Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) se salió con la suya en el caso del edificio de la antigua sede de la desaparecida PGR, en Paseo de la Reforma 211-213.
El empresario inmobiliario Daniel Araf Hop tiró la toalla y decidió renunciar a la concesión de ese inmueble, otorgada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), ante el asedio de investigaciones que en los últimos meses fue abriendo la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero.
De acuerdo con informes judiciales y del Indaabin, el mes pasado Corporación Inmobiliaria Ejército, propiedad del empresario hotelero Daniel Araf, renunció a la concesión de 32 años para administrar el inmueble y al amparo que había suspendido el procedimiento para revocar la misma.
El edificio regresó al Indaabin y el pasado 3 de marzo su director general Víctor Martínez Bolaños comunicó a la FGR que iniciará “las acciones tendientes a la emisión del Acuerdo Administrativo previsto en el artículo 61” de la Ley General de Bienes Nacionales, para entregarle el inmueble.
Según el oficio DGAPIF/411/2020, Bolaños le pidió a Timoteo Morales García, director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la FGR, entregarle diversa documentación para cubrir el trámite de la entrega.
Le pidió informarle al Indaabin el uso que pretende darle a los inmuebles; el plano topográfico del mismo; la constancia de uso de suelo; y un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que certifique que este edificio no es considerado un monumento histórico o artístico.
“Derivado de la situación estructural que presentan los inmuebles en comento, se requiere acreditar que se cuenta con cartera de inversión para llevar a cabo la rehabilitación de dichos inmuebles”, le notifica el director del instituto al funcionario de la FGR.
El 15 de marzo de 2019 la FGR pidió al Indaabin la devolución de seis inmuebles desalojados en septiembre de 2017, a raíz del temblor, entre ellos el de Paseo de la Reforma.
Después de que el Instituto respondiera que su solicitud era improcedente, la Fiscalía inició una investigación por ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Araf era el principal blanco de una indagatoria que inició la FGR, en marzo del 2019, al aceptar una concesión que la Fiscalía considera ilegal, pues afectaba su patrimonio.
Pero la FGR también judicializó este expediente contra Julio César Guerrero Martín, ex presidente del Indaabin, y Alan Daniel Cruz Porchini, ex director de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal de ese organismo, quienes al igual que el empresario fueron citados a una audiencia de imputación.
Guerrero fue el único que se presentó y el 2 de diciembre pasado un juez federal decidió no vincularle a proceso, al concluir que este caso carecía de elementos para acreditar el delito.
Sin embargo, dos días después de que Guerrero librara el proceso, la FGR inició una investigación contra Araf y los ex funcionarios del Indaabin, por posibles delitos fiscales.