
El Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito ordenó a la Secretaría del Bienestar evaluar la incorporación de una mujer de 51 años al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, sin considerar como criterio de elegibilidad las restricciones de territorialidad, entre ellas, que Aguascalientes no haya firmado el Convenio para la Universalización de la Pensión para 2026.
En la actualidad, las personas con discapacidad de 0 a 29 años tienen cobertura nacional para recibir un pago bimestral de 3 mil 300 pesos, pero, para otorgar este beneficio a partir de los 30 años, se requiere la firma de un convenio de universalidad con aportaciones económicas iguales entre las entidades federativas y el Gobierno Federal.
El asunto deriva de la demanda de amparo promovida por una mujer de 51 años, residente en Aguascalientes, quien padece enfermedad discal degenerativa con dolor radicular e inestabilidad espinal L4-L5, una condición médica severa que le genera limitación funcional y motora progresiva.
Pese a encontrarse dentro del grupo de población protegido por el artículo 4.º de la Constitución mexicana, que garantiza una pensión no contributiva para personas con discapacidad menores de 65 años, la Dirección General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría del Bienestar le negó el ingreso al programa, bajo el argumento de que el Gobierno del Estado no había firmado el convenio de universalidad exigido en las Reglas de Operación 2026.
Durante el juicio, la Secretaría del Bienestar argumentó que los subsidios sociales están sujetos a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que otorgar la pensión por la vía judicial alteraría la planeación del Presupuesto de Egresos y vulneraría el interés social.
Ante esta negativa, el Juzgado Segundo de Distrito concedió la suspensión provisional, lo que provocó que la Secretaría del Bienestar interpusiera un recurso de queja para intentar revocar la medida.
Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal declaró infundado el recurso de queja, bajo el argumento de que condicionar un apoyo social al lugar de residencia de las personas con discapacidad quebranta los principios de equidad y proporcionalidad garantizados constitucionalmente.











