Víctor Hugo Granados Zapata

La polémica sobre el regreso presencial sigue dando de qué hablar en Aguascalientes, sobre todo por las declaraciones que ha realizado el secretario general de la Sección Uno del SNTE, el maestro Ramón García Alvizo, donde expresa que el magisterio no va a regresar a las aulas hasta que se hayan vacunado a todas las y los docentes de la entidad (12 mil maestros aproximadamente) y con el semáforo epidemiológico verde. Estas exigencias van de la mano con un acuerdo a nivel nacional del SNTE con la SEP, en el que se compromete a que el magisterio sea vacunado con prioridad, junto con el sector salud, para así regresar al modelo presencial ¿estas exigencias son justas? ¿realmente es necesario que se vacunen todas las y los docentes? ¿dichas exigencias están en función de proteger la salud de las niñas, niños y adolescentes?

La realidad suele ser más compleja y este tipo de declaraciones no suelen tener un sustento o evidencia detrás. En ocasiones anteriores había mencionado el trabajo que realizaron los médicos Zimmerman KO, Akinboyo IC, Brookhart A, et al, llamado Incidence and Secondary Transmission of SARS-CoV-2 Infections in Schools (publicado en la revista de investigación “The American Academy of Pediatrics”); donde implementaron un trabajo de investigación sobre el impacto de un modelo híbrido en la transmisión del virus del COVID-19 en Estados Unidos. Retomando los hallazgos principales, se encontró que después de 9 semanas de modelo híbrido con 90 mil estudiantes, docentes y personal administrativo se identificaron 773 contagios y de estos 32 casos fueron por una reinfección, además no se detectó ningún caso de transmisión del COVID de niños a adultos (Zimmerman KO, Akinboyo IC, Brookhart A; 2020). Lo que nos sugieren dichos datos son dos cosas: la primera, no está comprobado que las y los alumnos de educación primaria o secundaria tengan un nivel de transmisión de COVID-19 alto; y segundo, el porcentaje de contagio del total de personas dentro de esta prueba fue de menos del 1%, con lo que podemos asumir que las escuelas están lejos de ser un foco de contagio.

¿Por qué vuelvo a retomar este análisis? Durante los últimos días se han divulgado ideas erróneas sobre el riesgo, infundado totalmente, sobre las escuelas. Lo más triste es que no sólo son las y los docentes quienes hacen estos señalamientos, sino también los padres de familia, todo con la finalidad de postergar el regreso presencial. Incluso, el propio representante de la Sección 1 del SNTE señaló que “ya hemos tenido un año de clases a distancia, ¿cuál es la prisa de regresar?”, acompañado por muchos comentarios de padres de familia en el que afirman que el regreso presencial es un pretexto para que las familias logren deshacerse de sus hijos ¿qué tan ciertos son estos señalamientos?

En primer lugar, el riesgo que señala el magisterio sobre el regreso presencial es totalmente fuera de lugar dado que las escuelas son posiblemente uno de los lugares más seguros (con las determinadas medidas de higiene correspondientes), por lo que su exigencia basada en la protección de la salud de sus integrantes no tiene comparación con otros servidores públicos. Veámoslo de la siguiente manera ¿cuántos servidores públicos, que no pertenecen al sector salud, solicitaron vacuna para seguir trabajando? ¿Cuántos policías, bomberos, paramédicos, tránsitos, ministerios públicos, etc., han solicitado prioridad en el proceso de vacunación para continuar sus funciones? Absolutamente ninguno.

Segundo, la evidencia nos señala que la transmisión del virus entre niños y adultos es casi nula, por lo que la excusa de que las niñas, niños y adolescentes van a contagiar a toda su familia también es infundada. Tercero, y el que personalmente me preocupa más, el daño que está ocasionando el postergar una y otra vez el regreso presencial es altísimo. El INEGI publicó esta semana la “Encuesta para la Medición del Impacto del COVID-19 en la Educación” (ECOVID-ED), donde señalaron que aproximadamente 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, de los cuales 2.3 millones no lo hicieron por motivos relacionados con la pandemia y 2.9 millones por falta de recursos económicos u otras razones; la cifra de deserción escolar es de 1.8 millones de estudiantes aproximadamente, de los cuales 1.5 millones son de educación pública. Vivimos una crisis educativa demasiado grave y todavía nos falta determinar el daño que ha causado la pandemia en el aprendizaje de las y los alumnos que continúan sus estudios. Les cambio la pregunta, ¿necesitamos más razones para volver a las aulas?

Cuarto y último punto, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, solamente se ha pronunciado sobre el tema de la reapertura como una situación de salud mental, sin referirse a las cifras tan terribles de deserción escolar en el país, solamente nos quedaría la acción estatal en materia educativa, ¿por qué frenar y obstaculizar la nueva estrategia educativa implementada por parte del IEA? Estas acciones por parte del SNTE y los padres de familia están vulnerando los esfuerzos que realiza el estado para garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes (Artículo 3° Constitucional), y al mismo tiempo no contempla el principio del interés superior de la infancia al poner en primer lugar los intereses del gremio docente (4° constitucional).

El magisterio nos ha dado el ejemplo de cómo adaptarnos a entornos complejos y también nos ha demostrado su compromiso por la educación durante estos tiempos de pandemia (algo que todos deberíamos aplaudir y reconocer), pero en esta ocasión las exigencias están totalmente fuera de lugar. Aún estamos a tiempo para que el gremio docente pueda cambiar de parecer, así como también las madres y padres de familia puedan modificar sus posturas sobre el regreso a las aulas. Se tiene que revalorar a la educación y dejar de lado estos pensamientos de indiferencia, por el bienestar futuro de quienes nos necesitan más que nunca.