El colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) dio a conocer los resultados de una evaluación ciudadana sobre el funcionamiento del Congreso del Estado. Se trata de un instrumento llamado “Cimtra Legislativo” que analiza 8 rubros, de los cuales a cada uno da una evaluación de 0 a 100 puntos.

El estudio fue realizado en colaboración con la sede local de la Coparmex, la CROM, la Barra de Abogados del estado de Aguascalientes y “Podemos Cambiar Aguascalientes”, A. C., y busca “fortalecer los esfuerzos en el combate de la corrupción y la impunidad para tener gobiernos y políticos transparentes, eficientes y eficaces”.

La herramienta fue aplicada al portal del Congreso del Estado con fecha 20 de octubre y luego se realizó el análisis de la evaluación. “La información debe ser accesible de manera irrestricta y sin necesidad de escritos, solicitudes, visitas o requisitos parecidos”, explica el informe.

Los aspectos que resultaron con la evaluación más alta son: “Documentación Legislativa”, con el 57.1%; “Integración y estructura”, con 52.4%; “Desempeño Legislativo”, con 39.7% y “Acceso a Información Pública”, con un 18.8%. Los aspectos con menor puntaje obtenido son: “Vinculación Ciudadana”, con el 17.4%; “Gastos”, con el 16.7%; “Administración”, con 8.7% y, finalmente, “Control interno” con 0%. Este último, debido a la carencia de información en este rubro relativo a auditorías (administrativas, financieras, de desempeño, por ejemplo). El promedio de los ocho rubros es de 26.3%.

En entrevista para EL HERALDO, Fernando Aguilera Lesprón, quien encabeza Cimtra en la entidad, explicó que una de las revelaciones más preocupantes del estudio, es la falta de información sobre la cuenta pública de los recursos asignados al legislativo. Aclaró también que esta es la segunda ocasión en la que se aplica este instrumento -la previa fue hace tres años- y que, en pocas palabras, los resultados revelan que “tenemos un congreso opaco” y que, a pesar de los avances normativos en materia de transparencia, poco se ha hecho al respecto.

“Si los sujetos obligados cumplieran al cien por ciento con lo que marca la Ley, tendrían al menos un 50% de la evaluación”, pues el estudio “reconoce” cuando la autoridad es proactiva al transparentar la información.

Finalmente, entre las conclusiones del estudio, destacan: No se incluyen las declaraciones fiscales de los diputados y en el caso de un legislador “no existe declaración patrimonial, de interés y fiscal”; Familiares de dos representantes populares son trabajadores del Congreso local; En la declaración patrimonial de tres legisladores no especifican el valor de propiedades así como un diputado no presenta declaración patrimonial.

Por otro lado, “no se encuentra el plan de trabajo para el periodo de sesiones o cualquier otra temporalidad de cada diputado, así como su informe de trabajo semestral o anual por periodo de sesiones”, ni se publica “información sobre cada proyecto discutido y votado en el pleno”. Además. “No existe información sobre el gasto público realizado por concepto de asesorías a los diputados o al Poder Legislativo, ni de los recursos económicos y/o materiales adicionales a la dieta de los diputados”.