Laura Elena Rivera Manzanares
El Heraldo

La deuda que heredará la actual administración sería de aproximadamente 3 mil millones de pesos, dio a conocer el secretario de Finanzas, Carlos de Jesús Magallanes García, al acudir al Congreso del Estado a justificar el Presupuesto Estatal solicitado para 2022 y que está en análisis por parte de los diputados locales.
En entrevista colectiva, dio a conocer además que dentro de ese paquete están previstos unos tres millones de pesos para el proceso de transición de mandos, lo que es una cantidad similar a lo que se ejerció por parte de la administración del sexenio pasado, y aseguró que se tiene claro que este gobierno no dejará pasivos al siguiente.
En cuanto a la deuda pública, aseveró que quedará con los pagos normales como hasta ahora y no habrá contratación de deuda adicional, dado que “no nos alcanza el tiempo, cualquier contrato que hagamos no debe pasar del mes de marzo y no debe rebasar esta administración”.
Magallanes García refirió, sin embargo, que la deuda pública se incrementó por el orden de los mil 200 millones de pesos que fueron contratados de manera adicional, pero “si ven las calificaciones, la hemos manejado de manera muy eficiente. Vamos a tratar de ir a una reestructura con los dos créditos de Bancomer y Banorte para disminuir garantías fundamentalmente”.
De la misma manera, indicó que del presupuesto que se ha solicitado -superior a los 28 mil millones de pesos-, la parte más importante se destinará a la operación de entidades y dependencias, además, hay un incremento de cerca de 600 millones de pesos que van para municipios y otra parte de unos 340 millones a Movilidad, “para resolver el relajo del transporte. Han visto que los autobuses son diferentes, se está buscando eficiencia, pero nos falta todavía mucho”.
El titular de la SEFI comentó que si bien este será el último año de administración, el manejo de los recursos está debidamente cuidado, pero además, también están al tanto la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, como el Órgano Superior y la Contraloría, “nos traen fritos, todo está absolutamente documentado”.