Vicente Flores Hernández 
Agencia Reforma

CDMX.- Partir y comer una rebanada de sandía lo tuvo casi nueve meses en prisión.

Uriel Núñez, de 24 años, llegó el 5 de octubre de 2020 a un negocio ubicado en San Salvador Atenco. Había ingerido bebidas alcohólicas y traía el machete que usa en el campo.

Preguntó a la encargada del negocio si le podía dar una fruta, la mujer le entregó una manzana y, asustada, se fue en busca de ayuda. El joven cortó una rebanada de sandía y cuando empezaba a comerla fue detenido y enviado al Penal Molino de las Flores, en Texcoco.

El Ministerio Público consideró que haber partido la fruta era un hecho intimidante, aseguró que exigió a la encargada que le diera dinero, motivo por el que lo acusó de tentativa de robo con violencia.

El 5 de enero se promulgó en el Estado de México una Ley de Amnistía que busca despresurizar las cárceles por la pandemia y que está dirigida a personas de escasos recursos, de grupos vulnerables o carentes de una buena defensa.

Uriel se acogió a ella, pero el proceso no fue sencillo. A petición del MP, un juez fijó la reparación del daño moral en 86 mil pesos.

Jovita, la mamá del joven, tuvo que buscar a la denunciante para pedirle que declarara ante autoridades ministeriales que su hijo no le había robado.

“Fui al domicilio de la señora de la verdulería. Me preguntó por qué tanto dinero”, narra la madre, “sí se enojó la señora, me dijo que me iba a apoyar en todo”.

Sin amnistía y sin la colaboración de la parte afectada, Uriel hubiera pasado cerca de nueve años en prisión, explicó Antonio Lara, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.