Fernando López Gutiérrez

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Durante el proceso de discusión de la reforma constitucional en materia de energía en el Senado de la República, las comisiones responsables de revisar las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo –y elaborar los dictámenes al respecto- llevaron a cabo un foro de consulta con la finalidad de escuchar y recibir opiniones por parte de expertos, especialistas e interesados en el tema.

Los senadores de la izquierda criticaron desde un principio la propuesta y desacreditaron por completo el evento, determinando, después de presentarse en un inicio, dejar de asistir. El principal motivo que aludieron para tomar dicha decisión fue que el programa presentado era parcial y sólo incluía, como participantes, a personas que respaldaban el proyecto presidencial.

Al no acudir al foro, o lograr impedir su realización, la izquierda convocó a un evento alterno en el que intervinieron expertos y especialistas contrarios a la reforma energética y que, por supuesto, no estuvieron en la discusión instalada en el Senado. La realidad es que las comisiones unidas fueron muy flexibles en cuanto a la invitación de personas con diferentes perspectivas y que el hecho de que no hubiera participantes opuestos a la propuesta del Ejecutivo fue consecuencia de que éstos no aceptaran la invitación -y no del esquema planteado-.

En cada uno de los eventos mencionados participaron personas con un gran conocimiento sobre los diversos aspectos en materia de energía; sin embargo, debido a las circunstancias explicadas, no se logró que los senadores de los diversos grupos parlamentarios los escucharan y compartieran visiones con ellos en el marco de un mismo espacio de discusión.

El proceso de aprobación de la reforma constitucional en materia energética siguió la misma tónica y se consolidó sin un debate real sobre los aspectos específicos de la propuesta. La izquierda mantuvo una estrategia de descalificación sistemática y de dilación en la discusión y, con la mayoría asegurada, los senadores de los otros partidos hicieron valer su postura logrando aprobar el proyecto presidencial casi en los términos en los que les fue turnado.

Desde el jueves pasado se discuten en el Senado de la República los cuatro dictámenes sobre las diversas iniciativas que le fueron enviadas a dicho órgano para su revisión. Estos abordan una parte fundamental de la regulación a la legislación secundaria que se deriva de la reforma constitucional en materia de hidrocarburos, energía eléctrica y el funcionamiento de Pemex y CFE, entre otras cosas.

Se han realizado extensas jornadas en las que los senadores de la izquierda han rechazado casi cada elemento de la propuesta y los de los partidos que se encuentran a favor la han defendido sin generar o aceptar una sola crítica. El resultado será la aprobación de cada iniciativa en el sentido que decida la mayoría con un nivel de debate lejano a la relevancia del tema.

Sin tratar de emitir aquí un juicio respecto al contenido de la reforma a la legislación secundaria del sector energético (la cual observo como positiva), considero que la estrategia de la descalificación para generar una visión extremista de las opciones de regulación, ha dificultado un debate serio que hubiera permitido aportar a la necesaria transformación de nuestro país.

La apuesta de la izquierda es a la ruina de los resultados que puedan presentarse en la reforma y ante tal posición poco queda de los contrapesos útiles que puedan existir para mejorar un modelo que será aprobado en las condiciones que una democracia permite a la mayoría.