Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Si no hay contratiempos, hoy la Cámara Federal de Diputados aprueba las leyes secundarias derivadas de las modificaciones al Artículo Tercero Constitucional; y con estas leyes resurgen los viejos vicios en la asignación de plazas a los maestros de nuevo ingreso al servicio educativo.

Candorosamente, en la nueva Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros se establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) seleccionará a los maestros que deban ocupar las plazas vacantes, después de analizar con rigor y transparencia los resultados de la valoración de elementos multifactoriales que presenten  los aspirantes a la docencia; pero para que la SEP pueda otorgar plazas a los seleccionados se debe contar (necesariamente) con el visto bueno de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de los Trabajadores para la Educación (SNTE), en sus respectivos ámbitos de poder.

De poco o de nada servirá entonces, como en el caso de Aguascalientes, donde los aspirantes a ingresar al servicio educativo ya asistieron a cursos pedagógicos, ya elaboraron  proyectos educativos o planes de clase y ya presentaron exámenes, con el fin de obtener una plaza, si finalmente será el sindicato el que dé el visto bueno de quiénes sí y quiénes no obtendrán nombramientos. La SEP tiene los elementos académicos y pedagógicos que los aspirantes presentaron en semanas pasadas  y con base en el análisis de estos elementos se seleccionaa los mejores aspirantes para adquirir plaza el próximo ciclo escolar. Y, ¿en qué juicios de valor académico se basará el sindicato para tomar la decisión de quiénes (de los seleccionados) sí pueden o no alcanzar una plaza? No se necesita una gran capacidad intelectual para atisbar que, bajo el amparo de la ley secundaria, resurgen los  vicios que favorecen el parentesco, el compadrazgo, el amiguismo, el influyentismo y todas las demás formas de corrupción. En lo oscurito ya se maneja el tácito acuerdo de 50% para el sindicato y 50% para la parte oficial. Prácticas perversas que la administración anterior ya había eliminado, pero llegó la 4T (Te convoco para que presentes solicitud y documentos de preparación; Te analizo los documentos y valoro tu examen; Te selecciono para una plaza, pero al final… Te rechaza el que verdaderamente tiene el poder de decisión porque no eres de su  círculo cercano) y la corrupción vuelve a reverdecer.

Para la selección de directores y supervisores, la disposición de la ley secundaria es igual: las y los maestros interesados en obtener esos cargos tendrán que presentar documentos que acrediten su preparación, constancias de sus experiencias académicas exitosas y de antigüedad y hasta pueden presentar exámenes académicos, pedagógicos y administrativos; pero será el sindicato el que decida quiénes sí pueden lograr  esos cargos y la autoridad oficial únicamente valida esa determinación. Ante este orden de cosas, algunos maestros (entre bromas) ya comentan: “Hay que hacer ahorritos por si es necesario para lograr los cambios y los ascensos deseados”.

Estas disposiciones, desde luego, no deben causar sorpresas, pues desde que tomó posesión el actual Gobierno de la República y con las modificaciones hechas al Artículo Tercero Constitucional, ya se veía venir esto; toda vez que no importa tanto la educación de los niños sino quedar bien con los electores. Por las mismas razones era urgente derogar la anterior Reforma Educativa para poder hacer con las leyes lo que mejor convenga a la política y a los electores.

Es verdaderamente preocupante y contradictorio que, por una parte se lanza con bombo y platillo la Cartilla Moral para adultos mayores, padres de familia, maestros y sociedad en general; y, por otra, se legalizan los vicios que más desgarran a la educación.¿Cómo entender este galimatías?