Salvador Rodríguez López

Los usuarios de los camiones urbanos aún no se acostumbran al pago de 9.50 pesos y ya se anuncia para marzo la revisión a las tarifas del transporte público en general, lo que de aplicarse sería un duro golpe para la economía de 300 mil personas que utilizan diariamente este servicio.

Diputados y funcionarios del gobierno del estado tienen posturas encontradas, porque mientras los legisladores aseguran que “no habrá nueva alza”, el encargado de la Coordinación de Movilidad señaló que el mes próximo comenzarán las reuniones para determinar lo que procede en el caso de los urbanos, taxis y “combis”.

Aun cuando la ley de movilidad fue aprobada por el Congreso local, en cuyas cláusulas se establece el incremento anual, la diputada presidenta de la Comisión del Transporte Público, Gladys Adriana Ramírez  Aguilar, dijo que “si bien, de acuerdo a la Ley cada mes de marzo se tendrá que hacer una revisión del importe para las distintas modalidades de este servicio, al menos por lo que respecta a los camiones urbanos está descartado”.

De concretarse lo anterior sería desacatar lo dispuesto en la legislación, y si se cumple significará un golpe muy severo para el ingreso de miles de habitantes de la ciudad capital y municipios colindantes, que a finales de 2019 pasaron de pagar 7.50 a 9.50, de manera que esta vez podría llegar a 11.50 o 12 pesos, lo que para aquellos que obligadamente deben hacer cuatro viajes diarios les reducirá drásticamente sus recursos.

Adelantándose a las críticas que pueda haber del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes en caso de que se haga el “ajuste”, ya que en su oportunidad denunció que el transporte colectivo es gravoso y complicado para una parte de la población, Ramírez Aguilar dijo que el estudio que se hizo para autorizar el aumento del pasado fin de año. puede ser consultado en la Coordinación de de Movilidad, mismo que “está debidamente fundamentado”, lo que para  legisladores y empleados públicos  puede ser así pero no para el común de los ciudadanos, que a cambio de pagar más recibieron espejitos, ya que el servicio sigue registrando las mismas fallas sin que exista una autoridad capaz de darle solución.

Contrario a la posición de la citada diputada, el encargado de movilidad en el estado, Gustavo Gutiérrez, ratificó que en marzo próximo se hará la revisión de las propuestas, para la actualización de las tarifas en las distintas modalidades del transporte público y el propósito es que “los ajustes en las tarifas sean justos para concesionarios así como para los usuarios”, por lo que adelantó “se harán estudios detallados para determinar las nuevas tarifas”.

Dijo que esto se pondrá en marcha la segunda o tercera semana de marzo, y una vez que se cuente con las peticiones de los concesionarios se hará una investigación sobre lo que solicitan y en qué se basan para, a partir de su resultado, definir cuáles serían las nuevas tarifas.

La única realidad es que viene un nuevo ramalazo para los usuarios de urbanos, taxis y combis, que se sumarán a los aumentos de precios de los productos básicos y otros servicios, lo que hace engañoso el reciente incremento a los salarios.

Aunque el transporte público no está considerado como un artículo indispensable, es algo ineludible para quien tiene que trasladarse a su centro de trabajo o de estudio y luego regresar a su hogar, por lo tanto cada alza a la tarifa es un golpe letal a su bolsillo, empujándolo a reducir sus necesidades básicas, situación que se agrava cuando se ve obligado a tomar taxi porque el autobús tardó demasiado o la unidad que pasó iba atiborrada, problemas de los que no quieren escuchar en la Coordinación de Movilidad y menos en el Congreso del Estado.

INVESTIGAR ANTES

En lugar de hacer juicios sumarios sobre los actos que hicieron administraciones pasadas, primero se tiene que llevar a cabo una indagación que permita determinar alguna irregularidad y a partir de ahí considerar si hay un presunto delito.

Bajo ese marco, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Pedro Gutiérrez Romo, subrayó que la donación de terrenos realizada en el sexenio pasado para consolidar la inversión extranjera en la entidad y provocar la creación de empleos, “no debe ser mal juzgada al ser una práctica de lo más normal entre los gobiernos”.

Sostuvo que al existir “una competencia feroz” para captar inversiones de ese tipo, lo que se ha hecho y seguramente seguirá haciéndose es parte de “una serie de estrategias para poderlas concretar”.

Las declaraciones del líder empresarial derivaron de lo que se ha comentado últimamente, que en el sexenio anterior se hizo una donación de cerca de 500 hectáreas para la construcción de la Planta Nissan II, mismos que se asegura fueron vendidos por la trasnacional en cerca de 17 millones de dólares.

Gutiérrez Romo precisó que de llevarse a cabo una investigación y se compruebe que hay un delito, que se deslinden responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes, pero no se puede adelantar vísperas sin tener elementos.

En todo caso, apuntó, hay que separar lo que significa el beneficio que aporta una inversión de esa naturaleza y lo que se haga posteriormente, porque para nadie es un secreto las facilidades que las autoridades en turno llegan a dar para atraer capitales importantes y que más tarde son altamente provechosas para la sociedad, por lo que significa en empleos y circulante y que se refleja en la economía en general.

El titular del CCEA sostuvo que “en política es (algo) común, algunos dan terrenos, otros dan exención de impuestos y todos los estados lo hacen. Básicamente dan facilidades para atraer las inversiones. Si eso pudiera derivar en situaciones irregulares, que se investigue y se aplique la ley”.

Sobre el particular hace algunos sexenios, un gobernador comentó los obstáculos que había que sortear para captar una inversión, fuera adentro o fuera del país, ya que había que “vender”, y muy bien, las cualidades que tenía el estado, principalmente en materia de paz social, certeza y respeto en las relaciones obrero-patronales, buenas vías de comunicación y un sistema de estudios superiores, además de ofrecer mayores ventajas que otras entidades, por lo que se tenía que actuar con extrema habilidad ya que al menor titubeo se podía “caer” la relación.

Además de las cualidades que como entidad debería de tener, estaba la donación de terrenos y la reducción o dispensa de gravámenes, por lo que tenía que actuarse con rapidez y táctica, ya que por en si mismo no estaba en el gobernador dar la respuesta, sino que tenía que tramitar la aprobación ante el Congreso estatal.

Son trámites que de siempre se han hecho y que deben cumplirse al pie de la letra, por lo que en los pasos dados en materia de inversión extranjera no debe haber fallas en el procedimiento, lo que no obsta para que en el curso del mismo o después pueda haber algo impropio, que en caso de haberlos proceder a una investigación hasta llegar a un desenlace, pero no hacer deducciones prematuras.

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