En la mesa de trabajo que organizó la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez del Congreso, que preside la diputada Paloma Amézquita, para analizar la iniciativa de Ley de Unión Civil de Convivencia del Estado, la mayoría de los participantes la consideran inviable.
La propuesta consiste en un acto jurídico celebrado entre dos personas, mayores de edad, sin importar el género, con capacidad plena de goce y ejercicio, cuyo objeto es otorgarse ayuda mutua y establecer un domicilio común; además se determina que bajo esta figura las personas no podrán adoptar y tendrán que estar unidas por lo menos dos años.
Este contrato puede terminarse por decisión propia, abandono del domicilio de unos de los convivientes por más de tres meses, sin que haya causa justificada, porque alguno de los convivientes contraiga matrimonio o establezca una relación de concubinato, entre otras.
María del Rocío Franco, juez Quinta de lo Familiar del Poder Judicial del Estado, expuso que antes de pensar en la aprobación de un nuevo ordenamiento, se tendría que reformar el Código Civil para que la ley pueda aplicarse; además, establecer la prohibición de adoptar a menores es discriminatoria.
A su vez, María Luz Vera, coordinadora Jurídica del Registro Civil del Estado, se manifestó en contra ya que se busca solamente un contrato bilateral entre dos personas para crear derechos y obligaciones, acción que podría hacerse ante un notario público y no ante el Registro Civil; tampoco se acredita cuál sería el estado civil de las personas porque solamente se refiera a una unión civil, no un estado civil.
Por su parte, el economista Javier Suárez, destacó que el simple hecho de que las partes quieran apoyarse, “no es necesaria la elaboración de un contrato como el que se propone”; observó que establecer un mínimo dos años de duración de la relación, limitar qué sí y qué no pueden hacer las partes que están dentro de esta figura jurídica, además de que no manifiesta un pago de derechos por este concepto en la iniciativa, contrario a lo que sí ocurre cuando dos personas desean unirse por la vía civil.
El especialista en Derecho Constitucional, Marco Antonio Solís Farías, manifestó su acuerdo con este proyecto de ley; dijo que es controvertido, pero a la vez vanguardista. Considera que esta propuesta de nueva figura de unión civil, establece bondades, ya que vendría a suplir disposiciones que no existen hoy en día en el marco legal.
Otros participantes la cuestionaron y calificaron de improcedente.