Salvador Rodríguez López

Desde finales del siglo pasado se ha insistido en la necesidad de reformar la ley de las Afores, porque llegado el momento que se retiren los primeros trabajadores bajo este régimen recibirán migajas de pensión, sin embargo ya va el quinto sexenio y continúan cavilando qué hacer.

Es un programa que prometía una jubilación muy superior a lo que tradicionalmente se había pagado, lo que en teoría tendría que ser así siempre y cuando se cumplieran una serie de obligaciones, entre ellas que el trabajador ahorrara para su retiro, lo que antes ni ahora se ha cumplido por dos cuestiones básicas: el salario es sumamente limitado y esto hace difícil que destine una parte para un fin que podrá beneficiarle dentro de 25 o 30 años y por otro lado no ha habido la suficiente difusión como para convencerlo que lo haga, pese a que es en su propio beneficio.

Por décadas se mantuvo el esquema que con las aportaciones del personal en activo se pagaban las jubilaciones, pero un buen día alguien mencionó que había un acelerado crecimiento de trabajadores que cada año se retiraba, por lo que a ese ritmo sería materialmente imposible seguir con el mismo plan y se propuso imitar el modelo chileno, que se aplicó en 1997, sin embargo a estas alturas naufragan las afores en Chile y en los demás países donde se copió.

Las únicas ganadoras han sido las empresas que administran el ahorro de los trabajadores, que supuestamente están para invertir los recursos, pero si hay pérdidas éstas se cargan al citado ahorro, lo que en el idioma de ellos se llama “plusvalía”, esto es, de cada cuenta se reduce el dinero guardado. Los rendimientos y cobro de comisiones son determinados de acuerdo a una ecuación que hicieron las mismas compañías, que por cierto son extranjeras ya que los bancos en que se depositan tienen su matriz en Estados Unidos, Holanda, España, etc.

El asesor financiero local, Gerardo Sánchez Herrera, dijo que es urgente una reforma a las Afores, que permita la competencia, la reducción de rendimientos y comisiones y se eleve la pensión de quienes se van a retirar a partir de 2024-2025. Es una demanda que está sobre la mesa desde hace más de 20 años, cuando los estudiosos del tema visualizaban lo que hoy es una realidad.

Los primeros que se retiren bajo el Afore podrían recibir el equivalente al 25% de su último salario, que será enviarlo a la pobreza extrema, por ello tiene que haber una  modificación urgente, que incluya el ahorro del trabajador y una mayor aportación patronal y del gobierno, de manera que sea algo digno lo que reciba y no un castigo.

Sánchez Herrera considera que “lo ideal sería captar el 15% de su ahorro. Si un trabajador gana 10,000 pesos al mes, 1,500 vayan a su ahorro para que alcance por lo menos una pensión del 70% de su último salario”.

Desde hace varios años se ha tenido la tentación de utilizar los recursos que manejan las Afores en programas públicos, al ser más de 4.7 billones de pesos, bajo el compromiso que al ser un préstamo en su momento el gobierno lo devolverá, pero la experiencia señala que no ha sido así.

Ante el fracaso de las Afores en Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana y México, la única solución que hay es de carácter político, por lo que “un gobierno no puede estar totalmente desconectado de lo que pide la población, (y de no hacerlo) …puede provocar una escalada mayor en el conflicto”, señaló el experto chileno Marco Kremerman, en entrevista para el periódico La Jornada, publicada en su edición del pasado 13 de mayo.

En el caso de México, lo único que queda es que los sindicatos y las centrales obreras demuestren que están al lado de sus representados y exijan al gobierno que actúe, no mañana ni el mes próximo, sino ahora, porque dejar para más adelante será tener una bomba de tiempo.

RETOCÓ INE SU NORMA

Para el proceso electoral 2020-2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) ejercerá una estricta vigilancia para que exista pleno respeto en la equidad de género y como una forma de prevenir y combatir la violencia política de género.

El 6 de junio del año próximo habrá comicios de gobernador en 15 estados, se renovarán 1,924 alcaldías, serán electos 1,063 diputados en 30 congresos locales y habrá votaciones en 431 juntas municipales, además se designarán a 500 diputados federales.

Como parte de las modificaciones que hizo el INE a su reglamento se establece la obligación del propio Instituto y de los organismos electorales estatales de informar a las autoridades judiciales cuando se tenga sospechas que han tenido lugar agresiones.

De esta manera confía que habrá garantías a la paridad de género y el absoluto respeto a los derechos político-electorales de las mujeres como parte de las obligaciones de los cuerpos electorales, asimismo se precisaron los criterios aplicados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haciendo cumplir los principios constitucionales de igualdad; se incluyó el principio de paridad horizontal y vertical en la postulación de candidaturas de mayoría relativa al Senado, por lo que se revisará cada una de las entidades para descubrir si en alguna de las fórmulas hubiera alguna inclinación que favorezca o perjudique a un género.

También hay un cambio en los métodos para dar seguimiento a la información que derive de las campañas y que incorpore la perspectiva de género y un lenguaje incluyente en el manejo oficial del Instituto Nacional Electoral.

El propósito que se persigue es que exista mayor equilibrio en la designación de candidaturas, que la atención y los apoyos que reciban sea en igualdad de condiciones y en caso de haber algo torcido o situado oblicuamente de inmediato sea denunciado y corregido, por lo que todos los partidos están comprometidos a cumplir las leyes, reglamentos y nuevas condiciones del juego político, de lo contrario habrá castigos que irán de acuerdo a la falta cometida y el grado de responsabilidad que tenga cada uno de los implicados.

El INE indicó que el proceso electoral rumbo a 2021 iniciará formalmente la primera semana de septiembre en todo el territorio nacional.

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto, señaló que el organismo ha dispuesto todas las medidas para que, sin vulnerar, ni el derecho a la salud, ni los derechos de los partidos políticos, de ciudadanos, ciudadanas, así como las prerrogativas de los partidos políticos, “las elecciones sean una vez más un factor que ordene y encause el debate político y la competencia democrática, es decir, pacífica, civilizada en nuestro país como lo ha hecho por casi tres décadas”.

REMONTAR LA CUESTA

Los estragos que ha dejado la pandemia del coronavirus no terminan de contabilizarse, sin embargo las condiciones en que están micros, pequeñas y medianas empresas, y con la proporción guardada las grandes firmas, empujan a muchas de ellas a bajar las cortinas, porque reinventarse saldría más caro que comenzar de cero. A lo anterior se agrega la casi nula confianza empresarial para invertir, por lo que los proyectos productivos previstos se encuentran suspendidos hasta en tanto se tenga un panorama global, situación que afecta directamente al empleo que tardará en recuperarse. Por si fuera poco, el nivel de inseguridad es un elemento de peso que frena la llegada de capitales foráneos, por lo que en tanto no se logren mejores condiciones seguirá  la incertidumbre. Ante el mínimo apoyo de la Federación, los gobiernos estatales han optado por hacer alianzas regionales que permitan mitigar los efectos, aunque no va a ser una tarea simple reimpulsar al sistema productivo, pero es preferible trabajar en ese sentido y no esperar a que por sí mismo mejore los escenarios. En este sentido, los gobernantes tienen que esforzarse por promover la capitalización de sus entidades y al mismo tiempo no dejar que decaiga el ánimo de los habitantes, que con sus actos ofrezcan esperanzas de que esto haya de progresar.