Por: Octavio Díaz García de León

La idea: La inédita, y algunos opinan que ilegal, remoción del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado José Luis Vargas, refleja una problemática interna que es digna de atención por tratarse de una institución de tanta importancia para la democracia en nuestro país. Quizás el Poder Judicial debería revisar sus diseños institucionales y evitar más crisis como la que ha vivido ya varias veces dicho Tribunal.

Algunos medios de comunicación opuestos al Gobierno del presidente López Obrador, realizan una ofensiva permanente contra el magistrado Vargas desde hace más de dos años, quizás por sus posiciones supuestamente a favor del Gobierno.

Sin embargo, ese mismo Gobierno al que se supone apoyaba el magistrado Vargas también lo investigó a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien primero le imputó enriquecimiento inexplicable y ante la exoneración por parte de la Fiscalía General, entonces lo acusó de posible lavado de dinero mediante una ofensiva mediática que coincidió con la campaña de los magistrados disidentes. Una vez lograda la renuncia del magistrado Vargas, el titular de la UIF no ha vuelto a salir a medios para hablar del tema.

Por otra parte, el presidente de la Suprema Corte apoyó a los magistrados inconformes, dijo que “ya no es viable” la permanencia del magistrado Vargas y le pidió que diera “un paso al lado”, quien así lo hizo, renunciando a la presidencia del Tribunal.

También el presidente López Obrador criticó a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal y les pidió que todos renunciaran mientras el grupo parlamentario de MORENA ya introdujo una propuesta de reforma legal que, entre otras cosas, propone remover a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal. ¿Fue una ofensiva concertada contra el magistrado Vargas o contra el Tribunal?

En el Tribunal Electoral van siete presidentes en los 5 años que lleva esta integración de magistrados, de los cuales tan sólo en una semana hubo cuatro presidentes distintos lo cual puede ser un indicio de que la gobernanza del Tribunal no está funcionando.

¿Cómo se podría mejorar la gobernanza, reducir los riesgos de corrupción del Tribunal y de paso evitar disputas por la presidencia como las que son frecuentes allí?

En teoría la administración del Tribunal la lleva la Comisión de Administración. Está integrada por tres consejeros de la Judicatura, un magistrado de Sala Superior que es seleccionado al azar y el presidente del Tribunal. Se le presentan cada mes una agenda de 50 o más asuntos para su aprobación, pero su intervención difícilmente llega más allá.

Si esta Comisión es la que administra al Tribunal y la manzana de la discordia es determinar quién, desde la presidencia, maneje puestos y recursos del Tribunal, a lo mejor la solución pasa por empoderar a fondo a la Comisión de Administración y evitarles esas distracciones y tentaciones a los magistrados de la Sala Superior.

Para ello la Comisión tendría que establecer un vínculo más fuerte con los operadores administrativos. Por ejemplo, nombrando al secretario Administrativo y éste a los directores generales, respondiendo directamente a la Comisión y no al presidente del Tribunal.

Si lo que se quiere es evitar riesgos de corrupción en los asuntos jurisdiccionales, se requieren mecanismos de investigación externos al Tribunal que permitan detectar enriquecimiento ilícito y otras manifestaciones de corrupción, para lo cual se tendría que modificar la normatividad actual que prevé que los magistrados se investiguen a sí mismos.

Urge evitar más crisis como las que ha vivido el Tribunal al sufrir cambios de presidentes que no han podido terminar el periodo para el que fueron nombrados, diseñar formas eficaces de combate a la corrupción y buscar una forma de gobierno institucional más estable y profesional. Está en juego la sobrevivencia de esta institución.