Continuando con el análisis de la Reforma Electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, vale la pena hacer notar que de igual manera la iniciativa plantea transformar por completo a la autoridad electoral. De ahí que se pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los institutos electorales locales (los llamados OPLES), pretendiendo fusionarlos en un nuevo órgano denominado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Para efectos de dicho planteamiento, resultará interesante recordar que apenas hace unos pocos años, el Instituto Nacional Electoral (INE) se denominaba Instituto Federal Electoral (IFE) y parte de dicha transformación pretendió centralizar algunas funciones de los institutos electorales locales. Razón por la cual, queda claro que bajo el texto de la iniciativa pudiera continuarse con una línea argumentativa que pretende combatir una supuesta “duplicidad” de funciones e intentar economizar recursos públicos con la reducción de puestos; sin embargo, esta óptica argumentativa nos permite concluir de igual manera, que frente a una “optimización” también se pierde la posibilidad de respetar las condiciones y características locales de cada región y/o entidad federativa en la que por obvias razones los derechos político-electorales deben de valorarse y ejercitarse acorde a su realidad.
Tras ambas posturas, me atrevería a concluir que lo que busca el presidente con su iniciativa es restar facultades al Instituto Nacional Electoral y debilitarlo; al igual que lo ha realizado con muchas otras instituciones durante estos cuatro años de Gobierno. De manera tal, que el común denominador siga multiplicándose para que el INE sea una entidad débil con recursos humanos insuficientes y, por ende, las condiciones político-electorales de México sean débiles para el fortalecimiento de la democracia.
De igual manera, la iniciativa pretende desaparecer los tribunales electorales de carácter local que fueron creados hace unos pocos años e intentará que una gran mayoría de las atribuciones pasen a formar parte del Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal Electoral. Las modificaciones planteadas no dejan de sorprendernos, siendo que, además se pretende que tanto en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como en los órganos jurisdiccionales electorales, los integrantes sean designados por el voto “sabio” del pueblo mexicano.
Este punto constituye la mayor aberración de la reforma, resulta imposible pensar que el organismo electoral y los órganos jurisdiccionales pretendan formar parte de una representación democrática republicana.
Recordemos que uno de los grandes logros de los organismos constitucionales autónomos y del propio Poder Judicial de la Federación, ha sido lograr a través de los años una especialización basada en los conocimientos y la meritocracia, para dejar atrás esos años en los que imperaba una cultura de cuotas y nepotismo. Pretender legitimar una función eminentemente técnica en una decisión democrática no asegurará jamás independencia ni legitimidad.
Dada la extensión del presente texto, nuevamente daré una pausa y en una próxima edición estaremos comentando los siguientes aspectos de la reforma que plantean eliminar la representación proporcional e imponer límites máximos de legisladores; agradezco el favor de su lectura y les deseo un muy feliz fin de semana.
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