Desde los primeros años de vida se aprende que tiene que haber obediencia a las reglas que rigen a la vida familiar y social, y lo que incluye correctivos si llegan a incumplirse, instrucción que ayuda a comprender que en el núcleo que se mueva debe respetar las normas establecidas.

Contrario a esa definición es lo que se registra en cualquier parte de la República y de manera particular en Aguascalientes, al hacer chunga de los mandatos. Las noticias son pródigas de las agresiones que tienen lugar en lugares públicos por grupos que exigen respuesta a una situación particular o que dicen defender posturas colectivas, dañando edificios, monumentos, bloqueando carreteras y vías ferroviarias, realizando paros y huelgas en escuelas de educación intermedia y superior y posesionándose de sus instalaciones.

En todos los casos la ley es letra muerta y cuando alguna autoridad tiene el atrevimiento de aplicarla de inmediato se les acusa de estar en contra de la libre manifestación, pero si no lo hace la sociedad le demanda que atienda puntualmente sus obligaciones.

Violar la ley se ha convertido en un pasatiempo de ciertos núcleos y el cual no es exclusivo de ellos sino de los propios niveles de gobierno, que saben qué hacer para pasarse por el arco del triunfo el juramento constitucional.

A partir de este año los habitantes de Aguascalientes capital “estrenan” el cobro de Servicio de Alumbrado Público (SAP), que no es otro que el Derecho de Alumbrado Público (DAP), mismo que fue derogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo había anticipado el Ayuntamiento, que buscaría la manera de no perder los 140 millones de pesos que anualmente recauda por ese concepto, aduciendo que necesita ese dinero para la realización de obras y servicios, lo cual nadie pone en tela de juicio, sólo que suplir el nombre por otro para que todo siga igual es una burla al máximo tribunal del país y para aquellos que promovieron y ganaron el juicio, ya que lo único que hace es imitar a la empresa francesa que tiene la concesión del agua, que primero se llamó SASSA, luego CAASA y ahora Veolia, pero a final de cuentas es la misma gata, con los mismos vicios y la reiterada inconsistencia en la atención a los usuarios.

Cualquiera que sea la denominación es un impuesto que se cobra a cada familia, que no es poca cosa, ya que al consumo de energía eléctrica se carga un 10% del SAP y que sumado el 16% del IVA resulta el servicio más caro de cuantos reciben los aguascalentenses.

Según el secretario de Finanzas municipales, Alfredo Martín Cervantes García, el cobro fue autorizado por el Congreso del Estado y va encuadrado en el recibo que expide la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que significa que también los diputados se saltaron la sentencia de la Suprema Corte, que les ordenó que en la Ley de Ingresos de los municipios ya no introdujeran ese cobro y sin embargo lo hicieron bajo otra denominación.

El mismo funcionario admite que volverán a presentarse litigios de las empresas que cada año han combatido dicha imposición, los cuales “serán atendidos conforme a la normatividad vigente”, hecho que sólo beneficia a quienes recurren a los tribunales y que tan sólo el año pasado lograron que les regresaran 40 millones de pesos, sin embargo la mayoría de los aguascalentenses no tienen otra opción que pagar, ya que es difícil que a título individual o de grupo lo hagan, teniendo en cuenta el costo del apoyo jurídico.

Cervantes García hizo hincapié que “la obligación de los ciudadanos es participar en el gasto público como lo es el Servicio de Alumbrado Público”, por lo que deben aportar lo conducente, olvidándose de lo que dispone el inciso tercero del Artículo 115 Constitucional, al citar que los municipios tienen a su cargo ocho servicios públicos, entre ellos el de alumbrado público y no dedica una sola línea sobre el citado cobro.

Está claro que si a nivel federal no hay quien haga respetar la ley, entonces no puede esperarse que el eslabón primario de gobierno tampoco lo haga, cada quien manda en su territorio y quienes habitan en él están obligados a sujetarse a sus políticas, sean o no legales.

DECISIÓN DIFÍCIL

Cada vez que un menor de edad se involucra en un hecho delictuoso y que incluso puede tratarse de un crimen, de inmediato surgen demandas para que se le castigue como a un adulto, a lo que se oponen tenazmente los defensores de la infancia.

A final de cuentas nada cambia y esto motiva la decepción en diversos núcleos de la sociedad, que no aceptan las razones de los impugnadores, pues consideran que los delitos que cometen niños o niñas no pueden considerarse como una “travesura”, sino como un acto con pleno conocimiento de lo hacían y que buscaban causar el mayor daño posible.

Los castigos laxos que están previstos en la ley han provocado que crezca el número de actos delictivos de menores, que empiezan por realizar robos pequeños en su entorno familiar o vecinal y que luego pasan al asalto, a ser “tumbadores” para despojar no sólo a otros niños sino a adultos del celular o el dinero. Son los mismos que a los 15 o 16 años atracan a motocicletas, automovilistas y tiendas y más tarde son parte de una banda de asaltantes de cuentahabientes.

En el Congreso del Estado se propone modificar el Código Penal para ampliar las penas corporales, que tratándose de actos criminales sean más años de encierro, tomándose en cuenta lo que hicieron y no sólo la edad.

Dos casos recientes cimbraron a la sociedad, uno el del adolescente que asesinó con extrema crueldad a su novia, una niña de sólo catorce años y que ocurrió a mediados de enero en la colonia San Miguelito, perteneciente al municipio de Jesús María, además, el de la adolescente que sustrajo a un niño sin que haya precisado las razones que la llevaron a cometer el acto. En julio de 2018 fue condenado a dos años de internamiento un adolescente que privó de la vida a un niño de cinco años, en el mismo municipio de Jesús María, al participar en una riña callejera y que al arrojar piedras impactó al menor. A finales de mayo de 2016 la policía municipal de Aguascalientes tenía contabilizado 15 detenciones de un menor de 9 años, todas ellas por robo.

La ley determina que sin importar si el menor cometió el peor de los crímenes, sólo podrá tener un máximo de cinco años como pena, por lo que a los 20 años de edad o antes estará en la calle, lo que para los familiares del fallecido es una afrenta, y por otra parte es propenso a volver a delinquir puesto que los centros de aislamiento para menores no son para readaptarlos a la sociedad.

La cuestión está en qué hacer para terminar con esta situación, ya que hay menores que por su forma de reflexionar son adultos, pero por edad son unos niños y por lo mismo no pueden recibir el castigo que corresponde a sus actos, además que antes de modificar el Código Penal se debe tomar en cuenta las leyes federales.

URGE UN APRETÓN

Si hay un compromiso político, familiar o de amistad para sostener en sus cargos a los responsables de la coordinación de movilidad, que por lo menos se haga un apretón de tuercas, ya que son muchos los meses que han tenido para que mejore el servicio del transporte urbano y son mínimos los avances. Las quejas de los usuarios no cesan y a lo que ahora se agrega la entrega de la credencial de descuento que ha sido tortuosa, como se pudo comprobar en el trámite que deben hacer personas de la tercera edad, quienes deben esperar de pie hasta tres horas para que las atiendan, pero lo más lamentable es que hay un número restringido de entrega, de manera que si se termina tienen que volver al día siguiente a muy temprana hora con la esperanza de obtener la tarjeta para pagar menos. Hay que dejar los mensajes de escritorio, de que aquí los abuelos tienen una atención especial, y pasar a los hechos.