Tal y como comentaba en columnas anteriores, quizá una de las cuestiones más interesantes sobre el planteamiento de la Reforma Electoral estriba en la propuesta para modificar la elección de diputados federales y senadores, donde se pretende transformar el actual sistema que combina el principio de mayoría relativa con la representación proporcional, para migrar a un sistema eminentemente “puro” de representación proporcional en el que primeramente se reduzca de 500 a 300 el número de diputados federales y de 128 a 96 el número de senadores.
Esta reducción pretende que los legisladores federales sean seleccionados a través de listas que cada partido deberá presentar en cada entidad federativa; sin embargo, la iniciativa de reforma no es muy clara sobre el funcionamiento y orden de las listas, ya que sería importante conocer si el propio partido será quien determine el orden de los candidatos en las listas o si la ciudadanía será quien realizará dicho acomodo.
Lo anterior cobra aún mayor relevancia si tomamos en cuenta que prácticamente se elimina la famosa representación proporcional en la que los partidos eran quienes decidían quienes merecían estar en esas listas o de qué manera pagaban ciertos favores o cumplían con ciertas cuotas. En la teoría, la iniciativa tiene un sólido argumento ya que México es uno de los países con mayor número de legisladores per capita, lo que se traduce en un excesivo gasto público y en un sistema legislativo deficiente en el que no existe calidad en los perfiles que nos representan ni mucho menos una profesionalización en la función legislativa.
Por otro lado, la iniciativa pretende de igual manera reducir el número de integrantes en los congresos locales, ayuntamientos y alcaldías; siendo que, se pretende imponer máximos para el número de representantes en los congresos locales. De manera que, el número de representantes no podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades cuya población sea menor a un millón de habitantes, mientras que por cada 500 mil habitantes adicionales se podrá incrementar en un diputado o diputada hasta un máximo de 45 diputados; de manera tal, que, de las 1,113 diputaciones existentes en los congresos locales, se estarían eliminando 459 para quedar 654 diputaciones locales. En cuanto a los ayuntamientos y alcaldías, la iniciativa contempla que deberá de prevalecer el mismo criterio.
Finalmente, uno de los aspectos que personalmente considero más acertados es la introducción del voto electrónico para aprovechar las tecnologías a nuestro alcance y facilitar la participación ciudadana. En los últimos años, algunas entidades como la propia Ciudad de México, Coahuila, el Estado de México y Jalisco, se han preparado con algunos ejercicios primitivos de consulta o inclusive intentos de votación a través de plataformas tecnológicas; sin embargo, el grueso del país se encuentra prácticamente desubicado en relación con estos temas. Razón por la cual la iniciativa deberá de contemplar la inversión y el fortalecimiento de los sistemas tecnológicos para poder asegurar la autentificación, certificación, encriptación y privacidad de la información.
Como podemos deducir, la iniciativa cuenta con algunos aciertos como el ahorro presupuestal y el excesivo gasto público a “partidos parásitos” o la implementación del voto electrónico; sin embargo, gran parte del texto se aleja de las verdaderas necesidades electorales del país, por lo que el texto propuesto resulta ser una ocurrencia o un distractor. Considero muy riesgoso que se pretenda modificar el texto constitucional, pero se dejen espectros amplísimos para que la legislación secundaria sea quien aborde esos temas.
Agradezco el favor de su lectura y les deseo un muy feliz fin de semana.
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