Leticia Acuña Medina
El Heraldo

El titular del Instituto de Vivienda (IVSOP), Francisco Javier Rodríguez Anaya, dejó en claro que no se puede lucrar con la vivienda social; recomendó a las familias no arriesgar su patrimonio, ya que está prohibido arrendar y traspasar las casas. Invitó a los morosos a renegociar su deuda, para evitar el desalojo.
Para quienes carecen de Infonavit, por no tener un empleo formal que los afilie al IMSS, pueden obtener un crédito para la compra de un lote o casa, como taxistas, tianguistas, comerciantes o prestadores de servicio, con ingresos acordes a la corrida financiera que se les presenta.
Informó que actualmente hay un total de 2 mil 173 acreditados, de los cuales sólo 661 están al corriente de sus pagos, es decir el 30%; la mayoría con adeudos de más de un año, por lo que en 1,048 casos se ha iniciado un procedimiento judicial que concluye en el desalojo.
La cartera vencida es de 167.5 millones de pesos y urge recuperarla para que puedan construirse al menos 600 casas y poder ofertarlas a familias que carecen de techo propio; a las viviendas que se recuperan se les da el mantenimiento básico, para ser reasignadas.
Quienes tienen voluntad, pueden solicitar la renegociación de su deuda con un plazo más amplio, para que reduzca la mensualidad o ir abonando en la medida de sus posibilidades, a fin de conservar su casa, con todas las facilidades que les proporciona el Instituto.
También hay casos en que los beneficiarios lucran con la vivienda, la rentan, reciben la mensualidad del inquilino, y además, no abona a su crédito; otros, mediante contratos privados, traspasan la vivienda, obteniendo cierta cantidad con la operación fraudulenta de “compra venta”.
Cuando se termina de pagar el crédito, la vivienda se escritura a nombre del beneficiario, no de la persona que supuestamente la compró, por lo que pueden salir perjudicadas las personas que se prestan a estos convenios irregulares.
En los últimos seis meses se hicieron dos desalojos, uno en Pabellón, donde la casa fue abandonada y ocupada por otras personas; y otro en el fraccionamiento Reencuentro, donde el inmueble fue subarrendado. En cuatro años, suman 55 los desalojos, que es la opción extrema que le queda al Instituto para poder recuperar el saldo vencido o el inmueble, en el entendido de que se inicia procedimiento judicial, en los casos con morosidad de un año, y no hay interés de los beneficiarios, de llegar a un arreglo.