El abogado fiscalista José Antonio Guerra Caparrós señaló que aquellas empresas no esenciales que hayan sido sancionadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por haber estado operando en este tiempo de contingencia sanitaria cuentan con medios de defensa, pero es importante que ya regresen los tribunales para que puedan atender los asuntos.

Indicó que hay una diversidad de asuntos pendientes entre particulares y con las autoridades administrativas y fiscales, y ya es tiempo que los tribunales acepten continuar los procesos de manera normal para que no sigan los estados de indefensión que han vivido muchas personas.

En entrevista con El Heraldo, el especialista mencionó que varias órdenes de suspensión de actividad se generaron a lo largo de esta contingencia sanitaria, así como visitas realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y cada caso debe atenderse de acuerdo a su giro o actividad, en donde se aplicaron medidas rigurosas sin poder ser defendidas jurídicamente con celeridad.

Apuntó que otro aspecto que independientemente del concepto que se utilizó en el acuerdo del Consejo de Salubridad General es el de emergencia sanitaria, y en los hechos es una contingencia sanitaria y esa situación trasciende al aspecto laboral y de seguridad social para que se pudiera hacer aplicable la indemnización que debe hacer efectiva el patrón, que equivale a un día de salario mínimo por trabajador.

A su vez, comentó que en las facilidades fiscales generadas por el IMSS como dejar de pagar hasta el 80% de la cuota patronal en una sola exhibición y diferir el pago hasta 48 meses, al final se les aplicó una tasa de interés mensual que oscila de 15.2 y 21.8%.

“Aparte estuvieron aplicando multas por parte del IMSS respecto de las cuotas patronales diferidas, aunque queda a discreción de ese instituto si la reduce o las condona. Entonces no hubo mucho apoyo por parte del Instituto de Seguridad Social”, finalizó.