Antonio Baranda
Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El caso de la niña Fátima evidencia que no se ha logrado que la sociedad actúe corresponsablemente como un sistema de protección integral para cada menor, señaló la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

En un pronunciamiento, el Sipinna advirtió que el feminicidio de la niña de 7 años, en la Ciudad de México, es una expresión terrible de la brutalidad de la violencia de género y la cultura patriarcal que afecta a los niños del País.

“Y que se traduce cada día en múltiples formas que vulneran su dignidad y su vida hasta el feminicidio”, alertó.

“La cadena de descuidos, la fragilidad del núcleo familiar y del entorno que debía ser de protección para Fátima Cecilia, da cuenta de que no hemos logrado que nuestra sociedad actúe corresponsablemente como un sistema de protección integral para cada niña, para cada niño”.

Desde la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), abundó, todas las autoridades del Estado mexicano, además de la sociedad, las familias y entornos inmediatos, tienen obligaciones para garantizar su protección integral.

El Sipinna, encabezado por Ricardo Bucio, subrayó que dichas obligaciones deben traducirse en acciones concretas para lograr que México sea un país adecuado para cada NNA.

“La Secretaría de Gobernación, a través de la secretaría ejecutiva del Sipinna, ofrece sus más sentidas condolencias a los familiares de Fátima Cecilia y a la sociedad en su conjunto, conmovida por el dolor y afectada por la inseguridad y la violencia que le han arrebatado sus sueños y esperanzas”.

“Los abominables, injustos e incomprensibles feminicidios, incluyendo el que acabó con la vida de Fátima Cecilia, deben ser un parteaguas en las situaciones de violencia familiar, sexual, psicológica, económica, cibernética, o de cualquier forma que hoy viven millones de NNA en México. Es obligación del Estado mexicano, es corresponsabilidad social”.
Enlistan pendientes
El órgano enlistó una serie de acciones necesarias para disminuir y transformar las condiciones que hoy tienen a NNA en situación de vulnerabilidad por violencia, omisión de cuidados o falta de capacidades de intervención.

Entre ellas, fortalecer las comisiones estatales de protección a la infancia y contar con planes locales en la materia que contemplen tareas, responsabilidades e indicadores definidos con claridad.

“Acrecentar la capacidad operativa y especialización para la eficaz intervención, con medidas de protección especial de las procuradurías de protección a NNA existentes en cada estado y en cientos de municipios en el País”, abundó.

También planteó lograr que cada entidad cuente con un centro de justicia para NNA, donde se coordinen las autoridades de protección, defensa de derechos humanos, procuración y administración de justicia.

Asimismo, ampliar la corresponsabilidad de autoridades de seguridad y ordenamiento territorial, dependientes de municipios y alcaldías, sobre el programa entornos escolares seguros de la SEP, e incrementar las acciones para promover una crianza positiva y corresponsable.

“Potenciar los mecanismos de formación de servidoras y servidores públicos en violencias de género y derechos de niñez y adolescencia, con énfasis en la detección de situaciones, y la atención y canalización de casos de violencia u omisión de cuidados hacia NNA”, añadió.

“Dichas acciones, aun cuando ya están en marcha, requieren una mayor voluntad y responsabilidad política y presupuestal de los tres poderes públicos en los distintos órdenes de gobierno, para lo cual hacemos un respetuoso y claro llamado a las autoridades responsables, desde el ámbito de sus competencias”.