Adriana Jurado Valadez

«Yo entré a trabajar en una tienda de abarrotes. Primero cargaba refrescos y cosas pequeñas, pero luego mi patrón remodeló la tienda y me obligaba a cargar costales de cemento. Me pagaba poco y no tenía seguro. Ahora siempre me duele la espalda» (testimonio anónimo de una persona menor de edad trabajadora).

El pasado 12 de junio, como cada año, se conmemoró el Día Mundial contra el trabajo infantil. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 publicada por el INEGI, 3.7 millones de personas de entre 5 y 17 años estaban en situación de trabajo infantil en México, lo que representaba más del 13 por ciento de la población en ese rango de edad.

Las niñas, niños y adolescentes no deberían trabajar en la calle, el campo o el hogar, sino en sus sueños. La educación es el motor para la erradicación de este problema público. Sin embargo, en nuestro país se limita al trabajo que realizan la federación y los estados a través de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI).

La CITI fue creada con el objetivo de coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatales y municipales en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como para la protección del adolescente trabajador en edad permitida. La integran diversas dependencias, sindicatos empresariales y cámaras de trabajadores, y esto se replica en cada entidad federativa. Falta en esta mesa, precisamente, sentar a las y los adolescentes en edad permitida para escuchar de viva voz la problemática que enfrentan en sus lugares de «trabajo» y, sobre todo, sus propuestas para mejorar sus condiciones laborales, además de cumplir con lo que ya es ley.

Pese a los esfuerzos del Estado mexicano en el ámbito legislativo y a su suscripción a tratados internacionales a favor de las personas menores de edad, lo cierto es que, en la ejecución de estas medidas, es donde quedamos a deber. Prueba de ello es que México es el segundo país de Latinoamérica con mayores niveles de trabajo infantil, solo por debajo de Brasil.

El trabajo infantil está directamente relacionado con los bajos ingresos y el trabajo precario en las familias. Son muy importantes los programas públicos para reforzar los servicios y transferencias a las familias, así como acciones concretas y articuladas para evitar el abandono escolar y reintegrar a quienes dejaron sus estudios. Es crucial evitar la discriminación y la criminalización de las familias en situación económica apremiante.

El problema del trabajo infantil es multifactorial, y resolverlo es tarea de todas y todos. Desde hace años, UNICEF ha trazado una estrategia para combatir y erradicar el trabajo infantil, destacando la puesta en marcha de cuatro acciones estratégicas: reducción drástica de la pobreza, acceso a una educación de calidad y pertinente, proporcionar empleos de calidad a los adultos responsables de las niñas y los niños, y acabar con las normas sociales que legitiman el trabajo infantil. Esta estrategia es urgente de implementar, no con el objetivo de criminalizar el trabajo infantil, sino fortaleciendo el núcleo familiar del cual provienen todas esas niñas, niños y adolescentes que, en lugar de estar en la escuela, están realizando actividades que no les corresponden, pues su papel es precisamente ser niños, ser niñas y ser adolescentes con pleno goce de sus derechos.