Jesús Guerrero
Agencia Reforma

CHILPANCINGO, Guerrero.-Por rehusarse a casarse con un menor de su comunidad a cambio de un pago de 200 mil pesos en efectivo, que recibirían su madre y hermanos, una niña fue encarcelada por la Policía Comunitaria de Joya Real, perteneciente al municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.
Nayeli «N», de 14 años de edad, iba a ser obligada por su familia a contraer matrimonio con un menor de 15 años, cuyos padres ofrecieron esa cantidad para amarrar el enlace, que iba a ser avalado por el comisario municipal del pueblo.
Las pláticas para el matrimonio forzado comenzaron desde el pasado viernes, cuando los padres del futuro esposo llevaron a la casa de la menor comida y bebida para pactar la boda.
Otra fiesta con comida y bebida se realizó el domingo, cuando acordaron que la ceremonia se llevaría a cabo la mañana del lunes en la casa del «novio».
Ese día, luego de la ceremonia, la familia de Nayeli recibiría el pago de 200 mil pesos en efectivo.
Llegó el lunes y todo estaba listo para la boda; sin embargo, mientras corrían los preparativos Nayeli se fugó de su casa horas antes de la ceremonia.
Para evitar ser vendida, la menor se fue a refugiar a la casa de un amigo identificado como Alfredo «N», quien también es menor de edad, y que vive en la misma comunidad indígena Na Savi.
La fuga de Nayeli molestó tanto a sus familiares como a los de su futuro esposo, quienes se dedicaron a buscarla por toda la comunidad sin poder localizarla.
Desesperados por no dar con su paradero y ante el temor de que se cayera el acuerdo, las dos familias pidieron el apoyo de la Policía Comunitaria para ubicar a la niña, a quien finalmente encontraron en la casa de su amigo Alfredo.
Tras ser localizada, las autodefensas, encabezadas por su comandante, encerraron ese día en la cárcel de la comisaría del pueblo tanto a Nayeli como a Alfredo.
La menor fue puesta tras las rejas por dos motivos: la primera para obligarla a que se realizara el casamiento como estaba previsto, y la segunda, por que en caso de que no lo hiciera, su encierro garantizaría que su familia pagara los 56 mil pesos de gastos prenupciales que habrían hecho los padres del «novio», según sus cuentas.
Al enterarse del encarcelamiento de la niña, el lunes por la noche, autoridades de la Fiscalía Regional de Tlapa y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidieron el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Agentes de la Policía Ministerial, de la Fiscalía de Guerrero y de la Policía Estatal, así como el delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y activistas del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan acudieron el martes a la comunidad de Joya Real para liberarla.
«El ambiente estuvo muy tenso porque nadie sabía como iba a reaccionar la gente de la comunidad», dijo una persona que acudió a Joya Real.
Mencionó que ningún empleado de la Secretaría de la Mujer aceptó acompañar a esta brigada de rescate.
Cuando la Policía Ministerial, personal de la Fiscalía y de Tlachinollan llegaron al pueblo, el comisario municipal ya no estaba ni tampoco los integrantes de la Policía Comunitaria, quienes fueron los que encarcelaron a Nayeli y a su amigo Alfredo.
Los enviados de Tlachinollan, que llevaban un traductor en idioma Na Savi, dialogaron con los principales del pueblo, quienes aceptaron que los dos menores de edad fueran liberados.
Nayeli y Alfredo fueron trasladados a Tlapa, donde recibirán ayuda psicológica por parte del DIF de Guerrero.
La Fiscalía estatal analiza si se integra una carpeta de investigación contra la Policía Comunitaria, el comisario de la comunidad y los familiares que pretendían casar de manera forzada a Nayeli.

Promesas
Apenas el pasado 10 de noviembre, la Gobernadora Evelyn Salgad presentó una estrategia de 20 puntos para erradicar la venta de niñas en la Montaña de Guerrero.
Dichas acciones se pusieron en marcha luego de que se dio a conocer esta práctica en municipios de esta zona marginada de Guerrero, atribuida a «usos y costumbres» de los pueblos originarios.
Sin embargo, para el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, ese acto oficial que encabezó la Gobernadora morenista y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino, fue un evento que no reflejó de manera integral de cómo resolver a fondo este problema.
«No se invitó a las autoridades tradicionales de las comunidades para que expresaran su voz con propuestas», expuso el activista.
«Los funcionarios deben de ir a los pueblos, hablar con las autoridades y la gente porque realizar un acto oficial en Tlapa no resuelve a fondo las cosas», dijo.

¡Participa con tu opinión!