Rolando Herrera
Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Gobierno de México rechazó la orden del Gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, para regresar a la frontera a los migrantes indocumentados.

Mediante un posicionamiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores reprochó este ordenamiento que faculta a fuerzas del orden estatales a detener y regresar a migrantes indocumentados a los cruces fronterizos para ser procesados por las autoridades migratorias.

«En los Estados Unidos, la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del Gobierno federal, motivo por el cual nuestro diálogo en esta materia ocurre a ese nivel. Por tanto, esta acción solo se puede entender como parte de las campañas electorales en el estado de Texas.

«El Gobierno de México reitera su compromiso con la protección de los derechos de los mexicanos que se encuentran en el extranjero, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red de consulados en el estado de Texas, estará atenta para responder a cualquier violación de estos por parte de las autoridades estatales», informó la Cancillería mexicana.

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió este jueves una orden ejecutiva autorizando a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública del Estado regresar a la frontera a los migrantes indocumentados.

«Los cárteles se han envalentonado con las políticas de fronteras abiertas de (el Presidente Joe) Biden», dijo el Gobernador republicano en su cuenta de Twitter.

«Texas está tomando acciones sin precedentes para DETENER esta empresa criminal».

Esta mañana, el Gobernador Abbott había anunciado ya que destinará 30 millones de dólares más para su llamada «Operación Estrella Solitaria» (Lone Star), que tiene como objetivo detener migrantes bajo cargos de allanamiento y evitar los cruces de indocumentados en la frontera con México.

La Operación Estrella Solitaria emplea a la Policía estatal y a la Guardia Nacional en labores de seguridad fronteriza, arrestando a migrantes que cruzan por territorio texano bajo cargos de allanamiento de morada -por traspasar ranchos privados, ya que las leyes migratorias sólo puede aplicarlas el Gobierno federal- y delitos menores.