Jesús Eduardo Martín Jáuregui

“Se ha de proceder contra la maldad del tirano por autoridad pública” Sto. Tomás de Aquino.

“No hay razones legítimas para obedecer a un gobierno injusto, pues la conciencia nos ordena primero ser hombres, individuos, conciencias libres y responsables, y sólo después, súbditos Henry David Thoreau.

«La no-cooperación es una protesta contra la participación inconsciente e involuntaria en el mal» Mahatma Gandhi.

 “Basta una chispa para incendiar la pradera” Mao Tse Tung.

 “No despertemos al México bronco” Jesús Reyes Heroles.

Finalmente parece que hubo una gota que llenó el vaso. El presidente contestó a la invitación al diálogo que le formuló la Presidenta de la Corte, para que conociera el trabajo exhaustivo realizado durante varios meses y en más de una decena de sedes en toda la república, para formular un diagnóstico y recoger propuestas de los interesados y los involucrados en la administración de justicia, con una negativa. No una negativa abierta, sino con la consideración de que platicaran con la secretaria de Gobernación o con representantes del Congreso. A pesar de que López Obrador ya nos tiene acostumbrados a sus desplantes autoritarios y prepotentes, me sigue preocupando su salud mental y las consecuencias de sus actitudes irresponsables en los pocos días que le quedan al frente del gobierno y la nula intención, al parecer, de contenerse, y la incapacidad o el temor de sus colaboradores o de la candidata electa para refrenarlo.

El presidente pasa por alto, no las reglas elementales de la cortesía, demasiado esperar de un tipo que no las tiene para nadie, sino el violentar la relación que debe existir entre los poderes de la Unión. El gobierno de la república es responsabilidad de tres poderes, cada uno de los cuales tiene la misma dignidad, la misma autoridad, la misma relevancia, con diferente área de acción. El presidente no es más que el Congreso ni más que el Poder Judicial de la Federación. Contestar en la forma infantil en que lo hizo no es sólo una noñería, sino una conducta irresponsable de un servidor público sujeto a las leyes, aunque le pese y aunque pretenda estar por encima de ellas por su alucinada autoridad moral y por su delirio trasnochado que le hace sentirse encarnación de la justicia.

Como anécdota, mala anécdota, hay que señalar que el presidente en su verborrea matinal señaló antier que se le pasó precisar en su iniciativa para renovar ministros, magistrados y jueces, que se suprima el requisito de la experiencia, porque en su concepto un joven egresado, limpio y no contaminado hará mejor papel como operador del derecho. Una locura como esa, sólo puede quedar como detalle anecdótico.

Las iniciativas presidenciales para reformar diversos artículos constitucionales partieron, como no podía ser de otra manera, de su capricho, de sus ocurrencias, de sus frustraciones, de sus desquites. El tiempo se le agota y quiere aprovechar sus últimos momentos de autoridad para ejecutar sus venganzas (dime de qué presumes, te diré de qué adoleces: “mi fuerte no es la venganza”). No importan los ominosos nubarrones que se ciernen sobre la economía del país, y que se han desatado ante el capricho presidencial de modificar la Suprema Corte y la integración de todos los Tribunales Federales y la sustitución de todos los jueces de Distrito. Una locura, por su magnitud, por su costo, por su falta de diagnóstico, por su falta de planeación, por su falta de motivación, por su falta de necesidad.

El presidente, a través de su Congreso lacayuno y de sus incondicionales zalameros, se sacó de la manga un “parlamento abierto”, que es una total farsa. En México no tenemos parlamento, ni abierto ni cerrado. No es más que reuniones, ni siquiera sesiones del Congreso, en que se invitan a diversas personas para opinar sobre la desquiciada iniciativa. El “chou” ya terminó. El Congreso lo había anticipado, sólo era para escuchar, no existía compromiso de analizar y tomar en cuenta las propuestas de los invitados. A los ministros de la Corte, sin duda principalísimos involucrados y conocedores, con excepción de una espuria y otra “burra” (así le llamaron en un mítin al que concurrió), tuvieron 5 minutos para hablar de 20 iniciativas que proponen reformar 51 artículos constitucionales. Menos de 6 segundos por artículo tuvo cada ministro. ¡Una completa burla!

El análisis serio realizado por el Poder Judicial Federal a lo largo de muchos meses, no mereció la atención del presidente y, desde luego, tampoco de sus lacayos.

Sin embargo, parece que, por fin, los integrantes del Poder Judicial de la Federación, magistrados, jueces, secretarios, personal administrativo (ministros no, sería demasiado) decidieron oponerse abiertamente a la reforma, toda vez que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, apéndice del Ejecutivo, no se hicieron eco de las propuestas, de las críticas, de las advertencias, de las sugerencias y de las peticiones de quienes sí saben, de los trabajadores de los poderes judiciales, de los investigadores del organismo más serio en la materia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de los colegios y barras de abogados, de entidades financieras, de agrupaciones de ex jefes de estado democráticas y de las graves señales del mercado.

Los operadores hicieron su primera protesta pública, su primer acto de resistencia civil y señalaron con todas sus letras los graves riesgos de una iniciativa sin pies ni cabeza, que pretende que los impartidores de justicia sean electos por el voto popular, lo que de por sí es descabellado. La trampa está, señalan, no sólo en la elección, sino en la forma de selección de los posibles candidatos que finalmente, si prosperan las reformas, tendrá el presidente de la república.

El dislate presidencial no solamente pone en riesgo el funcionamiento de los tribunales, la impartición de justicia, sino también el orden y estabilidad del país, de por sí endeble desde muchos puntos de vista.

No espero cordura del presidente, está fuera de sí, pero ojalá que los actores políticos que conservan autoridad la ejerzan para frenar este despropósito y proceder con tiempo, serenidad y profundidad a analizar y proponer las reformas pertinentes y oportunas para el mejoramiento de la impartición de justicia que no se limita a los poderes judiciales.

Los servidores del Poder Judicial Federal amenazan con un paro nacional.

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