Rolando Herrera
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El País rompió la tendencia positiva que había mostrado en 2019 y, para 2021, retrocedió en el Índice de Gobierno Abierto en México (IGA) que elabora el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) para evaluar la apertura gubernamental.
En 2017, que fue el primer año en el que se publicó el estudio, el País obtuvo una calificación de 0.38 sobre 1.00 posible; en 2019 subió a 0.52; pero en 2021 bajó a 0.48 puntos.
«Esto es señal de que ciertos elementos del arreglo institucional en materia de transparencia y acceso a la información han alcanzado resultados que son sostenibles en el tiempo, pero que otros fueron afectados en esta medición», indica el reporte.
Entre los elementos que tuvieron un retroceso o no registraron avance, detalla, se encuentra la transparencia proactiva y los datos abiertos.
La primera es la información que de manera adicional las dependencias de Gobierno ofrecen a los ciudadanos, en tanto que los segundos son datos en formatos abiertos que se proporcionan para que los ciudadanos puedan utilizarlos y profundizar estadísticamente en ellos.
«La contracción en el índice y en los subíndices entre 2019 y 2021 se explica a partir del desempeño de los componentes que dan forma a la Métrica: de los siete que son, sólo en dos hubo mejoría (Participación desde el Gobierno y Acceso a la Información desde la ciudadanía); uno prácticamente se estancó (Datos abiertos), y el resto disminuyó su calificación (siendo el de mayor gravedad Transparencia proactiva)», señala.
Otro de los elementos que ha sufrido deterioro es el de participación ciudadana, pues no se ha incorporado mecanismos que permitan incluir a las personas en la gestión de Gobierno y en la toma de decisiones de las políticas públicas.
«En México, la participación ciudadana se asemeja a una carrera de obstáculos: si una persona decide realizar una propuesta para incidir en las decisiones y acciones de un ente público, deberá superar una serie de trabas durante el proceso que supone la materialización de la misma.
«En la mayoría de las ocasiones, estas barreras terminarán por impedir que las opiniones, ideas o propuestas de la ciudadanía sean incorporadas a las gestiones de los sujetos obligados, principalmente ante una ausencia de procesos administrativos que den cauce a las iniciativas», indica.
El IGA es una evaluación que se realiza a las autoridades de los tres niveles de gobierno, en la que se revisa su nivel de cumplimiento con las leyes de transparencia a través de la información que suben en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus propios portales, así como las respuestas que dan a las solicitudes de información que reciben de los ciudadanos.

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