para seleccionar comisionados en el Instituto Federal de Telecomunicaciones o en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). En estos procesos se debería privilegiar la experiencia, los conocimientos, habilidades directivas y sobre todo la honestidad con que se han conducido en su vida profesional, y evitar en lo posible que tengan conflictos de interés de cualquier tipo.

Un aspecto que ayuda a lograr la imparcialidad y garantizar la independencia es la transparencia y la rendición de cuentas, en donde las decisiones se toman a la vista de todos. Otro buen ejemplo de esta transparencia son las sesiones de los comisionados de la Cofece que, si bien aún no se hacen públicas en tiempo real, por lo menos se pueden escuchar los audios de las mismas. Estos mecanismos se deberían aplicar a otras instituciones en donde se toman decisiones que afectan la vida del país.

Para que los gobiernos de nuestro país mejoren en su eficacia y eficiencia y disminuya la corrupción, los funcionarios deben de dejar de pensar en cómo favorecer sus intereses personales o los de sus familiares, amigos o los partidos a los que pertenecen. Para su nombramiento se deben encontrar criterios de selección imparciales que pongan a las mejores personas y se les debe exigir que actúen apegados a la Ley y en pro de la comunidad. Todo ello urge ponerlo en práctica en los puestos clave de la PGR y el Sistema Nacional Anticorrupción. También se debe revisar el funcionamiento de los servicios profesionales de carrera e implementarlos donde haga falta. Sólo con funcionarios que pongan por delante los intereses de la sociedad, mejorarán los resultados del gobierno y disminuirá la corrupción.

 

Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

 

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