La juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado no pudo determinar ayer la situación jurídica de Arturo Solano López, en el marco de la audiencia inicial de juicio que se llevó a cabo y que entró en receso ante la indefinición del equipo de abogados que defenderá su causa.

Por lo tanto, el ex titular del Órgano Superior de Fiscalización pasó su segunda noche en el Centro de Readaptación Social para varones de esta capital, al que ingresó alrededor de las tres de la madrugada del lunes.

El imputado por peculado y ejercicio indebido del servicio público, fue presentado a las 12:30 horas a la Sala de Juicio Oral del complejo Ciudad Justicia, a fin de ser enterado de las acusaciones en su contra y rendir cuenta de ello.

Cabe destacar que la audiencia inicial tiene la finalidad de realizar el control de legalidad de la detención si correspondiere, formular la imputación y dar la oportunidad de declarar al acusado.

Ahí, se resuelve además respecto de las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, así como el plazo para el cierre de la investigación; de haber solicitud de procedencia de una medida cautelar, ésta debe ser resuelta antes de dictarse la suspensión de la audiencia.

Sin embargo, el equipo de defensa jurídica que le acompañó no acreditó, a criterio de la juez, el conocimiento necesario sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal que le garantizara a Solano López una adecuada defensa técnica.

Ante ello, el ex funcionario público determinó otro defensor particular al que se le concedió el plazo para hoy martes al mediodía, a fin de conocer la carpeta de investigación que marca acusaciones y elementos de prueba para el caso del ex titular del OSF.

La audiencia inicial por lo tanto, entró en receso y será reanudada este mediodía para dar continuidad a los trabajos que la ley prevé; en su caso, se le dará un plazo prudente al nuevo defensor para que conozca el contenido de la carpeta de investigación y actúe en consecuencia.

En ese sentido, se especificó que la audiencia de hoy podría determinar si se va a resolver sobre la vinculación en ese momento o bien, si hay necesidad de esperar el plazo de las 72 o 144 horas como término máximo constitucional, para pronunciarse sobre la situación jurídica del indiciado.