Lo que los gobiernos “neoliberales” rehusaron hacer por las consecuencias que traería a la industria automotriz y las aristas legales que surgirían con la medida, el presidente de la República dispuso -con una orden ejecutiva- legalizar los vehículos extranjeros que carecen de documentación, sin considerar en qué condiciones ingresaron al país.

De manera inicial la medida será en la frontera norte y con la promesa que abarcará a toda la República, lo que ha generado toda clase de interpretación y refutaciones, tanto de los vendedores de automóviles nuevos y usados como de agrupaciones de abogados, quienes razonan que es una acción eminentemente política y electorera, la cual vendrá a darle la puntilla a miles de negocios dedicados a la venta de vehículos.

Se manifiestan en contra de un decreto que regularizará las unidades conocidas como “chocolates” (derivación mexicana por lo “chueco” de su procedencia). El mandatario nacional considera que deben tener la seguridad en el bien que poseen, por lo que con menos de tres mil pesos podrán regularizarla, sin aceptar que al hacerlo va en contra de los intereses de las agencias de autos nuevos y usados, que pagan mucho más que eso en impuestos, por lo que poseedores de automóviles y camionetas que están como ilegales podrán no sólo regularizarlos sino hasta comercializarlos.

El abogado Eric Monroy dijo que se mira sólo el aspecto social y económico “sin que nadie se interese en lo legal, menos el Ejecutivo nacional que emitió el decreto, pero que claramente se hace para utilizar a las personas que tienen autos chocolates, pensando que son los pobres quienes tienen este tipo de coche y que podrían ser presa fácil de proyectos políticos”.

Sostuvo que el propósito de hacerlo tiene un fin electorero, por lo que no cree que trate de darle certeza jurídica a los poseedores, “muchos de los cuales sí son pobres, sí son campesinos, pero no delincuentes, porque la justificación para tener el padrón supuestamente es para contener a la delincuencia que llega a utilizar este tipo de autos”.

Al respecto, de los actos delictivos que tienen lugar en Aguascalientes son mínimos los que se llevan a cabo con vehículos que tienen placas extranjeras o sin ellas, más bien los asaltantes usan automotores que se roban en otra ciudad y se sabe de ello cuando son capturados por la policía.

Uno de los gremios que serán perjudicados con esa acción es el de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, que al decir de su presidente Juan Carlos Thomas Grovas, el decreto, aún cuando sea sólo aplicable en la frontera, se tiene el riesgo latente que se lleve a cabo en el resto del país, lo que a su consideración “se premia a la corrupción y a la mafia”.

Agregó que como es del conocimiento público, en los últimos cuatro años el sector automotriz ha enfrentado situaciones difíciles y principalmente en 2020 y parte del presente año a raíz de la pandemia, por lo que el propósito presidencial “viene a dar una estocada adicional, primero al sector secundario, puesto que hay personas que buscan colocar su auto seminuevo para comprar un modelo más reciente o nuevo, sin embargo esta es la última parte de la cadena, pues se perjudica inclusive al sector productivo de autos en general, que es una de las actividades más productivas de la economía mexicana”.

Por su parte, Felipe Hinojo, dirigente de la Unión Campesina Democrática, manifestó que el presidente de la República pretende engañar, porque lo único que se hará es expedir un simple permiso para circular, para con ello tener ubicados a los poseedores y por lo cual tendrán que pagar 2 mil 500 pesos. Aseguró que en ninguno de los párrafos del decreto menciona de una posible legalización, lo que de hacerse tendría en orden los documentos de propiedad y así poder pagar impuestos y de esta manera estar seguros del bien que tienen. El único medio para autenticar la posesión puede ser a través de la Aduana, por lo que hacerlo por otra vía es sólo una treta, puntualizó.

MEJOR NO SE METAN

El asunto del transporte público, que conforme avanzan las semanas va de mal en peor, atrae la atención de los diputados locales, que sin saber por qué está en esas condiciones, buscan inmiscuirse en el debate, aunque no saben cómo ni qué van a decir, pero eso sí, se declaran listos para el análisis.

La verdad, dicha con todo respeto (perdón por utilizar la palabreja presidencial), primero tienen que conocer a fondo cómo está este asunto y para empezar podrían entrevistarse con el líder de los choferes, Roberto Mora Márquez y con el licenciado Juan Raúl Vela, miembro del Grupo Express, castigado por la Dirección de Movilidad ante la negativa a doblegarse a intereses innobles.

Tanto Roberto como Juan Raúl tienen el pulso exacto de lo que ocurre en el transporte colectivo, por lo que pueden orientarlos para que sepan si les conviene meterse, políticamente hablando, en un terreno abrupto que seguramente dará para más conforme avance el tiempo.

Diputadas o diputados que presidieron en las pasadas legislaturas la Comisión del Transporte únicamente sobrellavaron el cargo, sin ahondar mayor cosa, concretándose a dar algunas declaraciones sin dar un paso efectivo para exigir que mejorara el servicio.

Mayra Guadalupe Torres Mercado, diputada del PAN que recién fue designada como presidenta de la Comisión de Transporte Público en el Congreso Estatal, dijo que “algo se tiene que hacer con el proyecto de movilidad, pues los usuarios siguen inconformes con la calidad del servicio y los transportistas siguen con su demanda de aumento a la tarifa”.

Lo que hacen los miembros de la citada Comisión “es hacer una evaluación de la Ley de Movilidad, para, con base en ésta, presentar algún planteamiento y en caso de ser necesario modificar o sugerir cambios para que las condiciones del servicio sean mejores para los usuarios”.

Aunque se dicen “representantes populares”, lo que hacen las y los legisladores “es dar nuestro punto de vista” y ver si hay “recovecos” en la ley “o dar algún punto de vista de mejora “que permita ayudar a revolver los problemas”, sin dejar de reconocer que son asuntos que compete a la coordinación de movilidad.

Le dan muchas vueltas a una cuestión, que si hubiera un poco de interés para que pronto se resolvieran los problemas, no obstante podrían entrevistarse con el líder sindical de los operadores y con miembros del Grupo Express, independientemente que lo hicieran con funcionarios del Gobierno Estatal, pero se observa que con dicha Comisión va a suceder lo mismo que con sus predecesores, que de las declaraciones no pasaron.

DOMINÓ EL SUPREMO

Los vecinos de la colonia Ferronales saben hoy lo que es el supremo gobierno, que como en tiempos de Don Perpetuo del Rosal impuso su ley. La construcción de negocios en la zona de los antiguos Talleres Ferrocarriles, contigua a este emblemático asentamiento, sigue adelante, sin que se escuche el reclamo de los residentes, al considerar que una vez que entren en funcionamiento se acabará la paz de que gozaron por casi un siglo. Han sostenido que no están en contra de la modernidad, sino que se tome al sector como patio trasero, ya que si actualmente soportan el ruido que hay por las obras en marcha, mayor será cuando entren en operación, pero la autoridad desoyó sus quejas al grado que mientras ellos han hecho actos de protesta los trabajos continuaron.

¡Participa con tu opinión!