Salvador Rodríguez López

Cuando el entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, José López Portillo, utilizó como lema de campaña “La solución somos todos”, hubo quienes lo modificaron para que fuera “La corrupción somos todos”, lo que generó un escándalo entre las personas buenas, y lo mismo ocurrió con el ex presidente Enrique Peña Nieto, luego de señalar que la corrupción es un problema cultural no sólo de México, sino en gran parte del mundo.
Pese a que nadie acepta haber sido parte de un acto prohibido, sea que haya ofrecido o recibido algo ilícito a cambio de un servicio, en la práctica es algo tan común que no se considera impropio hacerlo, sea para que le agilicen un trámite, que el encargado de levantar una multa se haga de la “vista gorda” o que le consigan un trabajo, hasta el que paga para ser favorecido en una licitación o ser preferido en las compras directas.
Se dice que en Aguascalientes son mínimos los casos de corrupción, por lo que hay un reiterado rechazo cuando alguien afirma lo contrario, sin embargo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se encargó de quitar la venda de los ojos, al citar que esta entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de quejas y denuncias debido al incumplimiento de los servidores públicos.
Como parte de la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, que tuvo lugar el 9 de diciembre, el Inegi indicó que la corrupción puede ser definida como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”.
Es una situación que puede presentarse en mayor o menor escala. En el espacio público involucra a grandes empresas que deliberadamente entregan dinero o regalos a funcionarios públicos para ser favorecidos por decisiones de gobierno, mientras que la corrupción en pequeña cantidad es la que perjudica a la población en general y se presenta cuando los ciudadanos o empresas pagan un soborno por tener acceso a un servicio o bien público.
Los sondeos e investigaciones del Inegi se centran en la corrupción a menor escala al considerarse que es el tipo que la población percibe con mayor frecuencia, observándose que la corrupción es una acción muy extendida en los espacios de ejercicio gubernamental.
Las estadísticas arrojan que en 2017, nueve de cada 10 adultos residentes en áreas urbanas establecieron que la corrupción fue una práctica frecuente entre los empleados del Gobierno Estatal, al buscar obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por el suministro de algún bien o servicio.
Aunque el acontecimiento de hechos de corrupción no es tan alto como la percepción de ésta, la proporción de personas adultas que fueron víctimas de actos de esta naturaleza se ha incrementado en los últimos años, al pasar de 12.1% en 2013 a 14.6% en 2017, quienes reconocieron haber tenido contacto con algún servidor público.
Lo anterior representó que el año pasado la tasa de incidencia de corrupción fuera de 25 mil 541 delitos por cada 100 mil habitantes, y se ubicara incluso más alta que la tasa de incidencia delictiva de robo en la vía pública o el transporte colectivo.
A nivel general en 11 entidades se estimaron índices superiores a la media nacional, encabezando la capital del país la relación donde hubo mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción, con 20.1% y en el lado opuesto están Puebla y Guanajuato, con 10%, que de cualquier manera involucra en mayor o menor proporción a todos los estados con un porcentaje de corrupción.
Aunque duela pero había una gran verdad en los que en 1976 parafrasearon sobre el lema de López Portillo: “La corrupción somos todos”, y que es producto de una insuficiencia cultural, como lo dijera Peña Nieto.

REGLAR LOS “CHOCOS”
Uno de los asuntos que por sexenios ha sido diferido es el de los vehículos de procedencia extranjera que carecen de documentación, o que han sido introducidos al país con un permiso provisional y se quedan, que son conocidos como “chocolates”, mismos que pueden ser regularizados en poco tiempo.
Aunque en Aguascalientes no existe un número de cuántos automóviles y camionetas están en esa condición, se considera que prácticamente en todos los municipios los hay. Basta observar los que circulan con placas de distintas entidades de Estados Unidos para advertir que son numerosos los poseedores, a quienes se tolera la ilegalidad porque son tantos que pretender detenerlos provocaría un conflicto social.
Es un asunto que tiende a crecer cada final de año cuando los paisanos que trabajan o residen en el vecino país del norte regresan a las tradicionales visitas y traen consigo una unidad, que luego dejan para el servicio de sus allegados.
En diversas ocasiones se ha planteado la regularización a nivel estatal o regional como vía de tener control, pero al ser una facultad federal queda en un propósito, aunque los más urgidos para que se lleve a cabo la normalización son las autoridades policíacas y de investigación del delito, porque se han dado casos en que tras un accidente el conductor deja abandonado el vehículo, lo que dificulta las indagatorias.
Asimismo, hay problemas por falta de documentos que acrediten la propiedad, por lo que a la hora de hacerse la venta es a la palabra, lo que por regla general es con desventajas para el vendedor que se ve obligado a reducir el precio, y quien compra sabe que adquiere riesgos.
Para terminar con esos y otros dilemas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados dieron entrada a dos escritos para regularizar los carros ilegales (de ahí el mote de “chocolates, derivación de “chuecos”).
La senadora Sylvana Beltrones Sánchez (PRI) presentó una iniciativa que propone reformar la Ley Aduanera para establecer un Impuesto General de Importación de 1% para internar vehículos extranjeros, además que se ofrezcan facilidades para el trámite con una sola ventanilla para la legalización y crear al Registro Federal de Automóviles Usados Importados para realizar trámites de tránsito y seguros, y destinar el impuesto de importación a un fondo de mejoramiento del transporte público, que sea asignado a los estados de la franja fronteriza en proporción al número de autos inscritos en ese registro.
Por su parte, la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena), plantea eliminar todos los impuestos para la entrada o salida de autos usados, de conformidad con los acuerdos de libre comercio de América del Norte, donde se establece que a partir de marzo de 2019 no se podrá restringir la importación de vehículos usados procedentes de Canadá o Estados Unidos.
Habrá que ver si la actual LXIV Legislatura del Congreso de la Unión da ese paso, que sería de gran beneficio para los poseedores de los “chocos”, porque ya no tendrán temor de ser víctimas de cohecho por permitirles circular en carreteras federales y estatales.

NUBARRONES
Ante la cancelación de las delegaciones federales, que en el caso local la mayoría de sus titulares son militantes del PRI, se presagian meses difíciles para la dirigencia del mismo partido tricolor, al buscar mover las aguas para que en el tira-tira se puedan acomodar. Con declaraciones “tronantes”, por sí o por terceras personas, se harán presentes en la opinión pública para impulsar un cambio de mando. El problema que tienen varios de ellos es que han vivido de la función pública o la representación popular, por lo que difícilmente podrían tener cabida en el sector privado, a menos que con sus ahorros creen alguna empresa que les permita sobrevivir mientras llegan vientos mejores. Aunque los estatutos del instituto político señalan que no puede haber elecciones del comité estatal y en los comités municipales en año electoral, si se presentaran renuncias tienen que designarse interinos y ahí es en donde entrará alguno o varios. El único que no podrá aspirar a algo es Mario Antonio Guevara Palomino, que hace unos meses renunció a su militancia.