La aprobación de la reforma energética será perjudicial para los trabajadores, quienes tendrán pérdidas por 6 mil millones de dólares en sus Afores, debido a que éstas han sido depositadas en fondos de inversión, en acciones y en proyectos de energías limpias que se cancelarán, advierte el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera.

El especialista en Afores comentó que desde el año 2013 en que tuvo lugar la reforma energética con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, a las Afores se les dio la oportunidad de invertir en proyectos y en acciones de generación de energía limpia. “En un portafolio de repente hay varias acciones, tal es el caso de IEnova e Iberdrola que son empresas que generan energías limpias y otras más, entonces recursos de estas Afores van a estos proyectos o a estos bonos y son pagarés que emite la empresa para obtener recursos a cambio de pagarte un interés”.

Afirmó que de aprobarse la reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador un 50% de las Afores se verían afectadas tales como: Citibanamex, Zura, Principal, Afore XXI Banorte y Pensionissste, toda vez que en sus portafolios están empresas de energías limpias y proyectos que generan rendimientos en los recursos de los trabajadores.

Aclaró que en este caso no ocurriría como en la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco, cuando el Gobierno Federal pagó el 100% de las inversiones de las Afores de Zura y Pensionissste, quienes apostaron por dicho proyecto, toda vez que habría un cambio en la Constitución por lo que serían más difíciles los arbitrajes internacionales, tardarían más tiempo y sería muy probable que el Gobierno no pague estos bonos ni estas acciones.

Destacó que al momento de que cambie la Constitución, el Gobierno Federal contaría con un escudo protector para no indemnizar a todas estas empresas de Afores y al final los perdedores van a ser los trabajadores porque van a ver registradas minusvalías en sus estados de cuenta, por lo que se estima que los rendimientos pudieran caer en un 10% y que representarían unos 6 mil millones de dólares y una caída de un 6% del Producto Interno Bruto del país en el primer año en que entrara en función esta nueva reforma.

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