La Sala Administrativa debe mantenerse en funciones para atender la presentación de demandas contra actos de autoridad que vulneren derechos de la ciudadanía, en apego al artículo segundo transitorio de la reforma judicial. Así lo afirmó el presidente del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, Jaime Gerardo Beltrán Martínez.
Advirtió que esta disposición señala que la Sala Administrativa debe atender la materia administrativa, ya que sólo se ha instalado el pleno del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que el texto indica que el organismo que él encabeza atenderá los expedientes hasta entrar en funciones, lo que implicaría la sustitución de la Sala.
Indicó que el pleno del Tribunal quedó instalado para continuar con los preparativos y la construcción del andamiaje jurídico necesario para entrar en operación, por lo cual sigue firme la intención de atender juicios administrativos desde el nuevo organismo jurisdiccional hasta el próximo 8 de enero de 2024.
Agregó que el Poder Ejecutivo ya presentó este jueves al Congreso del Estado la iniciativa de ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, para dar paso a la creación de reglamentos que establezcan el actuar del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa.
Beltrán manifestó que con la instalación del Pleno del Tribunal, se da paso a las acciones de organización para la solicitud del Registro Federal de Contribuyentes del ente público. Esto permitirá acceder a los recursos públicos para cubrir los requerimientos de sueldos, renta de inmuebles, adquisición de mobiliario y gastos operativos del Tribunal, con lo cual se podrá poner en funcionamiento.
CONCENTRADOS. Beltrán Martínez indicó que el Tribunal también está atento a los amparos que siguen pendientes de resolverse en instancias superiores, sobre el marco normativo de la reforma judicial, lo que permitirá avanzar en los trabajos de conformación. Subrayó que los integrantes del Tribunal no rehúyen al trabajo, sino que están enfocados en el adecuado inicio de sus funciones con el soporte jurídico requerido para la institución.
