Más del noventa y cinco por ciento de las sentencias que son combatidas en apelación por los delincuentes, se confirman y se ejecutan, sostuvo la presidenta del Poder Judicial del Estado, Gabriela Espinosa Castorena.
Detalló que son excepcionales los casos en que delincuentes sentenciados y que se manifiestan inconformes con la pena que les fue impuesta, logran disminuciones en las sentencias y menos aún su revocación en la segunda instancia.
En entrevista, destacó que la carga laboral en materia penal se ha incrementado significativamente en los últimos meses, derivado de que la estructura jurisdiccional transita una etapa en que conoce asuntos bajo diversos modelos en la materia penal.
“Por un lado, el recientemente implementado modelo de justicia penal, sin embargo, se siguen atendiendo expedientes en materia penal tradicional, hay justicia para adolescentes y también el rubro de ejecución de penas y medidas de seguridad”.
De tal manera que el volumen de trabajo es amplio y en lo que se refiere al tema de apelaciones, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia están encabezando audiencias que a veces tienen una duración de ocho a diez horas.
En ese sentido, Espinosa Castorena refirió que escuchar una audiencia de tal duración, procesarla posteriormente y al cabo resolver lo conducente, conlleva la inversión de mucho tiempo por asunto.
“De tal manera que esa es la razón por la que se está atrasando un poco el trabajo en materia penal en la segunda instancia, pero una vez realizado es efectivo y confirma casi en su totalidad las sentencias de los jueces, salvo casos particulares en que se llegan a modificar penas y casi siempre al alza”.
Asimismo, dio a conocer que en lo que va del año, la segunda instancia de la justicia local ha celebrado más de doscientas audiencias en oralidad penal, pero aunado a ello hay expedientes en las otras modalidades de penal tradicional, adolescentes y ejecución de penas, por lo que el rezago representa todo un reto.
Finalmente, reiteró su compromiso de acelerar el paso, sin menoscabo de la calidad en la impartición de justicia, una vez que ha quedado completo y definido en la conformación de sus salas, el pleno del Supremo Tribunal de Justicia.