Para hacer frente a la crisis económica que ya se vive en el país, derivada de la parálisis propiciada por el COVID-19, se requiere que el Gobierno Federal cambie de posición y esté del mismo lado que los trabajadores y los empresarios que son generadores de empleos, mismos que ahora están en riesgo por miles.

Así lo expresó el presidente de la Coparmex en la entidad, Raúl González Alonso, quien urgió a las autoridades federales tomen con seriedad las propuestas que se les han planteado para conservar los empleos, con lo que se generará circulante y economía interna.

Si bien en Aguascalientes no se ha hecho una estimación sobre las unidades económicas que no se podrán reactivar, a nivel nacional se calcula que tan sólo en el mes de abril habrían cerrado más de 13 mil 300 empresas de menor tamaño principalmente, pero si no se actúa, el panorama se tornará más complicado.

Consideró que por ahora ya se perciben las pérdidas económicas y conforme pasen los días se comenzará a notar más la debacle y el desempleo, que de no actuar con prontitud tendrán que pasar varios años para volver a los niveles que se tenían hasta marzo pasado, en lo que Aguascalientes iba por buen rumbo.

González Alonso insistió que se necesita del apoyo del Gobierno Federal para poder sostener los empleos, lo cual podría ser posible al aceptar la propuesta del salario solidario, el cual, dijo, sería mejor que varios de los apoyos momentáneos que reciben sólo algunos ciudadanos.

Expuso que México ha sido el país en donde menos se ha apoyado a su sector productivo y generador de economía, con tan sólo 2 mil 760 millones de dólares, mientras que Estados Unidos ha invertido 670 mil millones de dólares, España 110 mil millones de dólares, Canadá 80 mil millones, inclusive Perú o Chile que podrían considerarse con economías similares a la mexicana, han otorgado más con 17 mil 400 y 16 mil 700 millones de dólares, respectivamente.

Por parte del Sindicato Patronal la propuesta en pie es que se implemente el salario solidario, en el que participan tanto el Gobierno Federal, las empresas y con una parte el trabajador, una estrategia que permitiría evitar los despidos de personal que están en riesgo de tenerse en próximas semanas y meses, inclusive el cierre de empresas que no tienen liquidez para el pago de salarios, gastos fijos o producir.

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