Como el horno no está para bollos, el líder estudiantil de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Alejandro Aizpuru Guevara, prefirió guardar ballestas y lancetas en espera de encontrar comprensión para que no les aumenten la mensualidad.

La respuesta del rector Mario Andrade no tardó, al reafirmar que “se hace necesario” el “ajuste” a la colegiatura, con lo que prácticamente da por hecho que a partir de enero se incrementará 4 %, de acuerdo al nivel inflacionario que se espera para 2015.

Aunque el anuncio del alza se encuentra en los tiempos correspondientes, las condiciones excepcionales que se viven actualmente no son las propicias, sobre todo por la agitación nacional que se registra tras la desaparición de 43 normalistas guerrerenses y el asesinato de tres de sus compañeros, pero a nivel local se cree que no puede haber “contaminación”, por lo tanto, los asuntos internos se resolverán a través del diálogo.

No obstante, está vigente la exigencia que hacen cerca de 300 alumnos de Historia, Filosofía, Sociología y Ciencias Ambientales, quienes se oponen a que cancelen estas carreras, como es el propósito de la universidad: “Estamos preocupados por la idea de cerrar nuestras carreras, e intentamos tener un diálogo con el decano del Centro de Ciencias Básicas”, informó Alejandra Luna, alumna de sociología. Dejó en claro que respaldan a la Federación de Estudiantes en su desaprobación al aumento a las cuotas, “pero somos independientes” (en la lucha que llevan a cabo).

El hecho de que Aizpuru fuera cauto en sus declaraciones fija la intención de evitar la ruptura con Rectoría. El jueves, la Federación de Estudiantes de la UAA (FEUAA) presentó en su página electrónica su rechazo “total” a pagar el citado porcentaje, pero al día siguiente presentó un pliego petitorio, con el compromiso de que en caso de negativa, “no habrá medidas radicales”, como sería el paro de actividades y por el contrario, propuso una mesa de negociaciones.

Entre las peticiones que la agrupación hace, está el no incremento a las cuotas, creación de un comedor universitario y transparentar el otorgamiento de las becas, por lo que seguramente estos dos últimos aspectos pueden concedérseles, sujeto el comedor a que se tenga los recursos necesarios.

Por unas horas hubo expectación dentro y fuera de la UAA por las acciones que pudieran emprender los jóvenes, pero el viernes en una conferencia de prensa que se desarrolló en presencia de centenares de alumnos, el dirigente manifestó que solicitan la creación de una comisión especial para evaluar la captación, uso y destino de los recursos de la universidad y que se hagan ejercicios de transparencia, que se incremente el fondo de créditos y becas, un comedor y principalmente que no haya represalias “para los alumnos participantes en estas inconformidades”.

El rector Andrade Cervantes subrayó que es necesario aplicar el 4 %, como se hace desde hace quince años, de otra manera “se afectarían las finanzas de la institución”. Para fortalecer la posición aseguró que el costo por semestre por alumno es de 45 mil pesos, mientras que ellos pagan alrededor de 6 mil pesos, lo cual justifica la medida, adelantando que el 31 de octubre se reúne el Consejo Universitario para analizar el pliego entregado por la FEUAA. Exhortó a alumnos y profesores a trabajar coordinadamente con Rectoría para mantener la calidad característica.

ROZADERA EMPRESARIAL

Aunque ya se vislumbra el puerto, los pleitos siguen a todo lo que da en la barcaza que conduce a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA).

Los jaleos en la chalana, la ráfaga de viento y las olas altas contribuyen a que se haga más difícil la llegada a la dársena, sin embargo, todo apunta a que finalmente se llevará a cabo la elección del nuevo dirigente.

El miércoles se abrió el registro para los aspirantes a suceder al ingeniero Miguel Ángel Godínez Antillón, luego que se constituyó el Comité Electoral en una asamblea extraordinaria. El cierre de inscripciones será el martes próximo y la elección el 25 de octubre, esto es, el sábado próximo.

En el Comité Electoral están los expresidentes del CCEA, Salomón Gutiérrez Mayorga y Felipe González Ramírez, y como vocales el presidente del Colegio de Contadores, Crispín García Viveros, y la presidenta de Mujeres Empresarias, Martha Zaragoza.

Uno de los aspirantes, Jaime Durán Padilla, mantuvo su estilo provocador, al reiterar que “todavía no hay reglas claras”, pero de cualquier manera se inscribirá. Consideró que aun cuando se tiene una Comisión de Transparencia, integrada el miércoles pasado, ésta no cuenta con lineamientos para vigilar el proceso.

Para lograr su objetivo afirmó que tiene el apoyo de su familia y de algunos empresarios, principalmente de la Coparmex. Una vez más rechazó que pertenezca a un partido político y que no aceptaría una candidatura a diputado federal (sin embargo, nunca hay que decir de esta agua no beberé). En todo caso, apuntó, esto forma parte de una “campaña de desprestigio de alguien, pues la única visión (que tengo) para 2015, es la silla del Consejo”.

Por aquello de no te entumas, tuvo halagos para su principal adversario, Pedro de la Serna López, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al que calificó de ser “una persona recta, habla de frente y por ello le doy la bienvenida y creo en su disposición de hacer bien las cosas”.

De cualquier manera pidió a los empresarios que evalúen quién de los dos, y de algún otro que se inscriba a último momento, reúne los requisitos para ser el próximo líder del CCEA, sobre todo que no le den crédito a los comentarios negativos “externos e internos”, sino que se fijen en aquel con la voluntad crítica para encabezar a los hombres y mujeres de empresa.

Días decisivos para los competidores para aprovechar los “amarres” que han hecho, de manera que el día de la votación llegue con la confianza de ganar. Lo que debe quedar claro es que quien resulte electo tendrá que trabajar intensamente para lograr que los empresarios locales se inserten en la cadena productiva de las compañías nacionales y mundiales asentadas en Aguascalientes y la región. Es un nicho que han dejado escapar, por tal razón es tiempo de fijarse metas a corto, mediano y largo plazo que les reditúen beneficios para sus negocios.

HECHOS TANGIBLES

 

Más allá del discurso, de la promesa y el compromiso, lo más importante son los hechos, lo que sea perceptible para la sociedad, que para el gobernador José Carlos Lozano de la Torre es fundamental, porque de ello se deriva que su administración va por el camino que se ha trazado.

En lo anterior se resume el mensaje que pronunció después de hacer entrega de su cuarto informe ante el Congreso del Estado, lapso en que se ha logrado que Aguascalientes pase del marasmo empresarial y creación de empleo, a un estado dinámico, emprendedor y con notoria presencia en el medio nacional e internacional.

El mandatario hizo hincapié en que el documento sintetiza los avances y resultados de lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, información que en su momento los diputados podrán solicitar y ampliar durante la comparencia de los titulares de las dependencias, como parte de la glosa.

Como parte del ejercicio que en esta ocasión se puso en práctica, el gobernador Lozano de la Torre y sus colaboradores han entregado al pueblo un cuadernillo con el sumario del cuarto informe, para que sea conocido, analizado y debatido en cada sector, con lo cual se extiende la difusión de la obra de gobierno.

OPONE RESISTENCIA

Mientras que el sector privado de la entidad se une al clamor para que deje el cargo y los panistas aprietan la soga, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, defiende su posición al asegurar que el Estado de Derecho predomina, por lo que bajo ninguna circunstancia procede el juicio político en su contra ni la desaparición de poderes.

Las condiciones de inseguridad en Guerrero se agravaron con la muerte de tres normalistas y la desaparición de 43 de sus compañeros, durante los hechos ocurridos entre la noche del día 26 y madrugada del 27 de septiembre, lo cual ha provocado la indignación general y una agitación creciente en la comunidad estudiantil del país.

Ante la situación que se vive en el municipio de Iguala, Aguirre descarta ingobernabilidad e insiste en que los poderes del estado funcionan y en todo caso, lo que sucede en Iguala es lo único que sale de contexto, por lo tanto, la campaña negativa “es un tema de políticos”.

No obstante, su actitud es contradictoria al recibir en Acapulco y no en Chilpancingo a una comisión de diputados federales, que quisieron escuchar sus puntos de vista y más tarde de los padres de familia de los alumnos desaparecidos, para en su momento establecer el camino a seguir.

Mientras el mandatario decide sobre su futuro, el PRD, su partido, cambió la estrategia que adoptó al principio de este problema, cuando otorgó su respaldo al gobierno guerrerense, al considerar la conveniencia de su permanencia o no. Entre los puntos que analiza el alto mando del sol azteca es que Aguirre pida licencia por 30 días, que el Congreso local apruebe el referéndum o que siga en el puesto para que asuma su responsabilidad.

Además, el PRD calcula la condición electoral, en función de que Guerrero es uno de los 17 estados donde se renovará la gubernatura, 81 alcaldías y el Congreso local, en junio de 2015, por ello el líder nacional, Carlos Navarrete, manifestó que “es una evaluación que el propio gobernador tiene que estar haciendo ahora. Él tiene responsabilidad con el pueblo de Guerrero. Él sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el estado y espero que en estas horas esté evaluando la circunstancia de su gobierno”.

En Acción Nacional, la bancada en el Senado solicitó de manera oficial la desaparición de poderes, conscientes –como de hecho también lo están los priistas–, de que la salida de Aguirre no resuelve el problema de fondo, pero ayuda a reducir la presión que hay, exigencia a la cual se unieron representantes del sector privado, quienes son afectados con las marchas en el centro de cada ciudad y poblado y que se han incrementado en los últimos días.

Por su parte, el Congreso del Estado aprobó la madrugada del viernes pasado el desafuero del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, al que se acusa de respaldar al crimen organizado y poner a su disposición a los policías municipales, que son a los que se imputa haber sido los autores directos del plagio de los 43 normalistas. Abarca permanece prófugo luego de pedir licencia por 30 días, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) dispuso su búsqueda y captura.

El incendio parcial de Palacio de Gobierno y de la sede municipal de Chilpancingo por profesores y normalistas fueron escenas que dieron vuelta a todo el mundo, ello constituyó la jornada de protestas más violenta desde el origen de este capítulo, que ha dado pie para que sumen su apoyo a la Normal de Ayotzinapa maestros y alumnos de normales de Michoacán y Oaxaca, estudiantes de planteles de la UNAM y el Politécnico, e incluso de instituciones de educación superior privadas.

Como parte de las acciones para exigir la presentación con vida de los jóvenes, estudiantes de 17 normales rurales y representantes de 50 organizaciones sociales escalan sus protestas, al iniciar la toma de las 81 alcaldías en el estado y casetas de peaje y buscarán boicotear empresas nacionales y trasnacionales. También pretenden para el miércoles próximo la toma de carreteras y refinerías y exhortar a un paro nacional de labores.

La ONU, que no tiene influencia para frenar la rapacidad de algunos países, la invasión de otros y las eternas luchas fratricidas en distintas partes del orbe, condenó los hechos de Guerrero. En un comunicado de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, afirma que “durante años hemos identificado la impunidad que prevalece en México en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. También hemos resaltado las deficiencias en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas (…) Lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran, y aún menos en un Estado de Derecho”.

Como si no fuera suficiente, el alcalde de Cocula, municipio colindante con Iguala, César Miguel Peñaloza, fue llamado por la PGR para que declarara sobre la participación que tuvieron policías de ese lugar el día que desaparecieron los normalistas. Al no encontrar elementos en su contra, retornó a sus actividades, pero ya con la virtual desaparición de la dirección de seguridad, por lo que la vigilancia quedó a cargo de la Federación, luego de que fueron aprehendidos los elementos policiacos para investigar quiénes tuvieron participación en los hechos.

Dentro de todo este desbarajuste reapareció Pioquinto Damián Huato, exlíder de la Cámara de Comercio en Guerrero, para reiterar sus acusaciones en contra del presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, de estar implicado en el crimen organizado, al que además responsabiliza del atentado que sufrió el 28 de enero pasado, al ser balaceada la camioneta en que viajaba, resultando muerta su nuera y herido su hijo. Afirmó que el edil y un hermano trabajan en complicidad con el cártel de Los Rojos, lo que documenta para hacer la denuncia ante la PGR.

Medio mundo tiene algo que decir y que criticar, pero por encima de todo lo más importante, lo fundamental es encontrar a los 43 estudiantes y esto no ha sucedido, por tal razón, más allá de los centelleos y el aprovechamiento personal y político –muy lamentable, por cierto–, está centrar todos los esfuerzos para lograr el objetivo. De poco serviría que desaparecieran los poderes en Guerrero si no han sido localizados los normalistas.

¿QUIÉNES SON?

El martes pasado, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, declaró que los 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas localizadas en las cercanías de Iguala, Guerrero, no corresponden a alguno de los 43 normalistas desaparecidos, lo que sin reserva alguna es una noticia alentadora para los familiares, pero al mismo tiempo surge la interrogante: ¿Quiénes son esos muertos?, respuesta que corresponde dar a las autoridades locales y federales y determinar de quién se trata. Durante el sexenio de Felipe Calderón hubo más de 26,000 desaparecidos y miles de restos humanos que nunca se supo a quién correspondían, por tal motivo, es de esperarse que esta vez no se caiga en la ligereza de considerar que eran personas vinculadas al narcotráfico, que aun cuando así fuera, debieron tener un nombre y es lo que deben averiguar.

ERROR TÁCTICO

En su afán de solucionar los problemas de inseguridad que brotan aquí y allá, el gobierno federal interviene en varios estados con el envío de soldados, marinos, policías federales y últimamente de la gendarmería, sin embargo, con ello “compra” problemas ajenos que luego se lo imputan como propios.

El caso de Ayotzinapa ha ido del gobierno de Guerrero hacia la PGR, al afirmarse que esta dependencia no ha sido capaz de encontrar a los normalistas desaparecidos desde hace 24 días, por lo que se planteó solicitar la destitución del procurador Jesús Murillo, además los adversarios aprovechan para vapulear la imagen presidencial.

Tardíamente los estrategas se dieron cuenta de que debieron dejar a los gobernadores resolver los asuntos y sólo cuando lo solicitaran, enviar elementos de refuerzo, pero como coadyuvantes, no responsables directos de los operativos, tal como ocurre en Michoacán y Tamaulipas y en las últimas semanas en Guerrero.

La centralización del aparato de seguridad no significa que sea un elemento disuasivo, por el contrario, se aprovecha para dejar que la Federación se haga de asuntos que no son de su competencia, de manera que a la hora del balance se le atribuyen responsabilidades que no son suyas.

La exigencia del presidente Enrique Peña Nieto para que cada mandatario local asuma la carga de todo lo que ocurre en su ámbito debió ser en todo momento, dando cumplimiento a lo dispuesto por las constituciones estatales, de que son estados “libres y soberanos”.

La intervención de la Federación tiene que ser sólo cuando se intuya que está en riesgo la seguridad e independencia nacional, cuestión que no se da, por lo tanto, debe dejar, y en todo caso exigir, que los gobernadores resuelvan las dificultades que tengan en sus territorios, haciéndolos responsables de cuanto acontezca, materializándose el espíritu federalista que debe prevalecer.

CONGRESO POLITÉCNICO

En su respuesta al texto que formuló la asamblea general de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en paro desde mediados de septiembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció su colaboración para efectuar un Congreso Nacional Politécnico, en el cual se constituyan las nuevas condiciones normativas y programáticas.

La dependencia federal propone la integración de una mesa de diálogo público que se encargue de organizar y llevar a cabo el Congreso, además de generar, a partir de consensos, los planteamientos de solución concreta a los distintos temas.

En esencia, formula que la mesa de diálogo sesione públicamente, que sus trabajos sean difundidos por Canal 11 y cuente con 10 representantes del gobierno y 10 de la asamblea. De ahí se encauzaría a las instancias respectivas para que construyan propuestas apegadas al marco normativo.

La SEP manifiesta que entre los aspectos a tratar estaría la cancelación de los planes y programas de estudio cuestionados y los mecanismos y plazos para retomar los programas anteriores, así como los criterios de equivalencias y acreditación para regularizar a los alumnos en planes de estudios anteriores y la incorporación del nivel medio superior al Sistema Nacional de Bachillerato.

En la mesa de diálogo se abordaría lo referente al nuevo órgano de vigilancia del IPN y que analice los caminos y procedimientos para aumentar el presupuesto destinado a educación pública. En cuanto al director y el secretario general del instituto, la SEP traza la posibilidad de que se designe a un interino que dure hasta la conclusión del Congreso. Este director se encargaría de lo que requiere inmediata solución, como derogar y evitar la publicación del nuevo reglamento interno y efectuar los procedimientos necesarios para suprimir los planes y programas de estudio, motivo del paro de labores; giraría instrucciones para prorrogar trámites de actividades académicas que han sido afectadas por la suspensión de actividades y propondría reprogramar el ciclo escolar.

Lo más urgente es que no se pierda el semestre y en eso deben estar enfocadas la asamblea estudiantil y la Secretaría de Educación Pública.