La industria de la construcción se vería seriamente afectada si prospera la iniciativa que busca cancelar la entrega de anticipos en la ejecución de obras públicas. Esta propuesta, impulsada por MORENA en el Congreso de la Unión, fue señalada por Arentsen Dávila Ramírez, presidente de la CMIC en la entidad.
Ramírez advirtió que tales medidas tendrían un impacto perjudicial. Explicó que, al ganar una licitación, los empresarios suelen asignar entre el 30% y el 50% del costo total de la obra con sus propios recursos, hasta que se libera el presupuesto público.
El presidente de la CMIC detalló que las empresas constructoras normalmente reciben una primera ministración de alrededor del 30% para iniciar una obra a nivel estatal. Sin embargo, en las obras federales, la liberación de recursos se realiza presentando el avance de la obra.
«Tenemos que financiar las obras del propio Gobierno. Estamos abogando para que esto no ocurra. El presidente nacional de la CMIC está haciendo lo mismo, pero creemos que se puede revocar esta propuesta», enfatizó.
Ramírez lamentó que exista una tendencia por parte del Gobierno Federal a perjudicar al sector de la construcción mediante la promoción de estas iniciativas. Indicó que, si se aprueban, las empresas contratadas para la obra pública tendrían que financiar al Gobierno durante la ejecución de las obras.
Explicó que no todas las empresas tienen los recursos necesarios para asumir proyectos de obra pública. Si esta propuesta avanza, podría darse el caso de que un contratista tenga que cubrir el costo de una obra hasta su finalización para poder recibir el pago correspondiente, lo cual resulta prácticamente imposible.
Finalmente, argumentó que, si se promueve esta reglamentación en las obras públicas federales, podría ser perjudicial si estas políticas se extienden a los procesos de asignación de obras de carácter estatal o municipal.
