Karla Omaña
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El robo de gas LP se elevó 77 por ciento en el año pasado, al pasar de 13 mil 136 tomas clandestinas en 2019 a 23 mil 323 durante 2020, lo que significó una pérdida económica para las empresas de 30 mil 168 millones de pesos, 128 por ciento más que en 2019.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), 2020 fue el año con mayor cantidad de tomas clandestinas de gas LP, con 64 tomas nuevas por día.

Este incremento se explica por un aumento en el número de tomas clandestinas del 2020, así como por el incremento de los precios internacionales de los energéticos, según explicó la Asociación.

“En años recientes, el crimen organizado ha incrementado su actividad en el robo y distribución ilícita de Gas LP ocasionando afectaciones más serias a Pemex, al Estado y a la sociedad mexicana cada año, por lo que se es necesario aplicar medidas más efectivas, de inteligencia y operativos de seguridad que permitan reestablecer el Estado de derecho y brindarle a la sociedad un entorno de estabilidad y seguridad”, aseguró la Amexgas.

El mercado negro de gas LP se ha convertido en una actividad muy rentable para diversos grupos delictivos, cuyas zonas de influencia se extienden principalmente en los estados de Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Tamaulipas.

Entre 2012-2018, las tomas clandestinas del ducto principal de Pemex se incrementaron 750 por ciento, acumulando 41 mil 316 tomas a lo largo del sexenio.

Tan sólo en los últimos tres años acumulan 49 mil 40 tomas clandestinas, lo que representa el 59 por ciento de todas las tomas acumuladas en los últimos 20 años.

Esta situación provocó que el año pasado el ducto estuviera fuera de operación 140 días, es decir, 38 por ciento del año, con los costos de mantenimiento, el riesgo y el impacto en generar posibles desabastos para la población.

“El robo a Pemex ocasiona un desfalco económico de gran magnitud, cuyos recursos podrían atender importantes necesidades de impacto social en el País.

“Sin embargo, el daño que ocasiona la distribución ilícita a la sociedad está causando un impacto aún mayor al provocar inseguridad para la población, riesgo de accidentes, amenazas, extorsión, lesiones, control de rutas, al igual que tratan de eliminar la libre competencia al pretender fijar precios altos para el consumidor en rutas ‘protegidas’, la falta de certeza jurídica, desinversión en infraestructura indispensable para garantizar el abasto en el mediano y largo plazo”, dijo la Amexgas.