Introducción

Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, como ya se los había anticipado la semana pasada, a partir de esta entrega comenzaré una serie relativa a exponer qué es la regulación de los servicios de agua, en donde tomaré algunos elementos que ya en otras ocasiones les había compartido en esta columna. Como lo mencioné, será una serie en la que, a modo de introducción, expondré conceptos para que en un su momento podamos abordar lo más complejo. Además, el fin de este espacio es compartirles conceptos y que cuando se hable sobre determinado tema, ustedes puedan comprenderlo, porque esta sería la única manera de ir conformando una auténtica cultura hídrica.

Antes de exponer qué es la regulación, sus objetivos y fines, considero relevante recordarles cuál es la panorámica nacional de los organismos operadores de los servicios de agua, partiendo de una situación particular en la historia del país, entre las diversas reformas que han sido de buena intención, pero que en su mayor parte terminan por complicar los escenarios y en ocasiones los problemas.

En 1999, el presidente Ernesto Zedillo presentó un paquete de reformas entre las que venía el Artículo 115 que hasta antes de esa reforma permitía que los servicios de agua los prestará ya sea el municipio o los gobiernos estatales de manera conjunta, sin embargo, al imperar la visión municipalista se planteó que se le diera esa responsabilidad de manera definitiva a los municipios, pero inevitablemente la realidad terminó por exhibir la precariedad en los más de dos millares de municipios existentes en el país.

¿Qué problemas se generaron o exhibieron con la descentralización?
Comenzaré por enlistar cuáles fueron dichos problemas o circunstancias que se presentaron: a) Multiplicidad de regulados; b) Dificultad para la aplicación de subsidios; c) Se crean zonas de servicio más pequeñas y heterogéneas; d) Es común que los municipios no tengan los recursos necesarios para la prestación eficiente de los servicios; e) La municipalización muchas veces ha resultado en la politización de decisiones y mal uso de recursos públicos; f) Falta de atención a las áreas rurales; y g) Dificultad para establecer incentivos para la protección de fuentes de captación de agua y el control de la contaminación hídrica.

A su vez, la problemática en los organismos operadores en los municipios presentó lo siguiente: a) Infraestructura inadecuada; b) Tarifas bajas; c) Falta de coordinación interinstitucional; d) Baja eficiencia; e) Insolvencia económica; y f) Sobreexplotación de acuíferos en la mayoría de las comunidades.

Esa panorámica terminó con la buena intención planteada con la reforma presidencial y en varios casos dejó en una orfandad a los municipios, pero peor aún en la prestación de los servicios de agua, principalmente porque la rotación de personal en cada municipio es por tres años, y los pocos avances logrados en capacitar al personal se van al traste con los cambios de administración.

Los escenarios son complicados, en diversos foros se discute y propone, pero los avances son pocos, aunque significativos; la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), ha hecho esfuerzos continuos y relevantes al respecto. Sin embargo, es importante matizar que en donde hay resultados positivos es porque existe voluntad política por parte de los titulares del Ejecutivo y de sus directivos de las dependencias que encabezan el sector agua (además de que conozcan verdaderamente el sector agua), haciendo un trabajo de sensibilización hacia los presidentes municipales principalmente en la implementación de mecanismos e instrumentos de política que faciliten, para que los municipios se comprometan a incorporarse a esquemas que permitan avanzar.

Ante esta panorámica con la que he abierto esta serie, vamos entonces a exponer qué es la regulación y porqué se propone, con los problemas que se mencionaron: la fragmentación de autoridad, la falta de conocimiento y los problemas inherentes. La implementación de una política regulatoria para la prestación de los servicios de agua es una alternativa que brindaría certeza. Así que vamos a exponer qué se entiende por regulación.

¿Qué podemos entender por regulación para el sector agua?
Se habla de la regulación económica, en el sentido de poder regular las relaciones entre oferentes y demandantes para evitar la práctica de situaciones monopólicas y especulativas. En el caso de los servicios de agua potable como monopolio natural que es, requiere de regulación ejercida por la autoridad cuando no se presentan condiciones de equilibrio ente quienes prestan los servicios, las autoridades y los usuarios. La regulación no se reduce sólo a leyes, reglamentos o normas, sino a diferentes instrumentos de política pública.

Es preciso dejar en claro que establecer una política regulatoria, no es cosa que se haga en una junta o sesión de trabajo, ya lo manifesté la semana pasada, requiere tiempo, un promedio de dos a tres años. No puede ser un enfoque simplista, sino que requiere de reformas legales y cambio de rumbo en la política del sector, una sensibilización a los actores políticos, una arquitectura institucional de la gestión del agua que brinde solidez y blinde al organismo operador y todo el esquema que rija a la prestación del servicio y a la propia política regulatoria ante los cambios de administración en cada trienio, evitando que se retroceda. La próxima semana continuaré exponiendo los componentes básicos de la política regulatoria que sería idónea para el caso de la prestación del servicio en nuestro municipio, porque estas acciones deben tender para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.
Comentarios: saalflo@yahoo.com
Nota: Les recomiendo amables lectores que para mayor información sobre regulación, ingresen al sitio cuyo vínculo aparece al final, correspondiente a la Revista Agua y Saneamiento número 72, junio 2017, dedicado al tema de la regulación de los servicios de agua.
http://www.aguaysaneamiento.com/docs/AyS-72-09-JUNIO-FINAL.pdf