El uso y destino del agua entubada tiene que ser de máximo cuidado, en función de las limitaciones que hay para la recarga y extracción, por lo que es necesario que cada uno de los aguascalentenses se sienta corresponsable de su atención.

En este sentido van los cambios a la Ley de Agua del Estado, que pretende evitar el despilfarro mediante una serie de sanciones que incluye la supervisión al interior de los hogares para comprobar que el equipo que utilizan en el inodoro, regadera y lavabo sea el adecuado.

Está claro que toda medida que vaya a favor del agua potable es bienvenida, siempre y cuando sea lógico lo que se aprueba y con acciones parejas, esto es, que también se introduzca a los organismos operadores del agua de cada municipio, incluida la concesionaria francomexicana, que registran notorias deficiencias en la distribución del líquido al dejar sin servicio por días a colonias o comunidades sin que reciban una multa.

En el caso de la ciudad de Aguascalientes la disculpa es la misma desde hace varias décadas: que la red es “tan antigua” que el 30% del vital elemento se pierde por la tubería obsoleta, lo que tal vez sea verdad, sólo que la concesionaria ha tenido el tiempo suficiente para sustituirla. Está aquí desde hace más de 23 años, por lo que en este lapso debió haberla suplido y no sólo aplicar la política del azadón.

También hay acusaciones del supuesto vandalismo que se registra en contra del cableado eléctrico por lo que hay pozos que dejan de funcionar, cuando la obligación es tener capacidad de respuesta inmediata para que en cuestión de horas se restablezca el servicio.

Con las reformas a la Ley de Aguas del Estado, diputados y diputadas castigan a los usuarios, al imponerles obligaciones que salen de toda proporción. En los once municipios, tanto en centros urbanos como en comunidades rurales, quienes reciban agua entubada deben instalar en sus casas equipo hidráulico apegado a la Norma Oficial Técnica, por lo que no se aceptará que lo hagan con cualquier marca. Los habitantes deberán mantener en buen estado las instalaciones hidráulicas en interiores y exteriores, hasta la toma de la red de agua, esto es, lo que antes era obligación de la autoridad o concesionaria respectiva, de estar al cuidado de la tubería exterior del hogar, ahora los legisladores se lo endilgaron a los usuarios.

Igualmente, las nuevas edificaciones deberán instalar muebles de baño, regaderas, llaves, tuberías y accesorios sanitarios, “que se comercialicen en el estado” y reúnan los requisitos técnicos establecidos por las normas oficiales mexicanas. Al respecto, se mete en un brete a los constructores, que para las obras compran materiales en volumen para tener un ahorro y los cuales utilizan en cualquier parte del país, por lo que hora les exigirían que las facturas sean expedidas por un comercio local, requerimiento que podría imitarse en otras partes con los problemas que esto conllevaría.

Los municipios serán los encargados de vigilar que se cumpla lo dispuesto y al mismo tiempo ellos sancionarán a quienes no se apeguen a la legislación, lo que obligará a que cada ayuntamiento tenga un ejército de inspectores debidamente capacitados, para meterse hasta el retrete de los hogares para comprobar que se cumple con lo que ordenan los legisladores.

EL PRI NO ES MP

Para no dejar lugar a dudas, Lorena Martínez precisó que al Partido Revolucionario Institucional no le corresponde investigar cualquier presunta irregularidad de la pasada administración estatal, es en todo caso el Gobierno del Estado y la Fiscalía quienes pueden hacerlo como parte de sus facultades legales.

De esta manera salió al paso al “buscapiés” que le lanzaron el sábado pasado, durante la conferencia de prensa en que presentó el Movimiento Nacional “Cómo Sí”, que marcó su reaparición en la escena política tras los seis meses que estuvo al frente de la delegación general del Comité Ejecutivo Nacional en Veracruz.

Resaltó que el tricolor no tiene las condiciones jurídicas ni los recursos para llevar a cabo una indagatoria de esa naturaleza, por lo que deben ser las instancias correspondientes quienes lo hagan en caso de haber elementos.

Dijo que de haber comprobación de alguna conducta irregular, el partido no será obstáculo para que se denuncie y castigue, ya que es un organismo que se rige por la ley, pero de manera particular no tiene condiciones para llevar a cabo acciones de esa naturaleza.

A raíz de lo que sucede en otras entidades se ha tratado que en Aguascalientes también se lleven a cabo actos similares, sin embargo no se han encontrado elementos suficientes para configurar un delito que tenga el soporte necesario como para hacer la denuncia respectiva, porque de que se ha “escarbado” aquí y allá, no hay la menor duda, principalmente en las dependencias donde más recursos se utilizaron.

En el Revolucionario Institucional rechazan caer en disputas estériles, que por regla general tienen intereses ocultos, por ello la posición de Lorena Martínez, al razonar que su partido no es una agencia ministerial para ventilar asuntos que le corresponden a la autoridad estatal.

De esta manera impide caer en el canibalismo político y evita que la empujen a los linderos del CEN priista, que haciéndose eco del acoso mediático a que han sido sometidos ex gobernadores de la misma filiación los ha expulsado de sus filas, cuando ni siquiera han sido castigados por los tribunales.

En lo que sí estuvo de acuerdo la ex candidata al gobierno del estado, es de exigir al CEN que a la mayor brevedad designe a un delegado que se encargue de dirigir los trabajos rumbo a las elecciones de 2018, en los que ella pretende ser candidata a senadora. El propósito es que las nominaciones al Senado y la Cámara de diputados surjan de un proceso terso, con la participación de los grupos más representativos y la disposición de que una vez definidas las candidaturas todos se sumen para alcanzar buenos resultados.

Nada fácil lo que plantea LMR, en función que todos los aspirantes pugnarán para que se les tome en cuenta, pero tampoco es difícil de lograr si cada quien pone sobre la mesa sus canicas y en el recuento se sabrá quien tiene más, por lo tanto, antes de que termine el año se sabrá quiénes lograron su objetivo y si los vencidos tienen la altura de miras de integrarse a las campañas.

URGENCIA DE REFLECTORES

Ante la falta de noticias que justifiquen su nombramiento, el presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción, Juan Carlos Soledad Pérez, exigió que se siga investigando cualquier indicio de manejos irregulares que “se hayan podido suscitar en gobiernos pasados”. Meditó que castigarlos “podría ser el ejemplo que desaliente a quienes ahora ejercer autoridad”, por tanto es necesario generar “transparencia y los mecanismos que sancionen de manera contundente a quienes incurran en irresponsabilidad pública”. Afirmó que “pese a señalamientos no hemos visto que se castigue a alguien de tal forma que como sociedad civil y desde todas las trincheras hay que seguir sumando y vigilando, indagando a fondo para que otra vez no se quede en una buena intención este acotamiento de corrupción, que se ha hecho un cáncer que tanto ha dañado a la sociedad”. En ningún momento mencionó cuáles son los “señalamientos” que se han hecho y contra quien, tampoco aportó pruebas que aseguren alguna culpabilidad. Soledad Pérez está igual que aquel gritón de la desaparecida Cancha del Estado, que para darse a ver en las funciones de lucha libre lanzaba su grito clásico “¡Quiero ver sangre!”.