Uno de los placeres de las familias aguascalentenses fue visitar ciudades y poblados de Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, que por lo cercano permitía ir y regresar el mismo día. Lo hacían los fines de semana o por lo menos una vez al mes, a manera de desintoxicarse de la rutina. De esta forma disfrutaba toda la familia y permitía una mayor adherencia y comunicación entre sus miembros.

Pues esa costumbre ha ido declinando los últimos años, inclusive el goce de ir a La Chona a comprar pan, que se hacía en “una carrerita” ya que era cuestión de tomar el volante, llegar, comprar las piezas y volver, debido al alto nivel de inseguridad que hay en carreteras y caminos de esa zona de Jalisco, que comprende Encarnación de Díaz, Teocaltiche, Los Azulitos, El Salvador y Bajío de San José, entre otras localidades, problema que llega hasta Lagos de Moreno.

La disputa entre los cárteles y el mínimo interés del gobierno de Jalisco por combatir esta situación ha suscitado que el territorio constituya un punto rojo. Los sicarios utilizan automóviles y camionetas para ubicar a sus enemigos, por lo que son comunes las persecuciones y las balaceras, que lo mismo se da en carretera que al interior de las comunidades, lo que ha generado lesiones y muerte de inocentes al quedar en medio de la trifulca.

Con Guanajuato ocurre algo similar, a raíz de la pendencia que se registra entre las bandas por hacerse de la plaza. Es una situación que lo ha convertido en uno de los estados más peligrosos del país y sin visos de que esto termine a corto plazo, mientras que en Zacatecas hay comunidades con un crecimiento delincuencial que mantiene en vilo a sus habitantes y que indudablemente aleja el turismo.

Por lo descrito no es solamente la carretera Aguascalientes-León que provoca sobresalto recorrerla, como señaló Enrique González Muñoz,  presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en su visita a esta ciudad, sino una parte importante de la red regional de comunicación.

Afirmó que las autoridades estatales han tratado de garantizar la seguridad en la cinta asfáltica y blindar a cada lugar, pero no han logrado reducir la presencia de los grupos delincuenciales, por lo que esa vía se integra al corredor incierto del país.

El dirigente adelantó que para contribuir a elevar las condiciones de confianza al transitar por las autopistas de México, la Canacar revalidará el proyecto en conjunto con las corporaciones policíacas, en donde el monitoreo y la vigilancia sea permanente, que al ingresar las unidades de carga a lugares complicados se tenga un seguimiento a través de GPS.

Es un programa que ya está en marcha en algunas comarcas y en el cual cuentan con todo el apoyo de los empresarios, principalmente con la habilitación tecnológica de patrullas, para que atiendan de inmediato cualquier incidente y así lograr impedir el delito, además de que sirve como una acción terminante para disuadir a los ladrones. En fecha próxima se aplicará en el tramo México-Puebla y más adelante en el de Querétaro-Guanajuato, por lo que también podría entrar el de Aguascalientes-León.

González Muñoz puntualizó que es preocupante el alto índice de asaltos que sufren los transportistas a lo largo y ancho de la República, que llegan a ser de 10 o más al día, por lo que su experiencia la ponen al servicio de la sociedad al plantear a la autoridad lo que puede hacerse para reducir, y en su caso, eliminar esta situación, que no sólo daña la economía sino que pone en serio peligro la integridad física y la vida de quienes tienen la desgracia de vivir esa odisea.

SIN CADUCIDAD

El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, plantea que los delitos en contra de las mujeres no tengan tiempo de extinción, porque esto favorece a los culpables, por lo que es necesario una reforma al marco jurídico.

Lo citado por el defensor social se convierte en una muestra flagrante de impunidad, que no sólo lastima a los directamente involucrados sino que alienta a que otros cometan un delito similar, bastándole con evadir la acción de la justicia para no pisar la cárcel, pese a las pruebas contundentes que hubo en su contra.

Lo citado por el Fiscal debería de ser extensivo no sólo para violencia de género, secuestros y trata de personas, sino a los delitos en general, teniendo en cuenta que sin excepción todos perjudican, y sea en mayor o menor grado dejan una huella en la existencia de quien pasa por ese trago amargo.

Los allegados al atacante o asesino no buscan que resarza el daño que causó, sino saber si la transgresión tiene período de conclusión y por cuantos años, por lo que hacen todo lo que está a su alcance para esconderlo y luego recibirlo como si nada hubiera hecho.

Para los afectados es un insulto verlo por las calles tan campante, burla que en ocasiones termina en tragedia cuando se toman la justicia por propia mano, de ahí que debe haber congruencia en la ley.

Para llegar a este nivel se requiere que el Congreso del Estado haga las reformas correspondientes, en que se tome en cuenta las propuestas de los distintos sectores, tanto del ramo de la abogacía, como de jueces, ministerio público, cámaras empresariales, representantes sindicales y sociales y de los ciudadanos que en lo individual tengan algo que aportar.

Se debe tener en cuenta que la finalidad del castigo es purgar el daño causado, por lo que si alguien cometió un ilícito tiene que comparecer ante un tribunal para escuchar la pena que le obligue, y no como ocurre actualmente, en que hay quienes causaron un daño y jamás pisan un centro penitenciario.

Ante ello, Figueroa Ortega recordó que los ordenamientos penales pasan por los congresos y por todo lo que se ha hecho a favor de las mujeres, por lo tanto, “creo que hay que aprovechar el momento para que, al menos Aguascalientes sea el primer estado donde se prescriba los hechos delictivos a favor de los agresores”.

De la misma manera se tiene que hacer en el caso de secuestros y trata de personas para que se haga una modificación legislativa, con lo que – sostiene – favorecería al esfuerzo que hacen las instituciones y a las organizaciones que han luchado por la defensa de todos los derechos, principalmente de quienes son afectados directivamente.

Reiteró que hacerlo aseguraría tener la puerta abierta para seguir con las indagatorias hasta lograr que el culpable sea aprehendido y responda por lo que hizo, lo que evitará que “el tiempo sea el enemigo de las investigaciones”.

El propósito de pedir la participación directa a la diputación estatal es garantizar que, con las reformas a la faja legal, se haga valer los derechos de los habitantes y evitar que los delitos prescriban, especificó.

PICAPORTE AL PASADO

Los festejos del aniversario de Guantes Vargas permitieron abrir una rendija a un episodio que envolvió a los dos principales actores de este evento, el propietario Juan Vargas y a José Alfredo González, dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA). Al principio de la década de los 80, González era el secretario general del Sindicato de Guantes Vargas, por lo que al no llegar a un acuerdo con el patrón sobre las demandas que presentó ordenó un paro de labores, suspensión que duró menos de un media hora, ya que de inmediato intervino el entonces líder de la FTA, Roberto Díaz Rodríguez, que no sólo dispuso anular el movimiento sino que regañó a José Alfredo por haberse precipitado, puesto que para llegar a esa situación tenía que tener la anuencia de él. Fue, por decirlo de alguna manera, un baño a tiempo para quien al paso de los años se convertiría en el máximo dirigente del movimiento obrero de la entidad, pero no sólo eso sino que llegado el momento supo cobrarse aquella afrenta, cuando en conjunción con Jorge Rodríguez León, a la sazón secretario general adjunto, desbancaron a Díaz Rodríguez. Más tarde, González le madrugó a Rodríguez León y se quedó como amo y señor de la Federación. Así, en pocas líneas, se resume un trozo de la historia que reunió a estos personajes.