La reciente reforma judicial y los cambios administrativos están dejando a miles de profesionales del sector público en México en una situación de incertidumbre laboral. Abogados que han dedicado años a ascender dentro del Poder Judicial, siguiendo procedimientos estrictos como exámenes, concursos, y continuando su formación académica con maestrías y doctorados, ven ahora su futuro profesional comprometido. Estos trabajadores, muchos de los cuales han arriesgado incluso su seguridad en el ejercicio de su labor, enfrentarán despidos masivos.
Una situación similar ocurre instituciones autónomas, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya desaparición ha sido anunciada. A pesar de los esfuerzos por consolidar un servicio profesional de carrera en dicho Instituto, su disolución afectará a cientos de especialistas en transparencia y protección de datos personales que perderán su empleo.
Además, vienen despidos por los cambios sexenales y un recorte del 10% en la nómina, que afectará a decenas de miles de empleados gubernamentales. El Servicio Profesional de Carrera, que alguna vez garantizaba estabilidad laboral en el sector público, ha quedado prácticamente inoperante. A muchos funcionarios se les pide la renuncia, la cual entregan para evitar represalias o el cierre de oportunidades futuras dentro del gobierno.
Pero el desempleo no solo se da en el gobierno. Según datos de la OCDE, en 2023 se graduaron más de 1.1 millones de universitarios en México, de los cuales aproximadamente un tercio, cerca de 400 mil, no ha logrado conseguir empleo. Esto sin contar los miles de egresados de años anteriores que aún siguen en búsqueda de oportunidades laborales.
Esto es exacerbado por el bajo crecimiento económico del país en los últimos seis años, con un promedio anual de crecimiento del PIB de apenas 0.6%, la más baja en la historia reciente de México. Esta cifra no alcanza para absorber al 1.3% de la población que se incorpora anualmente a la población económicamente activa.
El mercado laboral en nuestro país también presenta otros desafíos estructurales. Muchas carreras universitarias, como las relacionadas con comunicación, ecología y diseño, no cuentan con una demanda suficiente en el mercado laboral. Al mismo tiempo, profesiones saturadas, como derecho y administración de empresas, enfrentan dificultades similares, al producir más egresados de los que el mercado puede absorber. Además, la falta de experiencia, combinada con las deficiencias educativas, coloca a muchos jóvenes en una posición de desventaja frente a las demandas de las empresas. Esto sin incluir a aquellos que no alcanzan educación universitaria, quienes tienen aún más dificultades para encontrar un trabajo bien remunerado.
Otro factor a considerar es la discriminación por edad en el sector privado. A partir de los 45 años, las oportunidades laborales disminuyen considerablemente.
Ante la falta de empleo formal, muchos se ven obligados a integrarse a la economía informal. Actualmente, el 54.1% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, lo que representa alrededor de 32 millones de personas. Estos trabajadores, a menudo subempleados o autoempleados, no cuentan con seguridad social ni beneficios laborales.
La falta de empleo es un reto constante, y en el actual contexto político y económico de México, las perspectivas no parecen mejorar. La continuidad de las políticas del sexenio anterior por el actual gobierno ha generado un ambiente de incertidumbre que frena la inversión y, con ello, el crecimiento económico. Los profesionales despedidos, los nuevos egresados universitarios y millones más que se incorporan a la fuerza de trabajo, enfrentarán grandes dificultades para encontrar empleo. Sin crecimiento económico, las soluciones parecen lejanas.
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