César Martínez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco organizaciones civiles que documentan las agresiones contra la prensa en México cuestionaron las investigaciones y declaraciones que las autoridades federales y estatales han realizado en torno al homicidio de periodistas.
Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Comunicación e Información de la mujer (CIMAC), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y PEN Internacional, señalaron que, al vincular esos asesinatos con el crimen organizado, el Estado mexicano pretende evadir sus responsabilidades.
«En las conferencias diarias del Ejecutivo federal (Andrés Manuel López Obrador) se presentan supuestos avances de detenciones en los casos los cuales únicamente vinculan a grupos de delincuencia organizada», precisaron.
«Las declaraciones buscan eximir de responsabilidades al Estado mexicano tanto en la prevención de la violencia y protección de la prensa, como en la labor de investigar e identificar a todas las personas responsables».
Las organizaciones coincidieron que de 11 periodistas asesinados en lo que va de este año, al menos en 8 casos el móvil puede estar vinculado con su ejercicio periodístico.
Y advirtieron que si los perpetradores de los crímenes son de la delincuencia organizada, no debe en automático desvincularse que posiblemente los autores intelectuales sean agentes del Estado.
«Como se ha mostrado en investigaciones académicas y judiciales, en muchas regiones del país, distintas estructuras y agentes del Estado están relacionados de formas diversas con el crimen organizado», recordaron.
«Así, afirmar sin una investigación exhaustiva que estos asesinatos han sido cometidos por el crimen organizado sin algún grado de involucramiento del Estado, contraviene la debida diligencia en la investigación».
También se dijeron preocupadas por las discrepancias que se han mostrado durante las conferencias matutinas del Presidente López Obrador, como el asesinato de Luis Enrique Ramírez, caso sobre el que el pasado 12 de mayo el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que fueron identificados los autores materiales del homicidio, pero, horas más tarde, la Fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, lo desmintió y aclaró que no se deben adelantar posibles resultados hasta no tener certeza.
Las organizaciones también advirtieron sobre la falta de cumplimiento del protocolo homologado para la ivestigación de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, y las filtraciones sobre las investigaciones que se han dado a medios y en redes sociales.
«En el caso de Yesenia Mollinedo y Sheila Yohana García, las organizaciones conminan a la Fiscalía General de Veracruz, a investigar con perspectiva de género, considerado como un elemento transversal en la actuación del personal de la Fiscalía así como en las investigaciones», agregaron.
También pidieron al Presidente López Obrador abstenerse de estigmatizar al gremio periodístico, evitar la desinformación en sus mañaneras, y condenar enérgicamente todo tipo de violencia contra la prensa.

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