Con la idea de evitar que los adultos mayores sean víctimas de engaños, abusos e incluso lleguen a ser desalojados de sus domicilios, luego de haber heredado en vida a sus seres queridos, situación en la que muchas personas se han visto envueltas y afectadas, es por lo que el diputado Mario Armando Valdez Herrera presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Aguascalientes, a fin de establecer la cláusula de “usufructo vitalicio”.

En ésta se refirió específicamente a las donaciones de bienes inmuebles que realicen personas mayores de 65 años, pues hay muchos ejemplos en los que las personas a las que han “heredado en vida” los han despojado e inclusive, dejado en abandono.

Lo que planteó es una reforma y adición al artículo 2218 del Código Civil, a efecto de que cuando la persona donante sea mayor de los 65 años, sea incluida en la escritura y además, se realice una cláusula por medio de la cual, se incluya de oficio el usufructo vitalicio a favor del donante, el cual, no restringe los derechos de las partes, sino que privilegia el derecho del adulto mayor a seguir gozando de su inmueble durante lo que le reste de vida.

Al justificar su iniciativa en el marco de la sesión celebrada ayer por la Comisión Permanente del Congreso del Estado, el legislador panalista indicó que hay estadísticas que revelan que casi la mitad de los jóvenes entre los 16 y 29 años viven de alquiler, mientras que sólo un 26% lo hacen en una casa propia y el resto lo hace en la casa paterna.

Mientras tanto, resulta que entre los 30 y los 44 años, la vida en hogar de propiedad aumenta al 63% y sube al 80% entre los 45 y 64 años, “se trata de datos que marcan unas diferencias generacionales: cada vez tenemos menos acceso a vivienda propia y sólo los más mayores son los propietarios de su casa”.

Resaltó que ante este hecho, hay personas que quieren hacer una donación de su propiedad en vida, pero viven con el temor de ser lanzados por los que ellos beneficiaron, “estamos siendo testigos de violaciones flagrantes a los derechos de las personas adultas mayores, de robos y fraudes que cuentan con el agravante de ser realizadas por la misma familia”.

Por eso, la necesidad de que el Estado refuerce las acciones ante esta situación y establezca estrategias encaminadas a erradicar este problema de ingratitud de parte de los descendientes de personas adultas mayores, a quienes es momento de brindarles protección legal, pues durante su vida productiva se esforzaron por construir un patrimonio, el cual no debería ser arrebatado “de manera arbitraria, ilegal y malagradecida”.