El Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) debe ir más allá de elegir a su presidente y aplicar un plan de trabajo que aglutine los intereses de todo el sector, para que asegure su impulso y lo introduzca a nuevos escenarios. En lo anterior debe haber una fijación como meta, considerando que las nuevas condiciones económicas del país exigen ir a paso firme para que los negocios y el empleo arrojen resultados tangibles.

Se puede aducir que la elección del nuevo líder empresarial compete exclusivamente a los socios del CCEA, lo que es una verdad incontrovertible, sin embargo, de lo que haga o deje de hacer depende la permanencia y el desarrollo de las inversiones y la estabilidad laboral de miles de trabajadores.

La economía global reclama ser partícipes de la economía externa, pero sin descuidar la interna. Son bienvenidos los capitales internacionales, que en gran medida ayudan a amortiguar las necesidades que existen de generar mejores condiciones de vida para los aguascalentenses, lo mismo que la compraventa de productos de otros países, ya que así como se busca enviar los artículos locales a otras partes, se debe aceptar lo que procede de fuera.

Frente a esa realidad las cámaras empresariales tienen que hacer el máximo esfuerzo de apoyar a cada uno de sus socios, principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, para que tengan acceso a las nuevas técnicas de producción, promoción y venta, que se firmen convenios con las instituciones crediticias para que accedan a apoyos con intereses blandos y que se impulse la industria local y el turismo, junto con las exportaciones, al mismo tiempo que mediante la calidad de lo que se produce se reduzcan las importaciones.

En múltiples ocasiones se ha mencionado la importancia de que se incorporen como proveedores de las ensambladoras de automóviles que operan en esta ciudad y la región. Son muchas las ventajas que tendrían al ser parte de este proceso, para ello se requiere que desde el CCEA opere un programa a corto, mediano y largo plazo que incluya la capacitación de patrones y trabajadores.

Dentro de los objetivos que tenga la nueva directiva debe estar la firma de convenios con los gobiernos de los tres niveles para que se comprometan a proteger, apoyar y en lo posible alcanzar subsidios que estén dentro de las reglas internacionales, a semejanza de otros países.

También está la obligación moral de otorgar salarios remuneradores que forjen capacidad adquisitiva más que una mano de obra barata. Para apostarle a la progresión se debe competir con mano de obra calificada, que debe ir acompañada de un mejor ingreso, con lo que habrá mayor circulante y que constituya una forma de combatir la desigualdad social.

En lo interno, el CCEA debe organizar seminarios para que los socios estén al día en materia fiscal y de las leyes laborales, que son de los aspectos que requieren estar mejor preparados, además de mantenerlos informados de las acciones que lleve a cabo la administración pública que pueda favorecerlos.

Como se podrá apreciar, es enorme la responsabilidad que adquiere el nuevo presidente del CCEA y sus colaboradores, por lo que deben aprovechar al máximo el tiempo que estarán en los cargos para hacer que el organismo tenga la dinámica que de él se espera.

MAYOR INVERSIÓN

La inversión japonesa seguirá fluyendo gracias a que los empresarios de ese país han encontrado en Aguascalientes un campo muy amplio de oportunidades para afincarse, crecer y desarrollarse, lo que ha sido sintomático en los últimos cuatro años.

Como resultado de la nueva misión que encabeza el gobernador José Carlos Lozano de la Torre a tierras orientales, se logró que varias firmas externaran su interés de tener una filial en esta entidad, es el caso de Gohsyu Corporation, Kurota Seiki-Seisakusho Co. Ltd, GBG, Univance, NTN Corporation y Mitsuri Chemical Incorporated.

Además de las referencias de compañías que tienen varias décadas aquí, Lozano de la Torre ha reiterado ante los directivos que Aguascalientes ofrece opciones altamente rentables, principalmente seguridad en la inversión, un ambiente social y laboral de primer orden y una mano de obra calificada que fortalece el arranque de las operaciones.

Para el estado es de vital importancia que lleguen nuevos capitales, porque se traduce en mayores puestos de trabajo para beneficio de los jóvenes que cada año demandan espacios en el medio laboral, al mismo tiempo el salario constituye un dinero fresco que favorece a los sectores comercial e industrial.

Como parte del intercambio, el mandatario estatal anunció que en fecha próxima estarán en esta ciudad rectores de universidades y la delegación de Kanagawa, coordinada por el Memorándum de Entendimiento recién firmado con la prefectura, además, refirió que en los últimos días ha habido visitas a México de personajes de altísimo nivel, como los príncipes y el primer ministro, lo que demuestra el interés que hay de Japón en este país.

A su regreso hará una recapitulación de lo que hizo en la gira y los alcances que tendrá para Aguascalientes a corto y mediano plazo.

PAUSA UNIVERSITARIA

Aunque lograron su mayor objetivo, que fue la anulación del aumento a las cuotas, sigue latente el movimiento en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con dos grupos que le disputan el liderazgo a la Federación de Estudiantes (FEUAA).

Un viejo zorro de la política decía que atrás de una algarada siempre hay alguien que mueve los hilos, por lo que es interesante seguir la pista para conocer quién o quiénes están interesados en provocar la tirantez en una institución que por años ha estado en paz, al grado que ni siquiera ha tenido problemas laborales.

El asunto toral fue el anuncio que para 2015 se incrementarían las cuotas mensuales en un 4%, lo que aprovechó un grupo para exigir la renuncia del rector, Mario Andrade Cervantes. Se hizo ante centenares de jóvenes reunidos a cielo abierto, pero lo que más llamó la atención es que no había un líder aparente, ya que el uso de la palabra se dio a quien lo solicitó, de manera que como Fuenteovejuna, todos y nadie era responsable.

Luego que la UAA dio marcha atrás al aumento se consideró que hasta ahí llegaba la tirantez entre el alumnado, pero mediante las redes sociales continúa insistiéndose que la Rectoría se “abra” a los estudiantes y tengan mayor participación en la toma de decisiones.

Hay quienes machacan que atrás de todo están el PAN y el PRI, que buscan allegarse adeptos entre los universitarios y sobre todo tener el control de la FEUAA, como punta de lanza para la sucesión gubernamental que habrá en menos de dos años, afirmación que no resulta descabellada, tan es así que varios ex dirigentes han sido diputados y funcionarios públicos, consecuentemente, hacerlo sería algo natural.

Lo que sale del guión es que pidan la cabeza del Rector, que aun cuando no lo logren crea incertidumbre, considerándose que el verdadero propósito es incrustar a la UAA en los problemas nacionales que vive el estudiantado, que sería lo menos recomendable teniéndose en cuenta que la suspensión de clases nunca deja algo positivo, tan es así que actualmente hay instituciones que están a punto de perder el semestre, lo que afecta a la totalidad de los educandos.

DE ALGO SIRVE

Es difícil precisar los alcances que tendrá la salida de Ángel Aguirre Rivero de la gubernatura de Guerrero, pero, en primera instancia, abre los cauces para hacer una investigación más amplia, seria y profesional, que lleve al paradero de los 43 normalistas desaparecidos y la aprehensión de los autores intelectuales.

A casi un mes de que los jóvenes están ausentes la prioridad es encontrarlos y es a lo que deben enfocar todos sus esfuerzos las autoridades estatales y federales. Entre más se tarden en lograrlo crecerá el descontento popular, por lo que toda la capacidad del Estado debe ponerse al servicio de esta causa.

El avance que se tiene es totalmente insuficiente, ya que sólo está la caída de Aguirre, la presunción de que el ex presidente municipal de Iguala, José Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron los que ordenaron el operativo, y el encierro de policías de Iguala y Cocula que capturaron a los estudiantes para entregarlos a una célula criminal, que en sí abona muy poco para calmar los ánimos.

El hoy ex gobernador de Guerrero se resistía a solicitar licencia con el argumento de que es ajeno a los hechos y que salvo el caso de los normalistas no había agitación social, por lo que el estado estaba en calma, sin embargo, una turba incendió palacio de gobierno y las sedes de los ayuntamientos de Chilpancingo e Iguala, lo que dejaba en claro el clima de inseguridad e intranquilidad.

Aunque su partido, el PRD, le dio un espaldarazo en la reunión nacional, finalmente se unió a la exigencia de la sociedad para que dejara el cargo, acordando con su dirigente Carlos Navarrete Ruiz, que el anuncio lo haría primero el partido y luego él, sin embargo, la tarde del pasado jueves 23 el ex mandatario convocó a una conferencia de prensa para anunciar su separación.

Hasta el último momento defendió su situación, por lo que dejaba un informe detallado de lo ocurrido con los alumnos de la normal de Ayotzinapa, además de reiterar que reportó con anticipación al gobierno federal de las condiciones de criminalidad en la entidad.

En este escenario de tragedia, dijo: “Me niego a que el debate público se centre en que si debe o no permanecer el gobernador en el cargo. La prioridad debe ser continuar con la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y garantizar que los responsables de esas graves violaciones a los derechos humanos sean castigados”.

Por lo anterior, agregó, “y para favorecer un clima político que ponga atención a estas prioridades, el día de hoy, con fundamento en el artículo 84 de nuestra Constitución Política del Estado de Guerrero, he decidido solicitar licencia al honorable Congreso para que responsablemente decida a la o el guerrerense que deba encabezar este esfuerzo en los próximos meses”.

Ante el anticipo que se hizo en la Casa Guerrero, en la capital del país no le quedó otro camino a Carlos Navarrete que señalar que su partido está al lado de que se investigue, se haga justicia y reciban castigo los responsables y se localice a los jóvenes: “Para facilitar lo anterior, el PRD ha demandado al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a que presente al Congreso del Estado la licencia para separarse del cargo”.

El mismo jueves surgieron nombres para el relevo, principalmente de Beatriz Mojica, secretaria de Desarrollo Social, y Javier Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.

ACUSAN A EX ALCALDE

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, atribuyó al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su mujer, María de los Ángeles Pineda, de ser parte de la organización criminal Guerreros Unidos, que recibía de Abarca de 2 a 3 millones de pesos mensuales, de los cuales 600 mil pesos se destinaban para cubrir la “nómina” de la policía municipal.

Por lo anterior se entiende que los uniformados obedecieran órdenes de arrestar a los 43 normalistas y luego ponerlos a disposición de ese grupo delincuencial que los mantiene desaparecidos.

Murillo Karam aseguró que “este grupo criminal, de acuerdo con las declaraciones de los detenidos y del propio líder del grupo (Sidronio Casarrubias, ya detenido), recibía del presidente municipal de 2 a 3 millones de pesos de manera regular, mensual, bimensual, semanal, de los cuales, cuando menos 600 mil, según declaran los propios operadores financieros, eran destinados al control de la policía local, además de que el grupo delincuencial decidía los nuevos ingresos de los integrantes como policías municipales. Este líder del grupo delictivo Guerreros Unidos señaló a la señora María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego, en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca y el secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez”.

Murillo Karam sostuvo que con base en declaraciones de presuntos integrantes de Guerreros Unidos y de agentes policíacos, puede decirse que los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas son Abarca, su esposa y los jefes policíacos de Iguala y Cocula, Felipe Flores Velázquez y César Nava.

Mientras no se aprehenda a los acusados y declaren qué los motivó para ordenar la detención de los alumnos, prevalecerá el señalamiento que fue para evitar que sabotearan el informe de labores de María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF Municipal, que rendía ese funesto 26 de septiembre.

INFILTRACIÓN CRIMINAL

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que hay municipios infiltrados por la delincuencia organizada, por lo que dispuso que se ponga orden en los lugares donde se detecten situaciones irregulares.

Hay 12 ayuntamientos de Guerrero y uno del Estado de México donde las Fuerzas Armadas y la policía federal asumieron desde el domingo 19 de octubre la seguridad pública, al detectarse que los policías municipales tienen relación con cárteles del narcotráfico.

El mandatario nacional expresó que “recién instruí que las fuerzas del orden federal tuvieran participación en aquellos municipios en los que hay, de acuerdo a las investigaciones, evidencias de infiltración del crimen organizado. Como lo hacemos en Guerrero, lo hemos acreditado y seguiremos trabajando, para que, junto con los gobiernos locales, pongamos orden y evitemos que el crimen organizado se infiltre en las instituciones, sobre todo, encargadas de darles seguridad a las familias mexicanas. Esta es una tarea fundamental del Estado mexicano”.

Deploró que el esfuerzo colectivo para combatir la delincuencia, en que participan organizaciones civiles y ciudadanos en general, se vea empañado por hechos como los registrados en Iguala y Chilpancingo, los cuales son investigados.

En Chilpancingo, un grupo de embozados incendió oficinas de los palacios de gobierno y municipal y días más tarde, el 23, repitieron su actitud al prenderle fuego al palacio de Iguala. Por su parte, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg), quemaron la sede estatal del PRD en Chilpancingo y un automóvil de un trabajador del mismo partido. En ninguno de esos casos hubo intervención de elementos policíacos, por lo que el vandalismo se realizó ante la impotencia del personal que laboraba en esos momentos y que fue obligado a salir apresuradamente.

De cara a los sucesos de Guerrero, el gobierno de México planteó a la Unión Europea y a la Cruz Roja Internacional sumarse a la búsqueda de los 43 normalistas. En una carta que envió Juan José Gómez Camacho, embajador de México ante la UE, a Martín Schulz, presidente de la Eurocámara, le hace saber esa intención.

En un extracto de la carta que publicó Reforma, se destaca que “Las autoridades federales están en la mejor disposición de involucrar a otras entidades relevantes u organizaciones internacionales con capacidades técnicas para colaborar en este proceso, tales como la Unión Europea y el Comité Internacional de la Cruz Roja”.

Con lo anterior el gobierno del presidente Enrique Peña buscó evitar una condena del Parlamento Europeo, que el 15 de octubre convocó, con carácter de urgencia, a un debate sobre la desaparición de los estudiantes mexicanos. En la misiva del embajador Gómez Camacho se hace saber que la administración peñista mantiene la postura de rechazar toda clase de violaciones a los derechos humanos y cada caso es investigado para deslindar responsabilidades y llevar ante la justicia a los responsables.

AMBIGÜEDADES DE LA CNDH

De última hora, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que sí fue “fusilamiento” lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, donde 15 de 22 jóvenes que se enfrentaron a elementos del Ejército Nacional fueron presuntamente asesinados.

Después de cuatro meses de los hechos y a unos días de que se decida si es reelecto en el cargo o el Senado designa a otro, Plascencia dio a conocer el 21 de octubre la recomendación 51/2014, en la que imputa a los soldados haber sido los responsables de esas muertes.

Un total de 15 civiles, entre ellos dos hombres y una mujer, menores de edad, habrían sido ejecutados. Explicó que los restos de tres de las víctimas fueron reubicados, lo que hace presumir el “fusilamiento” y 12 más habrían sido ultimados después de haberse rendido. De los otros integrantes del grupo, cuatro habrían muerto durante el enfrentamiento y tres más víctimas del fuego cruzado.

En la recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, se subraya la alteración del lugar de los hechos, además, que la policía ministerial del Estado de México tardó seis horas en llegar, encontrando que se modificó la posición de los cadáveres y las armas, se sustrajeron los celulares de las víctimas y no se preservaron correctamente las evidencias.

La actitud de Raúl Plascencia contrasta con lo que declaró el 22 de septiembre –luego de que una testigo presencial ventiló lo ocurrido–, al citar: “Les puedo asegurar que tenemos una claridad de que se trató de un enfrentamiento que duró cerca de dos horas entre el Ejército y estas personas, de disparos de unos y otros”, con lo que desestimó que hubieran sido ejecutados, como lo aseguraba la mujer, y que ahora sí reconoce.

De cualquier manera, el funcionario busca seguir otro período en el puesto y al cual también aspiran otras 39 personas, lo que se definirá antes del 13 de noviembre, que es el plazo para que rinda protesta quien resulte electo o reelecto.