Guadalupe Irízar
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La mitad de los ciudadanos consultados considera que las elecciones presidenciales son confiables y la otra mitad estima que no, de acuerdo con una encuesta financiada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esa percepción sobre la confiabilidad se traslada también a las elecciones de legisladores federales.
A la pregunta sobre qué diría en general sobre las elecciones para Presidente de la República y legisladores, 49 por ciento contestó que son confiables y 48 por ciento que no.
Tres por ciento dijo que no sabe o no contestó.
«Cuando la ciudadanía habla de elecciones fraudulentas se refiere a esas malas prácticas: violaciones a la ley, sobre todo en cuanto a compra y coacción del voto, intervención de autoridades y uso de dinero ilegal», indica el estudio.
A ello se sumó la percepción de 52 por ciento que considera que el crimen organizado intervino en las elecciones en sus estados.
Ese porcentaje se relaciona con la idea de que las elecciones de gobernadores y alcaldes son menos confiables que las federales.
En el caso de elección de los representantes más cercanos a su vida cotidiana, la mayoría de los ciudadanos consultados, 51 por ciento, considera que no son confiables y 45 por ciento dijo que sí.
Esta división de las percepciones ciudadanas, se multiplicó en distintos rubros que abarcó la encuesta realizada en viviendas a partir de una muestra nacional.
Se preguntó sobre democracia, instituciones electorales, partidos políticos y reforma electoral, entre otros temas.
Entre las respuestas, menos de la mitad –46 por ciento– considera que la democracia es la mejor forma de gobierno, y sólo 27 por ciento tiene confianza en los partidos políticos.
Además, 25 por ciento, uno de cada cuatro de los consultados, no sabe qué es la democracia; 70 por ciento considera que en México hay «demasiados» legisladores y 71 por ciento cree que los partidos reciben «demasiados» recursos económicos.
En cuanto a justicia electoral, 61 por ciento considera que a los partidos y candidatos que incumplen la ley se les castiga «poco».
Asimismo, 51 por ciento ve como tema prioritario que el TEPJF intervenga para que los partidos no hagan mal uso del os recursos públicos; 25 por ciento que lo haga para que los funcionarios públicos no intervengan en las elecciones, y 22 por ciento para que los grupos que antes no podían participar en política, lo hagan (como las acciones afirmativas para grupos vulnerables).