René Urrutia De La Vega

El pasado 8 de septiembre el Senado de la República, por medio de la Comisión de Puntos Constitucionales instaló una mesa de trabajo para el análisis de las reformas que se han propuesto al Sistema de Justicia Penal -que por cierto, se cuentan por cientos de iniciativas- encaminadas a cambiar, en algunos casos para fortalecer el servicio público de administración o impartición de justicia, pero en otros, únicamente a fortalecer las estructuras políticas para intervenir en la vida institucional del poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de los Estados.

El Sistema Procesal Penal acusatorio es demasiado joven, parte de la reforma constitucional en materia penal y de Derechos Humanos de 2008 y se implementó en forma generalizada en todo el territorio nacional en 2016, ocho años después, francamente con demasiado desorden en el proceso de implementación, lo cual no quiere decir que no haya habido aciertos, pero lamentablemente fueron más los desaciertos, la falta de coordinación, de claridad y de visión.

Todo ello, una vez más, ha derivado en la aparente necesidad de reformar el sentido y contenido de la reforma al sistema de justicia penal más importante del último siglo y que esto ocurre en el contexto de una situación grave de inseguridad y violencia en la mayor parte del país, pero además en otro contexto, no menos importante, de una condición política y social sumamente compleja que mantiene polarizada a la opinión pública y ciertamente dividido a México.

Tengo la impresión de que no hemos entendido que el Sistema Penal Acusatorio no va a funcionar haciendo reformas y adiciones (parches) a nuestro texto constitucional y a las leyes secundarias, sino mediante el diseño de estrategias y procesos serios, profesionales y eficientes para mejorar sustancialmente la operación de procedimiento acusatorio, aplicando los principios, las reglas y las formas que ya tenemos, quizá haciendo ligeras modificaciones indispensables, pero poniendo el enfoque en ponerlo a funcionar con resultados y sólo entonces, mediante un ejercicio democrático,  técnico, indispensablemente ausente de cualquier tipo de tintes o intereses político partidistas, hacer los ajustes constitucionales y legales mínimos e indispensables para mejorar la operación y, por ende, los resultados que debe arrojar dicho sistema, pues mientras sigamos creyendo que haciendo parches y más parches a nuestras leyes, la mayor parte de las veces por meras ocurrencias, vamos a seguir teniendo los mismos resultados y no los que deseamos, que cada vez son más urgentes.

Nuestras autoridades deberían estar enfocadas, con toda su capacidad y voluntad, en fortalecer estructural y operativamente a las instituciones y dependencias de todo el Sistema de Justicia Penal, proveyendo de más y mejores presupuestos con un sistema correcto y ciudadanizado de rendición de cuentas efectivo.

Puedo asegurarles, con absoluta responsabilidad de lo que digo, que los resultados en materia de justicia y seguridad, que deben versar sobre combate o disminución de la impunidad y, en consecuencia, de disminución paulatina pero sostenida de los índices delictivos, pueden alcanzarse mediante una operación sistemática, ordenada y responsable del sistema acusatorio tal como está ahora planteado, primero hagamos que funcione como fue diseñado y luego aplicamos las modificaciones necesarias, no se si me explico, de lo contrario vamos a caer en la práctica de siempre: populismo legislativo, cero resultados.

Mientras esto escribo circula la nota de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado, mediante votación mayoritaria muy cerrada, la constitucionalidad de la consulta popular propuesta por el Presidente de la República para decidir el enjuiciamiento o no de los expresidentes. Lamento no sólo la decisión dividida de la Corte, sino que con ello se atesta un duro golpe a la democracia y a la justicia. No me manifiesto a favor o en contra de juzgar a nadie, sí totalmente a favor de la aplicación de la ley de manera objetiva, firme y útil a los fines de la nación y en ello absolutamente en nada interviene la voluntad popular, pues ésta se ha manifestado ya en la creación de la ley mediante un principio de representación, siendo inconcuso duplicar la voluntad del pueblo para dilucidar si se aplica o no.