Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(Ora sí preocúpate Rosario.- El llamado criterio de oportunidad es un mecanismo que contempla la legislación penal para que el imputado por la comisión de un delito, pueda obtener algunas consideraciones respecto a sus responsabilidades si delata a otros presuntos delincuentes o aporta pruebas para su enjuiciamiento. Moralmente reprobable, jurídicamente aceptado e instrumentado políticamente es una arma que la Fiscalía puede manejar discrecionalmente sin que sus “acuerdos” sean objeto de valoración jurisdiccional.)

 

Un principio de nuestro sistema jurídico penal es el de la presunción de inocencia, desde siempre. El llamado nuevo sistema de justicia penal lo explicitó, y luego la Corte y el Congreso se han encargado de darle marcha atrás, porque, como decía aquel sensacional caricaturista Abel Quezada, el chiste de las cosas en México es que parezcan, pero no que sean. Las atrabiliarias facultades del verdugo favorito Santiago Nieto, de “congelar” cuentas bancarias, aún sin contar con autorizaciones judiciales, son violaciones claras de las garantías de audiencia y de legalidad y desde luego del principio de presunción de inocencia. El catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que cada vez se amplía más, dejando de ser excepciones notables, ponen de manifiesto la incapacidad de las autoridades policíacas, de procuración y de impartición de justicia, dando al traste a un principio de justicia penal, parece que ya también olvidado: investigar para detener y no detener para investigar.

El caso del general Salvador Cienfuegos ha sido de extraordinaria relevancia, no porque se cuestione la conducta de un alto mando del ejército, o de un Secretario de la Defensa Nacional, ni porque se le hayan imputado nexos con grupos delincuenciales, ni tampoco porque haya sido objeto de investigación de la justicia norteamericana, lo que había pasado por lo menos en dos casos sonados, el del general Hermenegildo Cuenca Díaz y el del general Juan Arévalo Gardoqui, sino por las circunstancias en que se dio su vergonzosa detención, la aparente dilación en ponerlo a disposición de la autoridad judicial que había obsequiado su orden de aprehensión y finalmente en un giro inesperado, la suspensión de los cargos de la fiscalía americana y la entrega inmediata y en avión jet ejecutivo, de esos que no le gustan a AMLO M.R., a las autoridades mexicanas para ser juzgado en México de acuerdo con “el prestigio” (sic) según el secretario de relaciones Ebrard, de la justicia mexicana.

(Las penas con pan son menos.- La única propuesta, la única solución, el único paliativo, es la limosna institucionalizada. Los deudos de difuntos por COVID19 recibirán una modesta ayuda oficial “sin intermediarios”. A falta de justicia, limosna.)

La aprehensión del general Cienfuegos no fue la ocurrencia de un agente aduanal, no fue la decisión de un marshall o un sheriff malhumorado, no fue la acción de un agente migratorio contrario a los delincuentes mexicanos que les mandamos, como opina Donald Trump, sino el resultado de una larga investigación de la que, no teníamos conocimiento oficial en México, ni teníamos porqué tenerlo, igual que pasó en el caso de Genaro García Luna, que tampoco tenía investigaciones pendientes en México. Durante varios años la investigación se gestó y se presentó ante la autoridad judicial competente, ésta giró la orden de aprehensión que, solapadamente guardaron, para ejecutarla en el momento propicio, que se presentó en unas vacaciones familiares en California.

Además de la sorpresa, la primera reacción de la 4T fue, hasta cierto punto triunfalista, los voceros oficiosos como John Ackerman la calificaron como un triunfo de la 4T en el combate a la corrupción, en lo que, sobre todo en esto último, pudiera tener razón, pero, algo sucedió. Días después AMLO M.R. manifestó su preocupación por no haber sido objeto de aviso de la detención y, más tarde, envió una nota diplomática expresando la molestia de México por la forma en que se llevó a cabo la investigación y la detención.

En esencia no parece haber distinción entre lo sucedido con García Luna y lo sucedido con Cienfuegos. En ambos casos se investigó sin informar, en ambos casos se detuvo sin previo aviso, pero en el caso de García Luna el discurso oficial lo ha calificado como un triunfo contra la corrupción del período neoliberal y en el caso Cienfuegos, su regreso triunfal ha sido calificado como un triunfo de la diplomacia mexicana.

El ejército mexicano se reestructuró a partir de la llamada revolución mexicana, por eso a diferencia de otros países americanos, su integración no era de familias de abolengo. Para encausar su participación política y desviar las tentaciones de los golpes militares, al crearse el PNR tuvo en su conformación un sector militar. Fue un presidente de la república, militar, el que determinó suprimir el sector militar y un partido, el PARM reagrupó a militares con aspiraciones políticas en una vía partidista y electoral. La creación de los diplomados de estado mayor, le fueron dando una nueva configuración a los altos mandos y, ante, la explicable suspicacia de una fisura en la lealtad se crearon los Guardias Presidenciales, un cuerpo de elite, con mejor armamento, mayor capacidad de fuego, y, sobre todo, con un jefe designado de manera directa por el Presidente. En realidad eran dos ejércitos. La decisión del presidente Calderón de declarar la guerra a la delincuencia organizada, lo obligó a mejorar el armamento y la capacidad de fuego del ejército ordinario y los guardias presidenciales perdieron presencia. La presidencia optó por utilizar a la Marina Armada como brazo ejecutor y el ejército, sin duda, no ha asimilado completamente el ser hecho a un lado, en tareas, en las que por otra parte, no se siente cómodo.

AMLO M.R. optó por echarse en brazos del ejército. Arropado por él, lo ha puesto como dique entre el pueblo bueno y su persona. Le ha entregado obras y encomiendas que en tiempos de paz, no debiera tener, le ha conferido contratos y prebendas y le ha dado una presencia en la vida pública, que no había tenido desde el infausto gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Faltan elementos e información para sacar conclusiones, pero sobran para alimentar nuestras preocupaciones por la presencia militar en la vida pública de nuestro país.

(Ahogado el niño, tapar el pozo.- Las medidas de profilaxis que ahora se nos imponen sin duda ayudarán a paliar la oleada de propagación del COVID19, ya que la única curva que se logró aplanar fue la de las nalgas del otro López y las de los periodistas castigados a asistir a sus representaciones vespertinas. Nunca es tarde, sin embargo aplicadas al inicio de la pandemia sin duda habrían marcado otro derrotero como sucedió y sucede, por citar un ejemplo modelo, en Nueva Zelanda.)

 

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