Érika Hernández
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) enfrentan atraso en sus ministraciones y negativa de gobiernos estatales para subsanar recortes, por lo que prevén meses complicados.
Consejeros electorales y líderes de oposición advierten que ese «ahorcamiento» presupuestal en algunas entidades es una estrategia política para controlar y debilitar a los institutos electorales, porque está en riesgo su financiamiento.
Los recortes son una práctica de gobiernos y congresos dominados por Morena, por el PRI o la alianza PAN-PRD.
Los institutos batallan para el pago de suministros, servicios y nómina o adeudos de elecciones anteriores, así como para entregar financiamiento a los partidos.
«Quieren doblegar a esos institutos para someterlos y controlarlos. Son recortes que no tienen fundamento legal», afirmó Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE.
Según el último informe del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la situación financiera de los Oples, pese a que han recurrido a tribunales, congresos y gobernadores, no han conseguido reponer parte de los recortes presupuestales que les aplicaron este año.
«Se advierte en algunos casos cierta intencionalidad política de los gobiernos estatales por debilitar a los Oples, a fin de dar argumentos a la propuesta del Gobierno federal, de querer absorber en un solo órgano electoral a las funciones que hoy se tienen de manera local», dijo el representante panista Víctor Hugo Sondón.
El Ople de Campeche solicitó 166 millones de pesos pero la Secretaría de Finanzas estatal le negó el presupuesto, y tampoco ha entregado 2.8 millones de pesos para pagar las prerrogativas del PRD.
En Coahuila, se demandó al Gobierno local al menos 36 millones de pesos para gastos operativos, de los 88 millones que le recortó, pero sólo les han entregado 7.2 millones.
En Chiapas, la autoridad le debe 50 millones del año pasado, además de solicitar 18 millones de pesos por el recorte de 2022, a fin de pagar deudas e incrementos salariales a empleados de base.
En tanto, al Ople de la Ciudad de México le niegan 198.5 millones de pesos, pese a que el Tribunal Electoral local ordenó al Congreso aprobar un incremento y exigir al Gobierno capitalino ejecutarlo.
«(La falta de recursos) imposibilitaría su operatividad para octubre, noviembre y diciembre de 2022. Parte de los recursos de financiamiento público de partidos políticos correspondientes a 2022 se utilizaron para cubrir actividades sustantivas», advierte el INE.
Por ello, sin recursos adicionales, los partidos dejarán de recibir 118 millones de pesos.
En Nayarit, el Gobierno no ha respondido sobre la ampliación de 24.4 millones de pesos que solicitó el organismo para su gasto operativo, ante esto, se asegura que sólo podrán cumplir con actividades calendarizadas en agosto.
En Zacatecas, la autoridad tampoco ha dado respuesta sobre los 14.7 millones de pesos que pidió para concluir el año.
En Morelos necesitan 40 millones para concluir bien el año, pues los recursos con los que cuentan les alcanzan para la operatividad hasta agosto, además de carecer de recursos para una consulta ciudadana sobre la creación de un nuevo municipio.
A otros ocho Oples no sólo les recortaron recursos, sino que la bolsa aprobada les ha llegado con retraso.
Por ejemplo, a Durango le adeudan 18.6 millones de pesos marzo.
«Es un poco de austeridad y de control (el recorte). Los gobiernos y congresos saben cuál es su responsabilidad», indicó el presidente del Ople, Roberto Herrera, quien precisó que el recorte fue de 47 por ciento.
«Ahorrar es importante, pero es distinto a ahorcar a las instituciones, llevándolas a la inoperatividad, lo que saldría más caro, pues el costo no es en términos económicos sino democráticos», criticó la consejera Dania Ravel.