Antonio Baranda 
Agencia Reforma

CDMX.- El Ejecutivo federal tronó contra la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), luego de que ésta afirmó que el proceso de consulta indígena y el ejercicio participativo sobre el Tren Maya no cumplieron con estándares internacionales.

En un pronunciamiento difundido por Presidencia, Secretaría de Gobernación, e INPI, sostuvo que la ONU-DH México no sólo perdió objetividad, sino que abonó a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la decisión que tomaron las comunidades indígenas.

«(Posición) válida y respetable desde luego, cuyo único resultado satisfactorio habría sido el rechazo del proyecto, lo cual no fue el caso. Con esta actitud se aparta de su misión de construir las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos», sentenció.

«Expresamos nuestra preocupación ante las descalificaciones que han vertido diversos actores, en especial la ONU-DH México, pues prejuzgando sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la legítima voluntad que han expresado las comunidades indígenas».

El Gobierno federal argumentó que los estándares internacionales que prevén y garantizan la consulta indígena son principios generales que los Estados deben adecuar a las realidades y particularidades de los pueblos y comunidades involucradas.

«Por ello, en la consulta indígena fueron adecuados dichos estándares a las características específicas del Proyecto de Desarrollo Tren Maya, obra de modernización y ampliación del tren que actualmente funciona en los estados de Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán», señaló.

«De esta manera, el protocolo y la convocatoria contemplan una consulta de carácter general a todas las comunidades indígenas ubicadas en el área de influencia del proyecto, así como consultas específicas a comunidades que sean susceptibles de sufrir un impacto directo o significativo».

Afirmó que la consulta se sujetó a reglas y principios que privilegiaron la participación de todos y, como lo informó en días pasados, destacó la realización de 30 asambleas regionales, 15 informativas y 15 consultivas, a las que acudieron 10 mil 305 personas de mil 78 comunidades de cinco estados.

«En este sentido, lamentamos que algunas de las voces que hoy se pronuncian en contra del proceso de consulta y del proyecto de desarrollo, no hayan acudido a las asambleas regionales, a fin de poner en manos de los participantes sus opiniones y críticas», abundó.

«Así como su propuesta de desarrollo. Respetamos su posición política, pero no compartimos que la descalificación sea el método para posicionar las demandas que dicen abanderar en nombre de sus organizaciones».

Luego de que la ONU-DH también observó que las comunidades manifestaron su aval al proyecto como una vía para recibir atención a sus necesidades básicas, como agua, salud y educación, el Gobierno federal sostuvo que es aventurado afirmar eso sin fundamento.

Aseveró que en las asambleas no hubo una sola manifestación en este sentido, como se puede observar en el posicionamiento, evidencias documentales y videograbaciones del proceso de consulta.

«Antes bien, tratándose de un proyecto de desarrollo, se estima oportuno, complementario y pertinente que las comunidades indígenas presenten temas de desarrollo económico, social, territorial y de infraestructura a funcionarios públicos», apuntó.

«Afirmamos con claridad que no existe acuerdo alguno en el que las comunidades y pueblos indígenas autoricen el despojo de sus tierras, la destrucción de su cultura o la devastación del medio ambiente».

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