Aguascalientes es una de las ciudades en el país que registra el mayor número de fallas geológicas, por lo que miles de viviendas y edificios para oficinas están dañados, sin que exista forma de recuperar la inversión.

Es hasta ahora que se exige a los fraccionadores que no construyan en esos espacios, lo que no siempre se respeta, ya que hay quienes no quieren perder lo que pagaron por el terreno y se valen de algunos lidercillos para promover una “invasión” y de esta manera lotificarlo, y como es un acto fuera de la ley las autoridades se desentienden de lo que sucede, en lo que se conoce como “colonias perdidas”.

El Código Municipal de la capital precisa que las construcciones deben sujetarse a lo que dispone el artículo 629 sobre la ejecución de obras de construcción ya sean públicas o privadas, particularmente los procedimientos para la obtención de licencias y permisos para construir y para ocupar la vía pública, lo que incluye construcción, ampliación, estructura, demolición, urbanización, pavimentación, instalación, canalización o similar.

El perito en geología o geofísica será responsable de cualquier irregularidad durante el proceso de construcción o urbanización y en caso de que el predio esté ubicado dentro de la zona de mediano riesgo de alguna falla geológica, se debe anexar a la memoria de cálculo, el análisis y diseño por sismo de la estructura con los coeficientes, se indica en el artículo 662.

Existen alrededor de 400 kilómetros con fallas, por lo que previo a la autorización de construir, los responsables de una obra deben presentar estudios geológicos, geofísicos y mecánica de suelo, que determine si se faculta, o el lugar será destinado para zona verde o calles.

El secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial y Catastral (Seguot), Armando Roque Cruz, sostuvo que hay 400 kilómetros con fallas registrados en la entidad, la mayor parte en la ciudad capital, aunque consideró que podrían ser más, por lo que se trabaja en un comité multidisciplinario en el que participan representantes de los tres niveles de Gobierno, colegios de profesionistas, universidades y cámaras empresariales, que analizan el avance que presentan las grietas y referenciando con GPS, asimismo se tiene un registro de 2 mil 500 construcciones dañadas.

Durante la reunión que tuvo lugar el pasado 25 de setiembre, el citado comité señaló que las fallas constituyen un reto para el desarrollo urbano, por lo que hay una vigilancia permanente, principalmente en los municipios de Aguascalientes, Jesús María, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, en donde se ha detectado 241 fallas, 21 grietas y 2 mil inmuebles perjudicados, en su mayoría viviendas, en un total de 33 asentamientos en que hay casas habitacionales, edificios comerciales, de oficinas e incluso gubernamentales.

Una de las actividades centrales que el grupo lleva a cabo es hacer recorridos de verificación en las zonas dañadas y de actualización de la cartografía de las fallas y las grietas, seguimiento continuo que permite, en su caso, alertar a los habitantes si el lugar representa un peligro.

Roque Cruz rechazó que Aguascalientes sea una región en la que exista peligro de sismos, por fortuna es baja la intensidad de éstos, apuntó, tan es así que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “puso un coeficiente bajo”, pero no por ello se va a descuidar esta situación.

Se encuentra en trámite la adquisición de nuevo equipo para vigilar las cuatro zonas estratégicas, que asegure advertir el comportamiento del caso de sismos, con lo que se tendrá información actualizada, aunque en ese sentido el titular de la Seguot reiteró que no hay ningún peligro.

MAYOR SEVERIDAD

El aumento de robo con violencia, que llega a la privación de la libertad así sea por unos minutos u horas, debe ser denunciado y clasificado como secuestro, para que el delincuente reciba un mayor castigo que puede ser de muchos años en prisión.

Por regla general la víctima hace referencia de que fue asaltado y de manera intimidante la retuvieron, pero no toma en cuenta que esto es un delito aún mayor que el atraco y como tal lo debe señalar ante el agente del ministerio público, para que a la hora que entregue la carpeta de cargos subrayé el rapto de que fue objeto.

Al acentuar lo anterior, el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, señaló que el propósito de procesar al ladrón por secuestro es con la intención de que la pena que se acumule sea mayor, toda vez que el máximo castigo por robo es de 10 años, en cambio si se acredita el secuestro será como mínimo de 40 años, lo que hará pensar a quienes se dedican a este tipo de actividades.

Es un problema que se presenta principalmente cuando asaltan a una persona y la retienen por un tiempo hasta que le vacían las tarjetas bancarias o hacen compras en tiendas comerciales, algo que también se dio en fecha reciente con la agresión a empleados de la tienda Coppel, a los que mantuvieron dentro de la camioneta que transportaba productos de ese negocio, además de despojarlos de sus pertenencias personales, lo que se acreditó como secuestro.

Figueroa Ortega mencionó otro caso del que se pidió rescate a cambio de dejar en libertad a la persona retenida, de lo que hay detenidos en ambos casos, por lo que se esperan castigos ejemplares que se confía sean disuasivos para que se elimine este tipo de actos, que tanto daño causan anímica y económicamente.

Lo que hace la Fiscalía General es llevar a proceso todos los actos en los que exista violencia y se prive de la libertad a las víctimas, que como se señala puede ser por un tiempo reducido, algo que ocurrió con los trabajadores de Coppel, lo que, reiteró, “nosotros optamos por llevar a cabo los procesos bajo la figura delictiva de secuestro, aun cuando a nivel nacional pongan como el estado en que ha crecido los secuestros, pero en realidad es por la estrategia que hemos seguido”.

Es una acción que seguirá así en espera de que los asaltantes locales y foráneos lo piensen dos veces antes de actuar de esa manera, ya que lo que para ellos es un robo con intimidación, para la autoridad es un secuestro y como tal deben responder.

MAL Y DE MALAS

Si Usted, amable lector o lectora, se encuentra sin trabajo y trata de colocarse a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), hay noticias nada agradables, al haber una reducción drástica en los recursos que se destinan para esta labor. De 10 millones de pesos que estaban previstos en el curso del presente año sólo se autorizaron 3.5 millones y puede reducirse en 2021, lo que significará que las personas que buscan colocarse ya no recibirán asesoría ni vinculación con las empresas. Por sistema, en el SNE se publican las vacantes que hay en las empresas, lo que facilita que puedan ser contratadas las personas; en cambio, al restringirse el apoyo obligará a los solicitantes tocar puerta por puerta con lo que esto representa en desgaste físico, económico y moral. El presidente de la República sostiene que su Gobierno está a favor de los que menos tienen, pero en este caso hay un retroceso notable, ya que quien es desocupado pasa por una etapa muy difícil, que se agranda cuando una de las vías que de alguna manera le facilitaba volver a la actividad se ha cerrado, o es más difícil que se franquee. El SNE ayuda a quienes no saben cómo crear un currículum para que hagan una presentación decorosa que les ayude a ser apalabrados, inclusive les ayudan a que actúen con seguridad en el diálogo que sostengan con los posibles empleadores. Aunque es difícil que se dé marcha atrás, se espera que obre la cordura en las oficinas centrales y que la Secretaría de Hacienda destine más recursos al SNE para que no decaiga su labor.