Las organizaciones no gubernamentales que acompañaban al Gobierno en la creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos decidieron deslindarse del proceso por considerar que no se cumplen los estándares internacionales mínimos.

En conferencia de prensa, denunciaron que en el último borrador que les entregó la Secretaría de Gobernación no se incluye ningún apartado referente a la reparación de daños cuando empresas cometan violaciones a derechos humanos.

Recordaron que la creación del Programa Nacional surgió como una obligación del Estado de adaptar los 31 principios rectores que el consejo de derechos humanos de la ONU adoptó en la materia, en 2011.

Para acompañar este proceso de adaptación, desde 2015, el Gobierno federal creó un espacio de trabajo en el que participan el Estado mexicano, cámaras empresarias, actores internacionales y un Grupo Focal de la sociedad civil, conformado por nueve organizaciones.

“Los principios rectores tienen tres pilares, el tercero, que es el más importante, es el deber tanto del Estado como de las empresas a remediar violaciones a derechos humanos; en el último borrador (que recibimos) está totalmente ausente el pilar tres”, denunció Benjamín Cokelet, director ejecutivo de la organización PODER.

“Es decir, de tres pilares que conforman el estándar mínimo internacional, el Gobierno mexicano ni siquiera está incluyendo una tercera parte de esta normativa, por eso nosotros nos vemos en la necesidad de ya no avalar este proceso de creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos”.

Agregó que con la ausencia de uno de los tres pilares de los 31 principios rectores de la ONU, en el Programa Nacional tampoco se contempla la obligación explícita de las empresas a publicar las evaluaciones de impacto ambiental y social.

Atrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), refirió que el martes pasado tuvieron la última reunión con autoridades de la Segob, quienes les refirieron que en agosto se terminará el texto del Programa Nacional, para su posterior publicación.

En dos años de trabajo, las organizaciones entregaron cuatro informes manera interna y tres comunicaciones públicas dirigida a las autoridades federales que no fueron tomadas en cuenta, agregó Karen Hudlet, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH).

“Este era un esfuerzo que se estaba planteando principalmente para empujar el Programa Nacional hacia los más alto estándares internacionales, desafortunadamente el Gobierno mexicano desaprovecha esa oportunidad histórica de dar una muestra de liderazgo”, planteó Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de ProDESC.