Productores de maguey y sus derivados suman esfuerzos con otras agrupaciones de cultivos básicos, en busca de detener la posible aprobación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para que el glifosato sea utilizado como herbicida en las diversas plantaciones en territorio nacional, así lo dio a conocer Enrique Bañuelos Rayas, enlace regional del Observatorio Nacional de las Bebidas Destiladas de Agave y la Economía Campesina.
La intención de la Sader para permitir el uso de esa solución con alta concentración de iones es que se pretende matar la yerba que crece alrededor de las plantas, y ahora se quiere incluir en los paquetes tecnológicos dirigidos a los cultivos prioritarios y tradicionales del país como son el maíz, frijol y entre ellos el maguey agave.
El motivo por el cual se niegan a aceptar esta sustancia es porque “el glifosato es un arma de destrucción masiva, que no sólo afecta a la biodiversidad del agua y del suelo, sino también a la salud de las personas”, según se tienen afirmaciones de especialistas en agricultura de Greenpeace.
Además hay estudios científicos internacionales que refieren varias enfermedades que pudieran detonarse al ingerir alimentos contaminados con el glifosato, como son el Alzheimer, autismo, cáncer, celiaquía, depresión, linfoma no Hodgkin, Parkinson, e inclusive, ser generadores de discapacidades humanas de nacimiento y provocar trastornos graves en el embarazo.
Refirió que el glifosato está asociado a daños en la diversidad biológica y a la toxicidad en suelo y agua. En el año 2015 fue clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos, información que reconoce el mismo cuerpo del anteproyecto publicado, pero además, está considerado como un químico altamente peligroso por la Red Internacional de Plaguicidas.
El Observatorio Nacional de las Bebidas Destiladas de Agave, ha lanzado una campaña nacional para obtener mezcal, aguamiel, pulque, fibras y otros derivados, exigiendo a los gobiernos de las entidades donde se tiene conocimiento del anteproyecto de decreto presidencial, para evitar su aprobación por los daños que esto ocasionaría.